CIDH acepta denuncia de magistrados destituidos en diciembre de 2012

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la denuncia de cuatro magistrados destituidos el 12 de diciembre de 2012, por el Poder Legislativo, al desafiar y sentenciar de una manera adversa a la esperada por el Poder Ejecutivo de Honduras sobre la Ley de depuración policial, según informó la Asociación de Jueces por la Democracia.

El informe de admisibilidad 83/18, petición 455-13 a favor de José Antonio Gutiérrez Navas, Rosalinda Cruz Sequeira, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma confirma la aceptación de la denuncia.

Este caso es conocido como José Antonio Gutiérrez Navas y otro versus el Estado de Honduras y la denuncia es acompañada por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos.

“Los peticionarios manifiestan que José Antonio Gutiérrez Navas, Rosalinda Cruz Sequeira, José Francisco Ruiz Gaekel y Gustavo Enrique Bustillo Palma, (en adelante ‘las presuntas víctimas’) fueron arbitraria e ilegalmente destituidos de sus cargos como Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en un acto de retaliación política por parte del Congreso Nacional de Honduras”, cita la denuncia.

En su relato ante la CIDH, los exmagistrados describieron que el Congreso Nacional aprobó la Ley especial de depuración policial por medio del decreto 89-2012, que entró en vigencia el 25 de mayo de 2012.

“Refieren que contra esta ley, varios ciudadanos presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, pues consideraban que violaba preceptos de la Constitución de la República. Señalan que después de cumplirse el trámite legal, el 27 de noviembre de 2012 la Sala Constitucional votó el asunto sin que el proyecto de sentencia obtuviese la unanimidad de votos necesaria para su aprobación. Detallan que las cuatro presuntas víctimas votaron por la inconstitucionalidad de la citada ley, y sólo un magistrado votó a favor de su constitucionalidad. Por ello, conforme al procedimiento, se remitió la acción para decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia”.

El magistrado que votó a favor de la depuración es el que posteriormente se convirtió en fiscal general de Honduras,Óscar Chinchilla, reelecto en el cargo pese a los cuestionamientos al procedimiento utilizado para su releeción.

“Aducen que, en represalia por los hechos descritos anteriormente, el 10 de diciembre de 2012 el Congreso Nacional nombró una Comisión, integrada por diputados oficialistas para que investigara la conducta administrativa del Poder Judicial. Así, la noche del 11 de diciembre de 2012 dicha Comisión rindió su informe ante el Congreso Nacional, estableciendo que se habían cometido irregularidades administrativas en el proceso de la acción de inconstitucionalidad presentada contra la Ley especial de depuración policial. Indican que informe señalaba que la resolución emitida por la Sala Constitucional sobre la citada ley, no era congruente con la política de seguridad implementada por los poderes Ejecutivo y Legislativo, y que implicaba un grave perjuicio para el Estado. Destacan que en esa sesión congresal se desarrolló con el edificio rodeado por miembros de las Fuerzas Armadas. refieren que a las cuatro de la mañana del 12 de diciembre de 2012 los congresistas votaron por la destitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional quienes votaron por la inconstitucionalidad de la Ley especial de depuración policial) y eligía cuatro magistrados sustitutos”.

Según la denuncia, aceptada por la CIDH, las presuntas víctimas argumentan que “no tuvieron posibilidad alguna de defensa y que la destitución fue ilegal pues el Congreso Nacional o tenía facultades para ello, ni existía un procedimiento legal para el juzgamiento de las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, aducen que las pretendidas irregularidades administrativas no figuraban como causa legal de destitución de los magistrados en ninguna disposición normativa hondureña. En ese sentido, destacan que las funciones administrativas no eran ostentadas por los magistrados depuestos, sino por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, por disposición del propio Congreso Nacional mediante los decretos 282-2010 y 5-2011 .Agregan que en un acto de acatamiento y sumisión, el presidente de la Corte Suprema de Justicia tomó juramento a los nuevos magistrados durante la mañana del 12 de diciembre de 2012, concretando de esa manera un golpe político a la institucionalidad judicial”.

“Argumentan que, como no existía un procedimiento legal para la remoción de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la investigación seguida por la comisión de diputados y posterior moción proveniente del Congreso, fue un mecanismo ilícito y arbitrario, utilizado como una causa legal para destituir a las presuntas víctimas. Afirman que dicho alejamiento se realizó como una represalia por actuaciones pertenecientes a su función judicial, las cuales desarrollaban en el marco de sus competencias constitucionales y legales. Adicionalmente, exponen que el entonces presidente del Congreso Nacional justificó el accionar legal el Poder Legislativo, declarando que se había detectado una conspiración de los magistrados de la Sala Constitucional contra las decisiones del Congreso Nacional”.

El doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, opinó -a través de sus redes sociales- sobre esta decisión de la CIDH que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado admisible el caso de los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional destituidos ilegalmente por el Congreso Nacional bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández. Lo irónico es que estas personas comienzan a acceder a la justicia que ellas le negaron a la ciudadanía durante el golpe de Estado. De los 81 recursos presentdos ante su Sala Constitucional, únicamente resolvieron 2 a favor del general golpista Romeo Vásquez Velásquez, pero ignoraron los otros 79 recursos a favor de la ciudadanía”.

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