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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El jefe de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Luiz Guimaraes, recomendó a los hondureños que “no desistan en su lucha de pedir el fin de la corrupción en su país”.

Dijo que los actos de corrupción «hay que pararlos» y que “no acepten (a los) corruptos; tienen que cambiar su país, que se pongan la mano en la conciencia a favor de este país que tiene dificultades financieras».

El diplomático señaló que para combatir este mal, se tiene que combatir la burocracia, «ya que desde allí donde se dan las oportunidades de la corrupción».

Agregó que el trabajo de la MACCIH “no es fácil” porque «debe mantenerse dentro de los límites del acuerdo aprobado en 2016» por el Legislativo, lo que significa que “no sustituye a la institucionalidad hondureña”, sino que les ayuda a «perfeccionarla para que sea más fuerte e independiente».

«Puede haber de toda gente, pero también hay mucha gente seria que quiere cambiar su país, entonces la Misión está haciendo este esfuerzo de ayudar a las instituciones hondureñas», dijo Marrey Guimaraes, quien concluirá su período el próximo domingo.

«Cualquier sociedad va a tener una mayoría de gente seria, trabajadora y honesta, pero también va a tener gente que quiere practicar la corrupción y eso depende mucho de la educación de la gente», concluyó Guimarães.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

(Spútnik) La junta directiva de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), cuyo campus fue invadido por fuerzas represivas, reclamó en un comunicado el cese de la violencia policial y el vandalismo estudiantil, y se solidarizó con las víctimas de agresiones físicas y amenazas.

En nota divulgada en sus redes sociales, la casa de altos estudios consideró «inadmisible la incursión de efectivos de seguridad pública al Campus Universitario y que dejó un lamentable saldo de personas heridas, entre ellos varios estudiantes».

«La protección del derecho a la vida debe ser la prioridad del Estado y por eso es fundamental regular, limitar e investigar el uso de la fuerza policial, al tiempo que deben existir protocolos de respuesta ante situaciones de extrema conflictividad», agrega el pronunciamiento de la UNAH.

La institución negó además que la policía consultara a las autoridades universitarias sobre la escalada represiva del pasado 24 de junio, las cuales «hubiesen sido frenadas inmediatamente», agrega el mensaje.

Además de rechazar el uso excesivo y abusivo de la fuerza por parte de la policía, la Junta responsabilizó también a ciertos sectores estudiantiles e intereses políticos partidaristas «que pretenden convertir la UNAH en una extensión del campo de batalla en que pretenden sumir al país».

Francisco Herrera, rector de la UNAH, también condenó las acciones «irresponsables» de la Policía Militar al entrar al campus universitario y disparar contra el estudiantado, y negó que el ingreso fuera autorizado.

«En ningún momento autorizamos el ingreso de las fuerzas de seguridad pública a Ciudad Universitaria. Es algo que no podemos tolerar y vamos a tener que tomar las decisiones radicales ante una situación como esta. Estamos pendientes de los jóvenes que resultaron heridos», divulgó Herrera en su cuenta de la red social Twitter.

​La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los actos violentos en la UNAH, al igual que la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.

La organización Amnistía Internacional criticó la semana pasada al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por utilizar efectivos militares para imponer el orden en esa nación centroamericana, sacudida por protestas antigubernamentales que ya dejaron al menos tres muertos.

Tras reunirse con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, Hernández ordenó el 20 de junio el despliegue de militares para acompañar las acciones de la Policía Nacional, que se había sumado a la huelga iniciada por maestros y médicos, secundada luego por los transportistas de carga.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) denunció la muerte violenta de tres personas, dos de ellas con arma de fuego, cuyo calibre correspondería al arma oficial que utiliza la Policía Militar, así como 29 heridos de gravedad y la detención ilegal de 41 ciudadanos.

Las protestas contra Hernández comenzaron en mayo pasado, en reclamo por la derogación de los decretos ejecutivos PCM-026 y PCM-027, considerados la base para una futura privatización de la educación y la salud pública en Honduras, con una consiguiente ola de despidos.

El Gobierno derogó ambos decretos, pero persisten las protestas que reclaman la renuncia de Hernández, a quien muchos consideran un «usurpador» por el supuesto fraude electoral que propició su reelección presidencial en 2017.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El Departamento de Justicia de EE.UU. reafirmó que hay investigaciones contra el jefe del Ejecutivo nacionalista Juan Orlando Hernández, el secretario de la presidencia Ebal Díaz y la fallecida secretaria de Comunicaciones Hilda Hernández y al secretario de Seguridad Julián Pacheco por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

El asistente del fiscal federal Emil Bove confirmó a través de un escrito de que hay una investigación respecto a los nexos de estas personas con lavado de dinero procedente del envío de toneladas de cocaína a la nación del norte, por lo que se pidio información a las empresas Google, Yahoo y Apple para acceder a los correos electrónicos y determinar el grado de responsabilidad de los imputados.

Según el funcionario, en los correos de Hernández y Díaz habría información sobre la recepción de fuertes sumas de dinero, los que habrían sido lavados a fin de aparentar legitimidad, por lo que son personas de interés para la justicia norteamericana.

Cabe recordar que varios documentos en poder la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) iniciaron hace varios años una exhaustiva investigación contra estos personajes por su posible participación en el narcotráfico a gran escala y blanqueo de capitales.

De acuerdo a la información, los documentos desclasificados por parte de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que incrimina a líderes de los más sanguinarios y temibles cárteles como el de los Cachiros, Valle-Valle, el Negro Lobo, Fabio Lobo y Juan Antonio Tony Hernández -hermano del gobernante hondureño-, en el trasiego de narcóticos.

Los documentos liberados forman parte de las pruebas presentadas por la fiscalía en el caso del exdiputado nacionalista, evidencian la vinculación de las más altas figuras del Estado hondureño con la delincuencia organizada.

Tony es acusado de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos de armas conexos.

El fiscal federal de Manhattan Geoffrey S. Berman señaló que Hernández estuvo implicado en todas las instancias del tráfico de estupefacientes al movilizar toneladas de cocaína que tenían como destino el territorio estadounidense.

En la acusación se argumenta que desde mediados de 2004, varios cárteles de la droga en Honduras y otras naciones trabajaron juntas con el apoyo de algunas conocidas figuras públicas y privadas, incluidos políticos y funcionarios del actual Ejecutivo.