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TEGUCIGALPA, HONDURAS

Unos 15 ahogados y 4 muertes por accidentes de tránsito para un total de 19 decesos, son las cifras que los miembros del Comité Nacional de Prevención para Movilizaciones Masivas (Conapremm) reportaron al finalizar el mega feriado religioso conocido como Semana Santa.

Según los números presentados, gracias a los más de 25 mil voluntarios, las cifras en los decesos en comparación al 2017, muestran una “clara” disminución y eso evidencia el compromiso de la población para resguardar la vida.

Los funcionarios detallaron que entre la cifra de personas que murieron por sumersión (15 en total), cuatro son adultos y 11 son menores de edad.

Explicaron que un total de 23 accidentes viales provocaron la muerte de 4 personas y dejaron lesionadas a otras 87.

Lista de muertes por ahogamiento según los medios de comunicación de Honduras son 17:

  1. Daniel Martínez Benítez (3) en Marcala, La Paz
  2. Erwin David Canales Días (6) río Grande, San Antonio de Flores, Choluteca
  3. Ronal Cardona (6) río Tocoa, Colón
  4. Roselyn Elizabeth Parada (9) sector Sol Naciente, Choluteca
  5. Edilson Olivani López Pérez (14) Villa de San Antonio, Comayagua
  6. Kevin Mauricio Cáceres Trejo (14) Teupasenti, El Paraíso
  7. Onis Yandel Ordóñez Hernández (16) Morolica, Choluteca
  8. Jester Paz Sánchez (17) Virginia, Lempira
  9. Jonathan Antonio Escobar Robles (17) río Humuya, El Progreso, Yoro
  10. Danilo Tejeda (20) Santa Rosa de Copán, Copán
  11. Jesús Cruz Ramírez (21) La Unión, Copán
  12. David Mejía Abrego (28), Omoa, Cortés
  13. Junior David Mejía Raudales (32) Guinope, El Paraíso
  14. Esteban Vázquez Lorenzo (33) río Cañitas, La Paz
  15. Carlos Manuel Medina Palma (35) en El Paraíso
  16. Gustavo Adolfo Maradiaga (38) en Choluteca
  17. Marco Antonio Pérez Aguilar (64) Tela, Atlántida

Mientras que el conteo de  muertes en carreteras fue de seis

  1. Dany Francisco Torres (4) Gracias, Lempira
  2. José Noé Reyes (54) San Antonio del Norte, La Paz
  3. Santos Alemán López (66), San Francisco de la Paz, Olancho
  4. José Ángel Iraeta (30) Trujillo, Colón
  5. José Ángel Reyes Iraheta (25) Trujillo, Colón
  6. Willian Fernando Maradiaga en Comayagua

Entre otros datos expuestos por los integrantes del comité, destacaron el rescate de 169 personas que iban a morir ahogadas, el decomiso de más de 11 mil libras de alimentos, 6 mil 492 pruebas de alcoholemia y mil 527 licencias de conducir decomisadas.

Más allá de lo expuesto, los burócratas compararon que en las naciones de Semana Santa en el 2014 murieron según ellos 37 personas, en el 2015  36, en el 2016 otras 43 y en el 2017 un total de 28.

Por su parte, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), reportó 55 homicidios y la detención de 235 personas por la comisión de distintos delitos, entre ellos violencia doméstica, portación ilegal de armas, tráfico de drogas entre otros.

De igual manera a como integrantes de Conapremm, presumieron que gracias a más de 6 mil “operaciones preventivas” se logró una disminución de 6 muertes violentas menos en comparación al 2017 donde murieron 61 personas.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Los casos de corrupción en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) han involucrado tanto a su director José Luis Andino como a la funcionaria María Eugenia Mourra, que los ha llevado a enfrentarse entre sí para evitar ser sujetos de persecución penal y se han procurado aplicar zancadillas a fin de salvarse de futuras acusaciones.

En el caso de Andino, denunció a Mourra ante el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) por la contratación irregular de combustible para la empresa productora de ocra Cuasa, a través de la compañía Distribuidora de Petróleo y Lubricantes (Dipelsa) en calidad de «intermediario» ya que se registró una pérdida de 629 mil lempiras en las entregas de combustible certificadas entre diciembre de 2016 y marzo de 2018.

