Saturday, Dec 7, 2019
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LIMA, PERÚ

(Spútnik) El juez Richard Concepción Carhuancho ha dictado prisión preventiva de 18 meses para el expresidente de Perú Ollanta Humala y su mujer Nadine Heredia.

Ollanta Humala y Nadine Heredia son investigados por las donaciones al Partido Nacionalista Peruano durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011. La Fiscalía asegura que recibieron fondos ilícitos provenientes del Gobierno de Venezuela y de las constructoras OAS y Odebrecht.

Este 11 de julio, la Fiscalía de Perú pidió 18 meses de prisión preventiva por presunto lavado de activos. El juez Concepción Carhuancho justificó su decisión final por el «peligro procesal» y un «alto grado de probabilidad de que Humala pueda comprar testigos».

Además, añadió que existe un evidente riesgo de fuga por parte de Nadine Heredia, entre otras cosas por su colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), informa La Republica.

La Policía ya se ha personado en el domicilio de los dos acusados.

Humala y Heredia abandonaron su domicilio en un vehículo custodiados por la policía y se dirigieron a la Sala Penal Nacional. Nadine Heredia reivindicó en un mensaje en su cuenta de Twitter la presunción de inocencia y afirmó que no se habían presentado pruebas en su contra.

​Humala, exmilitar de profesión, fue presidente del país suramericano entre 2011 y 2016. Es el segundo presidente en la historia de Perú que es condenado a prisión.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La coalición de observación electoral N26 alertó este jueves que «no ve señales» sobre las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público de Honduras contra varias empresas que colaboraron con la transmisión de resultados durante las elecciones generales de 2013.

A través de un comunicado, la oenegé aseguró que ha pasado un mes desde que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó ante el organismo acusador «sobre las irregularidades en el proceso de contratación que efectuó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de varios proveedores que fueron responsables de la transmisión de los resultados electorales entre 2009 y 2013».

Al respecto, precisa el comunicado «las empresas señaladas por el CNA en este caso son MapaSoluciones; Instalaciones Eléctricas; Redes de Datos y Telefonía, S. de R.L. (Intelred), Empresa Geotech y Corporación Majo S.A. de C.V., todas ellas relacionadas entre sí y con vicios de ilegalidad en su conformación constitutiva».

Aunque la denuncia debió ser motivo de «profunda preocupación y de una respuesta inmediata por la desconfianza que ha generado sobre la legitimidad del presente proceso electoral», ahonda la carta, «prácticamente no hay señales que indiquen que el caso haya sido tomado en serio y esté siendo investigado por los operadores de la justicia».

La coalición aseguró que se debe garantizar la «transparencia y confianza de la transmisión de resultados del próximo proceso electoral que se celebrará en noviembre próximo, pasa por tomar medidas que generen confianza en el electorado hondureño y garanticen que el día de las elecciones se efectuará una transmisión de resultados fiable y fluida, respetando la voluntad popular en las urnas».

A partir de las evidencias aportadas por el CNA, explica la misiva, se pide al Ministerio Público que acelere a la brevedad las investigaciones «para ofrecer una respuesta pronta y oportuna, porque de estos resultados dependerá en gran medida, el incremento de la confianza ciudadana en la institucionalidad electoral del Estado».

Asimismo, mandaron a pedir a la Misión Anticorrupción de la OEA para Honduras (MACCIH) que dé acompañamiento a la investigación que realice el operador de justicia, a fin de darle prioridad para «llegar a revelar la verdad en el corto plazo».

Al cierre del pronunciamiento, la coalición 26N advirtió que «de no tomarse las medidas a tiempo, este caso puede generar graves dudas sobre los resultados electorales, afectando no solo los derechos de la ciudadanía, sino además la gobernanza de quién resulte ganador en este proceso electoral».

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El julietismo reiteró hoy que los casos que llevan los tribunales de justicia contra los estudiantes universitarios “seguirán su curso” y justificó la irrupción de la policía dentro de la máxima casa de estudios asegurando que fue la consecuencia de seguirle el juego a los que desean nuevas autoridades.

Las declaraciones surgieron durante una reunión de consenso para analizar la problemática en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)  donde participaron varios dirigentes civiles donde mostraron no “revertir el proceso de reforma” y se pronunciaban en contra de la intervención de la máxima casa de estudios.

“Ya es de público conocimiento los casos que están en los tribunales, entiendo que la próxima audiencia es el 23 de julio, valoramos que los estudiantes y organismos están haciendo acciones de provocación para que en el campus se den incidentes de violencia con consecuencias para la UNAH y el Estado”.

Según la licenciada, en su momento se valoró no responder a la provocación orquestada por el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), pero cuando grupos externos a la universidad se prestan para protestar, se debe actuar notificado a las autoridades competentes.

“Diariamente hacemos las lecturas del comportamiento de los que están llegando al campus, ya tenemos identificados a otros sectores que llegan en la madrugada a dejar alimentos a los que están en la huelga de hambre”, denunció.