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CIDH considera posibles ejecuciones por abuso de la fuerza pública en El Salvador

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

(Spútnik) El integrante de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH), James Cavallaro, lamentó la posibilidad de que los informes de organismos defensores de víctimas de enfrentamientos en El Salvador, sean un patrón «inusual» de abuso de la fuerza de las autoridades.

El extitular y actual comisionado del organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) consideró que las estadísticas recientes de 59 pandilleros muertos por cada policía o militar caído, «guardan una proporción inusual» en comparación con los balances normales de los enfrentamientos con autoridades.

«No es posible que se trate de enfrentamientos, cuando hay cifras así se trata de algunos enfrentamientos y muchos casos de ejecuciones», adelantó el experimentado funcionario de la CIDH.

Durante una audiencia pública en el marco del 164 periodo de sesiones en la Ciudad de México, Cavallaro dijo que, si esas cifras se repiten a lo largo del tiempo, «estamos trabajando con un patrón del uso extremadamente excesivo de la fuerza letal, por parte de los agentes del Estado», alertó el comisionado.

El comentario fue hecho luego de escuchar los informes del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA, jesuita) y el Servicio Social Pasionista (SSP).

Los defensores de derechos humanos denunciaron en la sesión varios casos de ejecuciones extrajudiciales reportados en la prensa nacional.

De 2014 a la fecha, han muerto 1.415 supuestos pandilleros y civiles en hechos que las autoridades han calificado como «enfrentamientos».

Ese dato representa un promedio de letalidad de 59 civiles muertos por cada policía y militar que cae en los hechos de violencia, lo que podría indicar un uso excesivo de la fuerza pública.

Los grupos independientes de abogados de víctimas de abusos de autoridad, presentaron pesquisas de 40 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, en las que han muerto 130 personas.

El delegado del Estado salvadoreño en la audiencia, el viceministro de Seguridad, Rául López, negó a su turno que en El Salvador existan actuaciones ilegales por parte de la policía y la Fuerza Armada.

Como ejemplo, dijo que el Plan El Salvador Seguro del Gobierno salvadoreño arrojó un saldo de 23 policías asesinados y 72 agentes policiales y militares lesionados en lo que va de este año 2017.

Esas acciones han permitido a las autoridades incautar 5.700 armas a las pandillas desde el año pasado a la fecha.

Las autoridades «saben que pueden existir abusos» en las acciones elementos de seguridad; pero se trata de «decisiones personales y no de una política de Estado», respondió.

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