El director de la OABI insistió ante la oficina anticorrupción para que se abrieran líneas de investigación respecto a la contratación del intermediario para proveer diésel a Cuasa, a fin de buscar algún beneficio para no ser indagado por haber emitido unos 15 cheques que firmó de manera ilegal a beneficio de las empresas de fachada AMC y Proc Cámara, pertenecientes a Mourra por un monto de un millón 072 mil 600 lempiras.

Las fuentes con las que dialogó este periódico revelaron que Dipelsa y una distribuidora identificada como Petrolubsa entraron en confabulación con Mourra y el gerente interino de Cuasa, Alex Oliva, para hacer negocios a costa de la compañía bajo dominio de la OABI, al quedarse con alrededor de seis lempiras por cada galón de diésel que fue vendido por la multinacional Puma.

De hecho, un correo enviado desde la cuenta de correo de Petrolubsa a Alex Oliva y Marlon Alexis Maradiaga, confirma la conexión; «¿cómo ves esta respuesta para Cuasa?», reza la parte toral del correo que tiene en sus manos ConfidencialHN. «La respuesta a esa comunicación es que depende de ellos que se sigan beneficiando», explicó una fuente conocedora del tema.

En síntesis, la relación comercial que tuvo en su momento la productora de ocra con Puma Energy fue trastocada por María Eugenia Mourra para beneficio personal de sus cuadros de confianza, provocando cuantiosas pérdidas que no han podido ser explicadas por los responsables de la oficina adscrita a la Presidencia.

Este periódico pudo comprobar que la administración superior de Cuasa cobró al funcionario alrededor de 36 mil dólares por la salida de cuatro cheques con un valor de cuatro mil 325 y siete mil 618 dólares cada uno y dos que fueron emitidos por un monto de 25 mil dólares.

No obstante, Andino nunca dio una explicación de cómo libró tales cheques para las dos compañías propiedad de Mourra; algunas fuentes que merecen total confianza aseguraron que el silencio ha primado en la dirección de la OABI respecto a la fuerte suma de dinero que está reclamando la productora de ocra. A pesar del cuestionamiento, Andino ha dicho que fue «engañado» sobre los cheques que fueron girados por él.

Un lote de correos que se cruzaron tanto el titular de la oficina de bienes incautados como miembros de Cuasa, se pueden apreciar los fuertes reclamos hacia el funcionario. «Abogado Andino. Aún estamos a la espera que devuelvan el dinero que Allan Murillo cobró indebidamente. Reitero por este medio la mentira de Mónica Varela al decir que AMC era una empresa auditora. Fue un abuso y ese dinero de más de 37 mil dólares tiene que ser devuelto a la empresa para que siga funcionando correctamente», señala el correo enviado a Andino en fecha reciente.

La investigación efectuada por ConfidencialHN revela que, en efecto, uno de los beneficiarios fue Murillo, responsable de administrar las fincas controladas por la OABI y recibió una «comisión» por los fondos pertenecientes a Cuasa; tras haber recibido el cheque desapareció y su paradero es ignorado al igual que los 12 mil 500 dólares.

Respecto a al creación de AMC, se establece que una de las asistentes de Mourra, identificada como Mónica Varela, quien labora en la OABI, envió un correo en el cual se notifica del pago de un segundo cheque, con código 322, pagado el 11 de abril pasado «por 12,500 dólares que fue pagado a la sociedad AMC el 7 de abril de 2017 ya que dicha compañía fue contratada por OABI-Cuasa para realizar labores de auditoría en la empresa Cuasa».

De hecho, Varela recibió pagos de parte de Cuasa, cuyos montos oscilan entre los 12 mil y 13 mil 125 lempiras quincenales «por servicios profesionales prestados por Mónica Lizeth Varela Irías, a razón de 15 mil menos la deducción del 12.5% de Impuesto (Sobre la Renta)».  La asistente de Mourra cobró los cheques 690, 1089 y 560 que fueron emitidos por Cuasa en los días 27 de febrero, 16 de marzo y 28 de abril de 2017, de acuerdo a las conciliaciones bancarias a las que accedió este periódico.

