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TEGUCIGALPA, HONDURAS 

“En esta administración creo que no habido corrupción a lo mejor en el pasado, ha habido algunas cosas” señaló este martes el director del Instituto Nacional Agrario (INA) Ramón Lara, concerniente a la decisión del Ejecutivo de otorgar a las Fuerzas Armadas de Honduras la dirección del programa agrícola.

Asimismo, debido a reiteradas demandas por “errores” de administraciones anteriores en la cuestionada entidad.

“El INA tiene muchos problemas administrativos, la mayor parte del tiempo nosotros tenemos las cuentas embargadas por demandas que han venido por errores del pasado, hoy las desembargamos; mañana nos vuelven a embargar , entonces eso tiene mucho que ver en la decisión de asignarle a las Fuerzas Armadas la dirección del programa agrícola”, dijo.

Los errores  ̶ especificó ̶  de quienes han pagado demandas de grandes cantidades de dinero “porque en algún momento se cometió el error de hacer cosas fuera de la ley”.

Además aseguró que “en esta administración creo que no habido corrupción a lo mejor en el pasado, ha habido algunas cosas pero yo no soy quien para juzgarlos, me remito a cumplir con mi responsabilidad”.

Lara aclaró que la responsabilidad en el manejo del programa agrícola no solamente recaerá en el brazo armado, ya que varias dependencias brindarán apoyo técnico cuyo objetivo es garantizar la efectividad del programa.

“Vamos acompañar el trabajo de campo a los personeros que van a dirigir este programa, pero también el hecho que tienen capacidades instaladas, ya que cuentan con logística que va a facilitar el programa; es un equipo, por ejemplo nosotros estamos proporcionando las personas técnicos, la SAG va a poner técnicos el Infop va a poner su parte, creo que se conforma un buen equipo que vamos a tratar de dar resultados diferentes que se han dado hasta el momento”.

MONTEVIDEO, URUGUAY

(Spútnik) Los militares están disparando desde helicópteros a los manifestantes en Senkata (oeste de Bolivia) y ya hay más de 10 fallecidos, dijo a Spútnik la dirigente social y defensora de derechos humanos Bettyna Valencia.

«En Senkata nos están matando, disparando, hay muchas personas que están muertas. La policía se llevó a tres, los van a hacer desaparecer. Habían 32 personas muertas pero aquí hay más de diez. Nos están disparando por helicóptero, están todos armados, están desquiciados», dijo Valencia con la voz entrecortada a Spútnik.

Valencia dijo entre sollozos que se había refugiado en una tienda mientras se desataba la represión.

Al responder a una llamada de Spútnik, Valencia, quien ha participado en más de 25 marchas con los sectores indígenas desde que Evo Morales (2006-2019) renunció a la presidencia el 10 de noviembre, solo pudo decir «nos están matando a todos, estoy escondida, el teléfono está intervenido, no puedo hablar».

Luego dijo en audios de la plataforma Whatsapp una y otra vez que se está produciendo una «masacre».

La escasez de gasolinas, diésel y gas domiciliario envasado en La Paz comenzó a sentirse desde principios de la semana pasada pero se agravó el jueves cuando los bloqueos antigubernamentales en la zona de El Alto se extendieron hasta los accesos a Senkata, una gran planta de despacho de combustibles que sirve a ambas ciudades y provincias cercanas.

En varios videos difundidos por manifestantes a través de Whatsapp se ve a los militares en esa zona abrir fuego contra los manifestantes, varios heridos y al menos un hombre con una hemorragia por un disparo.

«¿Qué está esperando Evo Morales para tomar el palacio de Gobierno de nuevo? ¿Por qué los países de Latinoamérica no están haciendo nada y están dejando que maten a la gente como en la época de Adolf Hitler? Como hacían con los judíos, ahora lo hacen con los indios y campesinos de Bolivia. La gente indígena, de tez morena, está siendo masacrada de tal manera que si ven que hay un blanco, lo protegen», dijo a Spútnik Valencia.

El lunes la activista boliviana Adriana Guzmán, de la comunidad aymara e integrante del colectivo Feminismo Comunitario Antipatriarcal, dijo a Spútnik que en Bolivia ocurren detenciones arbitrarias, torturas y hacinamiento de detenidos.

«Hay detenciones ilegales; solo en el centro de La Paz hay 75 detenidos; no se les permite el uso del baño (…) han sido golpeados; hay 55 hombres y 20 mujeres, han sido torturados y obligados a declarar cosas falsas, como que traían piedras en la mochila», dijo Guzmán a Spútnik sobre arrestos llevados a cabo por las autoridades.

Bolivia está sumergida en una crisis política desde que Morales renunció a la presidencia, presionado por las Fuerzas Armadas y la policía y luego de varias semanas de protestas por un presunto fraude electoral en los comicios del 20 de octubre.

Tras la partida de Morales hacia el exilo en México, que le otorgó asilo, la senadora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta sin pasar por los procedimientos legislativos previstos en unas sesiones del parlamento que no tenían el quórum requerido.

La investidura de facto de Áñez fue avalada por el Tribunal Constitucional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabilizó al menos 23 muertos y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis, entre ellos al menos 9 fallecidos y 122 heridos por represión combinada de la policía y fuerzas armadas desde el viernes, cuando los uniformados arremetieron contra una marcha de cocaleros en el departamento boliviano de Cochabamba (centro).

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, eludió responder por el cierre de operaciones de la multinacional holandesa Unilever luego de anunciar que trasladará su fábrica de jabones a Ciudad de Guatemala.

Al ser consultado sobre la decisión tomada por la empresa que tenía su base en el Valle de Comayagua, indicó que no tenía conocimiento, al tiempo que pretendió dar varios indicadores sobre el aumento del rubro de la producción de jabones, detergentes y otros productos de consumo masivo.

Según Cerrato, esa industria “ha tenido una actividad económica muy importante, con una actividad interna como externa, por eso es que sigue habiendo actividades dada a la demanda que existe por ese tipo de producto, en mercados como Guatemala y Nicaragua, entre otros”.

Asimismo, negó que la inseguridad jurídica y las pesadas cargas impositivas hayan influido en que Unilever cerrara su plantel.

“No hay justificación para que las empresas salgan del país”, rememoró el funcionario y añadió que desde 2014 no se han aplicado aumento de tributos.

Cabe recordar que la compañía notificó que el cierre de su planta en Honduras obedece a que «están reenfocando sus esfuerzos» para fortalecer los negocios que mantiene en Centroamérica.

Por tanto, el personal que labora en el plantel perderán sus empleos y los procesos de producción los asumirá la empresa La Popular que opera en Ciudad de Guatemala.

Desde esa ciudad se realizará la distribución de sus productos ya que «el comportamiento del mercado regional de jabones de barra para lavar ha cambiado en Centroamérica, y ante este escenario la empresa decidió emprender la búsqueda de opciones, con el fin de potencializar este segmento del negocio».

Confidencial HN