Wednesday, Oct 23, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

«El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha sacado todo su arsenal para atacar y no inscribir a la Alianza Opositora».

En esos términos se pronunció el actual parlamentario anticorrupción Virgilio Padilla ante los cuestionamientos hechos a la inscripción de la coalición cuyo plazo se vence este viernes.

En entrevista con Radio Globo el congresista lamentó que la autoridad electoral no quiera reconocer varios de las propuestas de la alianza orientadas a la convocatoria de la asamblea nacional constituyente y denunciar el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

Padilla anunció que en caso que el TSE no inscriba a la Alianza Opositora y su candidato presidencial Salvador Nasralla, saldrán a las calles para reclamar el derecho a participar en las elecciones generales del próximo 26 de noviembre.

“Las protestas son un posibilidad propuesta por la cúpula y nosotros como colaboradores obedientes seguiremos las instrucciones”, prometió.

Según el candidato a diputado por el partido social demócrata, el órgano electoral niega aceptar la  propuesta de la alianza, a no reconocer el golpe de Estado y el derecho de convocar una Asamblea Constituyente.

“Se niegan a creer que la inscripción de JOH es un rompimiento constitucional y que defienden los intereses del bipartidismo (…) ellos quieren que nosotros digamos que la reelección no es un delito, que no es ilegalidad, además quieren que negamos la realidad”.

Señaló que el tribunal,  está amenazando con “desplazarlos” y eso solo se puede combatir “con más amenazas”, por lo que de continuar con esa postura, el pueblo saldrá a las calles.

El TSE pidió a los partidos que integran la coalición (Libre y Pac) que subsanen algunas inconsistencias, entre ellas, la integración de la planilla de diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y la distribución de la deuda política.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Otro recurso de inconstitucionalidad será presentado en los próximos días ante la Sala Constitucional del Poder Judicial a fin que se frenen los abusos en el cobro de atención médica en el Hospital Escuela Universitario (HEU), anunció la coordinadora de Convergencia Ciudadana, Juliette Handal.

La empresaria explicó que esperan que la Sala Constitucional admita el recurso al igual que los otros que en su momento fueron aceptados, a fin que se ordene al HEU que el costo de atención sea gratuito.

Sobre el tema, dijo que “lamentablemente el derecho a la salud gratuita y de calidad se ha violado en nuestro país, y nosotros vamos a seguir presentando recursos, a ver quien se cansa primero, si la Sala de lo Constitucional en resolver un recurso de amparo o Convergencia Ciudadana”.

Aseguró que los cobros que realiza el HEU «son ilegales» luego que la dependencia de la Corte Suprema de Justicia admitiera el primer recurso, no obstante,  criticó que los cobros siguen vigentes, pero no hay fármacos para sanas las dolencias de los pacientes que acuden al centro asistencial.

Handal sostuvo que proseguirá aplicando los recursos que permite la Constitución y las leyes para que los hondureños puedan tener servicios gratuitos y dignos de salud en Honduras.

 

CARACAS, VENEZUELA

(Spútnik) El Contralor General de Venezuela, Manuel Galindo, inició un procedimiento de fiscalización administrativa al Ministerio Público a cargo de la fiscal Luisa Ortega Díaz, con el propósito de «evitar actos de corrupción».

«He decidido acordar practicar una actuación de control fiscal orientada a evaluar los procedimientos administrativos, presupuestados y financieros ejecutados durante los ejercicios económicos financieros comprendidos desde el primero de enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2017, por la Fiscalía General de la República y las distintas áreas y dependencias que la conforman», informó Galindo al canal estatal Venezolana de Televisión.

El contralor detalló además que se han instalado comisiones de la contraloría en la sede administrativa del Ministerio Público y en las fiscalías regionales.

La medida también se aplica a las fundaciones de Servicio Integral de Salud del Ministerio Público y la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, y advirtió que si se detecta alguna irregularidad se habilitarán los procedimientos a los que haya lugar, salvaguardando «el debido respeto a la defensa».

Galindo mencionó que para esta investigación acordó designar a contralores de cada uno de los estados que conforman el territorio nacional, quienes «tendrán las mismas atribuciones del contralor de la República para este caso en específico».

De igual forma, comentó que se inició un procedimiento de fiscalización de la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales, con el objeto de verificar la legalidad y exactitud de sus operaciones.

Ortega, una mujer considerada cercana al fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013) y al proceso revolucionario que este inició, se convirtió en una figura polémica para el oficialismo en los últimos meses.

La fiscal general se pronunciado contra el proceso de Asamblea Nacional Constituyente convocado por el presidente Nicolás Maduro y ha criticado la actuación de los cuerpos de seguridad durante manifestaciones de oposición, alertando sobre violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, desde el Gobierno se ha acusado a Ortega de traicionar el proceso revolucionario y de que sus acciones están relacionadas con el interés de postularse como candidata presidencial.

En cuanto a las faltas cometidas por los cuerpos de seguridad, el presidente Maduro y los funcionarios de su Gobierno, sostienen que se trata de acciones individuales que no representan el actuar los efectivos de la fuerza pública y han asegurado que los responsables será sometidos a la justicia.