«Espero su respuesta. Usted nos pidió informes de eso y aún no le han contestado a su petición y mucho menos devuelto el dinero. Contablemente, no hay justificación alguna para cargar ese dinero. Por favor espero respuesta. El dinero tiene que ser devuelto», es la dura respuesta de los directivos de Cuasa.

El dinero fue sustraído de forma ilegal de la firma agrícola, sin seguir los controles administrativos para la justificación de los gastos incurridos y tres días antes de la emisión de cheques fue creada la auditora Agricultura, Mercadeo y Comercialización (AMC) por Mourra; recibió a cambio de la constitución de la sociedad alrededor de 12 mil 500 dólares, de acuerdo al cheque 327, emitido el 9 de mayo del año anterior.

Para eludir cualquier señalamiento en su contra, la sindicada en la trama tuvo que incurrir en soberbía y altanería. Un correo enviado por Mourra, hace un fuerte regaño, pues aseguró que «no tengo que dar explicaciones a los empleados de la empresa sobre situaciones administrativas; el hecho que no nos dejen administrar e interfieran directamente en los puestos clave de la empresa y no podamos tomar control como debe ser. No significa que tengo que pedir permiso…».

Los miembros que dirigen la OABI también incurrieron en otras irregularidades en cuanto a la administración de Cuasa. Otro de los correos hace un fuerte reclamo a la institución sobre un pago hecho a una compañía aseguradora sin el respectivo soporte financiero.

«Abogado Andino, qué pasa con su institución que se toman la atribución de hacer la erogación de dinero solo porque contactan a Mourra y este personaje corre a pagar dinero que no es de (ustedes). Siento que se toman atribuciones que no corresponden como pagar cosas sin el análisis o la retroalimentación adecuada de los casos», explica el correo.

El remitente, mantenido en el anonimato, advirtió a Andino que «esto les va a repercutir y usted se está volviendo al responsable de esto porque su equipo se toma atribuciones sin retroalimentación…espero vayan estampando su firma en cada trámite que hagan, eso ustedes ya lo saben. Servirá para deducir responsabilidades».

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La campaña de seguridad para la recién pasada Semana Santa promovida  por el mismo presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, no dio resultados con el asesinato de la estudiante de medicina Silvia Vanessa Izaguirre, ocurrido el jueves anterior dentro de una unidad de transporte que se dirigía desde Trujillo hasta Tegucigalpa.

Hernández, quien prometió en los días previos al feriado mayor seguridad para los veraneantes y los que se quedaban en las ciudades, pero falló en el intento porque, en un recuento hecho por este periódico, alrededor de 50 personas murieron de forma violenta, entre ellos, médicos, policías activos y retirados y varias que pasarán a formar parte de la estadística oficial.

Al cierre del periodo de Semana Santa, la mayoría de los muertos fueron ninguneados por los medios tradicionales y se hizo énfasis en el crimen de la estudiante de medicina, ocurrido en atroces circunstancias, siendo aprovechado por el titular del Ejecutivo nacionalista para asegurar -de forma muy tardía- que el hecho violento «no quedará impune».

De pronto, se activó el sistema policíaco, se arrestaron a los supuestos autores materiales de haberle quitado la vida a Izaguirre y hubo una cobertura mediática a los dichos del mandatario, la captura de los sospechosos y el velorio y entierro de la malograda hondureña de 26 años, quien se aprestaba a graduarse como doctora en medicina y cirugía por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

En cambio, los restantes 49 muertos, incluyendo dos doctoras ultimadas en el interior del país, pasaron desapercibidos para los medios y el mismo presidente.  Hernández, en cambio, insistió: “Eso nos ha impactado mucho, pero como siempre lo hemos dicho, no vamos a permitir que hechos como este o cualquier otro queden impunes”.

Sostuvo que “la seguridad es algo fundamental en la vida de cualquier nación, máxime en el caso de Honduras, que hemos vivido una tragedia en los últimos diez años, quizás más”. No obstante, su estrategia para frenar los homicidios durante una época considerada por los cristianos como de «recogimiento espiritual».

