Sunday, Sep 22, 2019
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QUITO, ECUADOR

(Spútnik)  El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, pidió ser recibido en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) para exponer sobre el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, por el que hay ya seis detenidos en este país, entre ellos un familiar cercano a Glas.

«Ratifico mi compromiso de asistir a todos los organismos de control de manera oportuna y transparente para combatir la corrupción», escribió el vicepresidente en su cuenta de la red social Twitter.

Por ello solicitó «ser invitado a la Comisión de Fiscalización (de la Asamblea) para exponer sobre el caso Odebrecht».

La Asamblea Nacional aún no ha contestado el pedido de Glas, que previamente fue citado por la Comisión de Participación, la única controlada por la oposición.

El interés en la versión del vicepresidente se da porque sectores estratégicos (energía, electricidad y petróleo) estaban bajo su supervisión cuando se cometieron los sobornos de la constructora brasileña que, según el Departamento de Estado de EEUU, ascienden a 33,5 millones de dólares en Ecuador.

Datos de la Fiscalía revelaron que el tío de Glas, Ricardo Rivera, habría recibido 13 millones de dólares en sobornos a cambio de facilitar contratos con el Estado valiéndose de su parentesco con el vicepresidente.

Odebrecht es investigada en 12 países por el pago de millonarios sobornos que le permitieron hacerse con contratos de obras públicas que le representaron cerca de 12.000 millones de dólares en beneficios.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

El asesinato de abogados en Honduras suma y sigue. En esta ocasión, fue ejecutado por desconocidos el jurista Rommel Fernando Vivas en un punto de esta ciudad.

Según la información preliminar, los pistoleros bajaron a Vivas del vehículo que se transportaba por el sampedrano barrio Medina para asesinarlo de varios balazos y huyeron de inmediato de la escena del crimen.

Alrededor de ocho casquillos fueron hallados en el sitio donde fue asesinado el abogado y dentro del carro que utilizaba el ahora occiso habían varias maletas, por lo que se supone que viajaría al interior de Honduras.

 

Hasta el momento se desconocen las causas por las que fue asesinado Vivas, quien se dedicaba al ejercicio de la profesión.

Horas atrás, fue asesinada frente a la posta policial de la colonia Villa Vieja de Tegucigalpa la inspectora de Tribunales Sendy Yoselyth Aguilar (30); las autoridades no han dado con los autores materiales e intelectuales del crimen.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Un juez de extradición de primera instancia determinó este día conceder la extradición de dos hondureños solicitados por las autoridades norteamericanas por suponerlos responsables de cometer los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos.

En ese sentido, Jairo Aly Arias Mejía fue solicitado por la Corte del Distrito Norte del estado de Georgia, será juzgado en suelo norteamericano por  “hechos ocurridos posteriormente al 27 de febrero del 2012”, después de estar señalado de conspirar para introducir metanfetamina.

Por tanto Arias Mejía deberá responder a la acusación que de distribuir la sustancia en mención con conocimiento e intensión de que esta sería importada a EEUU en violación al título 21 del Código Penal de dicho país.

De igual manera, la aprobación de extradición fue aprobada para Víctor Lorenzo Flores Pineda, quien es solicitado por la Corte del Distrito Este de Virginia, al estar señalado de cometer dos delitos de narcotráfico y conspiración para participar en el lavado de activos.

Según la información del Poder Judicial de Honduras, el juez de extradición ordena “diferir la entrega de Flores Pineda al Estado requirente “hasta que termine los procesos penales en su contra existentes en Honduras”.

Siempre en el caso de Flores Pineda, el juez aseguró que mientras finaliza el proceso penal, permanecerá recluido en el centro penal de Ilama conocido como “el Pozo”, localizado en el departamento de Santa Bárbara.

]Cabe destacar que Flores Pineda fue encontrado culpable, el pasado mes de mayo, por el Tribunal con jurisdicción nacional por el delito de asociación ilícita en perjuicio de la seguridad nacional y por el delito de conspiración en perjuicio de altos funcionarios y se espera que enfrente una pena potencial de unos 20 años de cárcel antes de partir a EEUU.