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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Un juez de extradición programó para el próximo 26 de junio la audiencia de proposición de pruebas contra el hondureño Noé Montes Bobadilla, pedido por EE.UU. para juzgarlo por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Se tiene previsto que en la audiencia se pueda evacuar las pruebas que incriminan al extraditable, a fin que el juez de primera instancia pueda determinar si Montes Bobadilla será entregado a la justicia norteamericana.

Por ahora, el sospechoso será confinado en el penal de ultra alta seguridad de Morocelí, donde permanecerá hasta la fecha que se realice la audiencia.

El supuesto narcotraficante fue capturado ayer en un punto del caribeño departamento de Colón y fue trasladado por vía aérea hacia la capital para ser sometido ante un juez.

En la actualidad, EE.UU. pide la extradición de unas 15 personas por haber conspirado para introducir drogas a ese país, reveló hoy el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Los estudiantes Cesario Alejandro Padilla Figueroa, Moisés David Cáceres, y Sergio Luis Ulloa Rivera fueron condenados el pasado 7 de junio por el delito de usurpación, debido a que lideraron una protesta estudiantil en oposición a la modificación de algunas normas académicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en 2015.

En 2016, diversos movimientos estudiantiles realizaron de nuevo protestas ante la falta de canales de diálogo institucionales. En este contexto, de acuerdo con el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos (OACNUDH), correspondiente al mismo año, las autoridades universitarias denunciaron penalmente a 103 estudiantes.

No obstante, este último conflicto terminó con un acuerdo entre los sectores involucrados, el cual incluía el retiro de todas las denuncias penales en contra de los y las estudiantes, sin embargo, la condena recién ocurrida demuestra que el acuerdo no se cumplió en su totalidad.

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación por la criminalización de la protesta social en Honduras, violatoria de los derechos a la libertad de expresión y reunión, y del derecho a defender derechos humanos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que es “inadmisible la penalización per se de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión”. Para la Relatoría “la penalización podría generar en estos casos un efecto amedrentador sobre una forma de expresión participativa de los sectores de la sociedad que no pueden acceder a otros canales de denuncia o petición”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación sobre la existencia de disposiciones penales que convierten en actos criminales la simple participación en una protesta. La Corte Interamericana, por su parte, ha señalado que “en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que las sanciones penales se adopten con estricto apego a su derecho básico y previo una cuidadosa verificación de la existencia de la conducta ilícita”.

Honduras está realizando un uso indebido del derecho penal para intimidar el ejercicio del derecho a manifestarse. Exhortamos a las autoridades a cesar prácticas de criminalización y a abrir los canales de diálogo que permitan discutir las diferentes posiciones para poder llegar de esata manera a acuerdos que tengan como base el respeto y garantía de los derechos humanos.

Finalmente, respaldamos los esfuerzos que viene haciendo la OACNUDH en Honduras para fortalecer la institucionalidad y la garantía de los derechos humanos, y nos sumamos a su llamado para que en el conflicto estudiantil prevalezca el diálogo, la buena fe y se realicen todas las acciones necesarias para garantizar el derecho humano a la educación.

ASUNCIÓN, PARAGUAY

(Deutsche Welle) En una sesión llena de incidentes, el exmandatario fue elegido para estar al frente del Poder Legislativo hasta el 30 de junio de 2018. El oficialismo lo respaldó.

Otra vez una polémica del Parlamento paraguayo hace noticia. Este jueves (15.06.2017) los senadores eligieron al expresidente Fernando Lugo para que dirija el Senado, pese a que la oposición se había retirado de la sala y el presidente saliente, Roberto Acevedo, había dado por cerrada la sesión. Fue entonces cuando el vicepresidente segundo del Senado, Carlos Filizolla, asumió el mando ocasional.

Pasando por encima del vicepresidente primero, Eduardo Petta, Filizolla abrió una sesión extraordinaria, en la que 24 de los 45 parlamentarios votaron por Fernando Lugo, entre ellos miembros del gobernante Partido Colorado (centroderecha) y congresistas de otros partidos menores.

La votación se realizó tras registrarse fuertes incidentes y agresiones verbales entre los legisladores, lo que gatilló la salida de 20 parlamentarios y el cierre de la sesión que luego fue reabierta por Filizolla.

Lugo, que es senador por el Frente Guasú (izquierdista), presidirá el Congreso y la Cámara Alta durante el período que comenzará el próximo 1 de julio y concluirá el 30 de junio de 2018, en sustitución del senador liberal Roberto Acevedo, que finaliza su mandato.

Petta, del opositor Partido Encuentro Nacional (PEN), de centro, denunció que la sesión en la que se eligió a Lugo es «totalmente ilegal», aunque no precisó si su partido impulsará alguna medida para intentar revocar lo resuelto.

ENEMIGOS, AHORA ALIADOS. Algunos parlamentarios compararon esta sesión con la que se produjo el pasado 31 de marzo en el Senado, cuando 25 senadores aprobaron, en ausencia de los restantes congresistas, una enmienda constitucional para la reelección presidencial.

Esta medida, que desencadenó violentas protestas en el centro de Asunción y el incendio de parte de las instalaciones del Congreso, fue defendida tanto por el Frente Guasú, que buscaba que Lugo fuera candidato en las elecciones de 2018, como por el sector oficialista.

Lugo fue presidente de Paraguay desde agosto de 2008 a junio de 2012, cuando fue destituido mediante un controvertido juicio político impulsado por el Partido Colorado, entonces opositor, y los liberales del PLRA. Lo que precipitó su caída fue la llamada «Masacre de Curuguaty», que enfrentó a policías y campesinos sin tierra en un predio rural con el saldo de 17 muertos. Dicho proceso fue calificado de irregular por Unasur y Mercosur.