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CIDH alerta masiva criminalización a la libertad de expresión en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Graves violaciones a garantías individuales y masivas agresiones a la libertad de expresión halló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la visita que realizó a Honduras entre julio y agosto de 2018.

El ente adscrito a la OEA presentó un informe respecto a las graves violaciones a derechos humanos que se han cometido en el gobierno de Juan Orlando Hernández tras la crisis poselectoral de noviembre de 2017, por lo que pidió al Ejecutivo nacionalista que aplicara los correctivos.

«La Relatoría Especial (de libertad de expresión) observó que en el contexto de las protestas por el cuestionamiento hacia el proceso electoral, periodistas y medios de comunicación fueron objeto de amenazas y agresiones tanto por parte de agentes estatales como de partidarios de los grupos políticos en pugna», resalta el informe.

Asimismo -prosigue el documento- «(la misión) fue informada sobre presiones a directores de medios y periodistas con la finalidad de influenciar en las coberturas de las elecciones y sobre otros sucesos de interés público. Estapolarización se extendió a las redes sociales, donde prevaleció un discurso estigmatizante hacía el trabajo delos periodistas».

«Asimismo, esta Oficina observó con preocupación un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado que derivó en numerosas muertes, detenciones y heridos. Por otro lado, la CIDH enfatizó que la persistencia de elevados niveles de violencia contra periodistas y la impunidad de la mayor parte de los crímenes continúa siendo un grave problema. A este aspecto estructural hay que sumar la decisión del Poder Legislativo de aparentemente mantener los delitos de injurias, calumnias y otras figuras que afectan a la libertad de expresión en la reciente reforma integral del Código Penal y la presentación de un proyecto para regular las redes sociales», alerta la Comisión Interamericana.

Respecto a la violencia contra los periodistas, el ente aseguró que los ataques a medios y la impunidad «continúa afectando seriamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Honduras. Las reformas al marco legislativo e institucional en materia de prevención, protección y procuración de justicia han sido reconocidos por la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión como pasos importantes para combatir este tipo deviolencia».

«Sin embargo, estos avances y esfuerzos del Estado no han logrado garantizar de manera efectivael derecho de los periodistas a ejercer su labor libre de violencia y, en consecuencia, vulneran el derecho de lasociedad hondureña a acceder a información de interés público», plasma el extenso informe.La CIDH lamentó que los crímenes contra unos 70 comunicadores hondureños sigan impunes, «desde enero de 2015, la CIDH y su Relatoría Especial han registrado 15 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios de comunicación en el país y han sido informadas sobre atentados, agresiones físicas, amenazas e intimidaciones contra este grupo de personas.

Los brutales asesinatos ocurridos en 2017 del periodista hondureño Igor Padilla, corresponsal del Canal de Televisión Hable Como Habla en la ciudad de San Pedro Sula y del reportero Víctor Funes, conocido como el periodista del pueblo, del canal de televisión 45TV de la ciudad de la Ceiba en el departamento de Atlántida y el atentado contra el periodistas Jhonny Lagos y Yadira Cerrato de El Libertador en Tegucigalpa, son ejemplos de la violencia que enfrentan los periodistas en el país».

En la visita del organismo especializado, se conoció acerca del riesgo elevado de ser víctimas de violencia que enfrentan los periodistas que investigan y cubren asuntos sobre corrupción, crimen organizado, protestas sociales y reivindicaciones de territorios y escuchó varios testimonios que relataron cómo la crisis política que siguió a las elecciones presidenciales del 26 de noviembre de 2017 aumentó el riesgo para el ejercicio del periodismo libre e independiente en el país.

Además, se revela sobre las presiones indebidas a medios de comunicación «a fin de que dieran una cobertura favorable al candidato oficialista y para que no transmitieran imágenes vinculadas con la represión policial, incluso bajo amenaza de perder contratos de publicidad oficial».

«La CIDH recibió con preocupación información sobre ataques y presiones indebidas a medios de comunicación, amenazas y agresiones a periodistas, así como campañas de desprestigio contra la prensa en este contexto. Así por ejemplo, la CIDH conoció del ataque a Radio Progreso, que luego de las elecciones fue víctima de sabotaje de su torre y antena de transmisión en Tegucigalpa que produjo su salida del aire en esa ciudad».

El sacerdote jesuita Ismael Moreno, director de Radio Progreso -explica la Comisión Interamericana-, fue víctima de campañas de estigmatización y descrédito desde el inicio de las protestas poselectorales, en particular, denunciaron que circularon panfletos que lo hacían responsable de la violencia en el país y de estar aliado con el narcotráfico.

El periodista Cesar Obando Flores, corresponsal de Radio Progreso -y Radio Globo- y presentador de televisión en un programa que se llama Los Dueños de la Audiencia, también fue víctima de amenazas. Posteriormente, Sandra Maribel Sanchez, directora del programa Más que dos, también de Radio Progreso, recibió una llamada telefónica con amenazas, luego que junto a la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH) Suyapa Figueroa, denunciara la pretensión del gobierno de privatizar el sistema de salud.Según la información recabada por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras y organizaciones de la sociedad civil hondureña, durante la crisis poselectoral varios periodistas fueron agredidos.

La CIDH recibió información que indicaría que este tipo de ataques contra la prensa continuaría (y continuó) en 2018.De acuerdo con datos proporcionados por el Estado, 67 periodistas y comunicadores sociales están actualmente bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De este grupo, 22 periodistas y comunicadores sociales recibieron protección debido al riesgo producido en contexto poselectoral.

La Comisión Interamericana está preocupada por las campañas de estigmatización y criminalización de periodistas y otras personas por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. «Existe un discurso público estigmatizante ypolarizante contra la prensa. Los periodistas y medios de comunicación son tachados de mareros o terroristas sin tienen una cobertura percibida como contraria a los intereses gubernamentales o empresariales, y como tarifados o vendidos cuando, desde el otro lado del espectro político, se les acusa de no ser críticos del gobierno».

Tal como ha destacado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión “es importante recordarque la criminalización podría generar (…) un efecto amedrentador sobre una forma de expresiónparticipativa de los sectores de la sociedad que no pueden acceder a otros canales de denuncia o peticióncomo ser la prensa tradicional o el derecho de petición dentro de los órganos estatales donde el objeto delreclamo se origina».

«El amedrentamiento a la expresión a través de la imposición de penas privativas de la libertad para las personas que utilizan el medio de expresión antes mencionado, tiene un efecto disuasivo sobre aquellos actores de la sociedad que expresan sus puntos de vista o sus críticas a la gestión de gobierno como forma de incidencia en los procesos de decisiones y políticas estatales que los afecta directamente», sentencia el informe.

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