Los crímenes reportados por la Policía Nacional -y pasados por alto por JOH- van desde el robo de memorias USB hasta asesinatos «al azar», como el suscitado en la aldea Pajonal, en Comayagua, donde dos jóvenes se encontraban platicando en una acera y fueron interceptados por sujetos desconocidos quienes procedieron a acribillar ambas víctimas y murieron en el acto.

Estos muertos, por ejemplo, fueron ignorados por la Secretaría de Salud y Colegio Médico de Honduras, quienes se pronunciaron por la muerte de la malograda estudiante de medicina, por tanto, los jóvenes Óscar Eduardo Hernández y Samuel Mejía Mencía, quienes llegaron de visita a la aldea, pasarán al olvido.

El gobernante también ignoró el asesinato de la doctora en química y farmacia Hilda Godoy (53), ocurrido en Tela, cuando la ahora occisa se encontraba afuera de una farmacia y fue ultimada por varios criminales quienes se dieron a la fuga tras haber consumado el aberrante acto.

La Policía no ha presentado hasta el momento a los supuestos responsables del homicidio, tal como ocurrió con quienes le quitaron la vida a Izaguirre; fueron capturados en tiempo récord, puestos a la disposición de los tribunales y enviados a la cárcel mientras se celebra la audiencia inicial, la cual será el próximo 4 de abril en los juzgados de Trujillo.

También fracasó la monumental campaña publicitaria y la parafernalia promovida por el gobierno de Hernández. De hecho, se instaló una campaña publicitaria para invitar a los connacionales a visitar los destinos turísticos nacionales.

El presidente aseguró que se movilizaron tres millones 527 mil 198 personas y dejaron un «derrame» económico de siete mil 700 millones de lempiras.

En promedio, cada persona «gastó» alrededor de dos mil 183 lempiras durante las vacaciones veraniegas, pero la estimación podría ser mentirosa porque durante la temporada se dispararon los costos de los hoteles, alimentación, vestuario, transporte, gasto de combustible, mantenimiento y reparación de automóviles, entre otros y sólo una familia de considerables recursos podría echar mano de sus ahorros o el sueldo mensual para irse a divagar.

El resto, en cambio, mejor prefirieron quedarse en las ciudades para reponer fuerzas para la semana que acaba de comenzar al considerar los gastos en que incurrirían y la decisión tomada les ayudará a afrontar los gastos cotidianos.

Además, no todas las personas que salieron a los balnearios, playas, sitios de entretenimiento o lugares de origen tenían dinero para sufragar gastos o, al menos, son empleados.

Todos estos factores fueron desmontados y, en consecuencia, se volvió un rotundo fracaso. Para mover tal cantidad de viajeros, tuvieron que configurarse las condiciones objetivas (capacidad económica del viajero y medios para transportarse) y subjetivas (voluntad del ciudadano de ir a veranear o quedarse en casa), por lo que en un cálculo se explica que para mover 3.7 millones de personas se ocuparían unos 750 mil vehículos con capacidad para cinco pasajeros y unos 43 mil 750 autobuses con capacidad para 80 personas. En este caso, el máximo permitido en las unidades grandes es de 52 pasajeros y 31 en microbuses.

Para que esa movilización pudiera concretarse, deberían existir carreteras de tres mil 290 kilómetros, pero la más extensa es la ruta CA13 que une San Pedro Sula con Trujillo que mide 364 kilómetros, por lo que habrían congestionamientos que deberían durar varios días.

Es de precisar que la red vial hondureña es de 14 mil 346 kilómetros y apenas hay tres mil 220 pavimentados y los restantes 11 mil 126 son de tierra.

Es decir que el gran perdedor en esta oportunidad fue el gobierno por inflar estadísticas y pasar por alto la crisis económica que vive la población y que se acrecentó con la pasada contienda electoral.

El Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh) ha venido alertando la profundización de la crisis económica que vive la ciudadanía a través de medidas de corte neoliberal, que dispararon la pobreza y la huida de talento humanos hacia otros países, en particular, a EE.UU.