Wednesday, Oct 23, 2019
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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Guilty (culpable), así fue el veredicto unánime de un tribunal federal de Nueva York contra el exjefe narco Juan Antonio Tony Hernández, quien afrontó un juicio por cuatro delitos relacionados con el tráfico de drogas, uso de armas y mentir a agentes de la DEA, por lo que está a las puertas de una pena que oscila entre 40 años y prisión de por vida.

En un documento que obtuvo este periódico se indica que en la primera acusación relacionada con la conspiración para introducir narcóticos a EE.UU., el veredicto que leyó el juez Kevin Castel fue culpable.

Según el jurado, el gobierno norteamericano demostró «más allá de toda duda razonable que la conspiración  formulada en la primera acusación involucró mezclas (fabricación) de sustancias que contienen una cantidad detectable de cocaína» y que probó que el sentenciado incurrió en la conspiración para introducir cinco o más kilogramos para introducir estupefacientes a EE.UU.

De igual manera, se dio el mismo resultado que emitieron los 12 miembros del jurado para los cargos dos, tres y cuatro, relacionado con la conspiración para usar armas en el trasiego de drogas, uso de arsenal y mentir a agentes federales, por lo que la suerte de Tony fue echada durante las deliberaciones del jurado.

De esta manera, el excapo está a las puertas de purgar una larga pena de cárcel; en caso de que el juez Castel fuese benevolente, le impondría una condena mínima de 40 años, sin embargo, por la contundencia de las pruebas y los testimonios de los colaboradores implicarían cadena perpetua.

La sentencia también implica otro golpe al debilitado régimen nacionalista ya que habría prestado la arquitectura institucional para permitir que Tony trasegara drogas por más de una década y que contó con la colaboración de líderes políticos, agentes de las fuerzas de seguridad y defensa, entre otros, según alegaron los fiscales federales durante los debates que duraron alrededor de 11 días.

Familiares de Hernández anunciaron que apelarán la decisión ante un tribunal federal de apelaciones de Nueva York y confiaron en que podrán revertir el fallo aunque hay pocas posibilidades por las evidencias aportadas por los acusadores.

La lectura de la sentencia se realizará el 17 de enero de 2020, indicó el juez Castel luego que emitiera el veredicto.

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El Legislativo hondureño decidió hoy convocar a sesiones de trabajo a los 128 congresistas en las distintas comisiones de trabajo a partir del próximo martes, según un boletín difundido por la secretaría de ese poder público.

Los horarios para las reuniones de los legisladores será de 2:00 a 6:30 de la tarde de este martes y de 9:00 de la mañana a 6:30 de la tarde del miércoles, según se hace constar en el comunicado.

El Congreso notificó la semana anterior que se suspenderían las reuniones a fin de que las comisiones pudieran sacar adelante varios proyectos de ley que se encuentran archivadas.

En tanto, se informará en su momento cuándo regresarán a las sesiones, pues no hy una fecha específica para que se reanuden las mismas.

El aviso ocurre luego de que se prolongara el periodo hasta el 24 de enero de 2020, cuando finaliza la segunda legislatura y se inaugura el tercer periodo de sesiones.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

(Spútnik) El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que está dispuesto a comparecer ante el Senado para explicar las decisiones tomadas en el operativo fallido para detener al hijo del narcotraficante fundador del Cartel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en Culiacán, que dejaron ocho muertos y 16 heridos.

«Puedo comparecer ante la autoridad competente para exponer mis razones, de por qué [dijimos] no a la violencia», dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

Senadores del opositor Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha), presentaron una denuncia oficial en contra del titular del poder Ejecutivo por la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, de 28 años, uno de los herederos de la organización criminal, a quien habían detenido en una residencia con fines de extradición a EEUU.

López Obrador les reprochó que «son partidarios del uso de la fuerza, con esa estrategia convirtieron al país en un cementerio».

«En todos los casos se tiene que castigar, si se tiene que detener a presuntos delincuentes; pero lo más importante es cuidar la vida de las personas», en esa ciudad donde viven alrededor de un millón de personas, argumentó.

Tras ataques sincronizados contra instalaciones militares y judiciales, bloqueos de arterias de la capital de Sinaloa, y la fuga de 49 presos de una prisión, las autoridades federales y militares decidieron retirarse, liberar al hijo del capo que purga una sentencia de cadena perpetua en EEUU, y admitir que la operación ejecutada por 35 militares fue «precipitada y mal planeada».

«Lo del jueves [el 17 de octubre] por la tarde demostró que hay un cambio verdadero y vamos a fundamentar por qué se actúa de esta forma, estoy dispuesto a comparecer», subrayó el gobernante.

La controvertida decisión fue tomada para «evitar la confrontación, evitar que se siguiera llevando a cabo la violencia del jueves [17 de octubre] por la tarde, el propósito de parar esta acción fue salvar la vida, evitar una masacre», sostuvo el jefe de Estado.

Las autoridades federales recibieron «información de una situación bastante compleja y delicada que estaba ocurriendo; y no podíamos arriesgar la vida de las personas por la detención de un presunto delincuente», puntualizó.

El mandatario ratificó que los funcionarios de su administración, que cumplirá 11 meses la próxima semana, «nunca vamos a optar por la guerra, por la confrontación o por el uso de la fuerza, lo que nos importa es la vida de las personas».

Señaló que sus adversarios, a quienes califica de «conservadores corruptos», aplicaron «una política de confrontación y violencia, una política insensata, inhumana, que produjo más violencia, mucho sufrimiento, masacres había hasta la decisión de arrasar de exterminar».

Criticó a esos conservadores que «callaron siempre cuando se masacraba a la población».

Ratificó que las autoridades tomaron la decisión de no arriesgar la vida de la población civil, «la tomó el Gabinete de Seguridad, y yo la avalé».

López Obrador abundó que ese diagnóstico sobre la violencia de las acciones del Estado anteriores a su Gobierno la confirman «los datos de letalidad, de cómo fueron siempre más los muertos que los heridos y los detenidos» en los enfrentamientos.

El Plan Nacional de Desarrollo contiene los cambios en esa política de seguridad anterior, que el presidente considera «absurda, inhumana e ineficaz», porque no dio resultados.

La semana pasada también ocurrieron otros dos enfrentamientos, uno en el estado de Michoacán (centro) el 14 de octubre, donde 14 policías murieron en una emboscada de criminales, y el 16 de octubre fuerzas militares abatieron a 14 civiles armados, sufriendo solo una baja, un cabo del ejército que los repelió y ejecutó con una ametralladora antes de morir.

En los 10 meses de Gobierno de López Obrador fueron asesinadas 29.629 personas, la cifra más elevada en un periodo similar, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.