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CIDH pide derogar artículo que recomienda cárcel de manera indiscriminada

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sugirió que se debe reformar el artículo 184 del Código Procesal Penal que ordena de forma indiscriminada la prisión preventiva.

En la visita in loco a Honduras, la cual tuvo lugar del 30 de julio al 3 de agosto anterior, para observar en terreno el panorama d DDHH, recomendó que el Estado migre su norma a los estándares internacionales respecto a la prisión preventiva.

El organismo, adscrito a la OEA, detalló en su informe que se deben «adoptar las medidas judiciales, legislativas, administrativas y de otra índole, requeridas para aplicar la prisión preventiva de conformidad con los estándares internacionales en la materia. El Estado debe promover, regular y aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva; y debe derogar las disposiciones que ordenan la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito, en particular, el artículo 184 del Código Procesal Penal».

Respecto a la reelección del fiscal general, la CIDH dejó en evidencia que «mostró la debilidad de la normativa y la necesidad de regular la misma. También resultó preocupante la falta de equilibrio entre los poderes públicos que permitan el óptimo funcionamiento del Estado de Derecho».

«La desigualdad y falta de desarrollo para algunas poblaciones está enraizado en un sistema que beneficia a unos cuantos que tienen relación con altas esferas de poder político y privado. En este contexto, se presenta una desigualdad estructural que afecta de manera desproporcionada a grupos en situación de vulnerabilidad».

Respecto del conflicto postelectoral, la Comisión observó que existe un clima político polarizado. Dada la percepción pública sobre la falta de legitimidad de las elecciones, se generaron protestas que fueron reprimidas mediante un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza.

En la represión también participaron las fuerzas armadas, en contradicción con los estándares interamericanos en la materia. En un sistema democrático es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas. La respuesta estatal a las manifestaciones tuvo como consecuencia por lo menos 22 personas fueron asesinadas; cientos de personas resultaron heridas, incluidos agentes de las fuerzas de seguridad; y más de mil personas fueron detenidas, muchas de la cuales denunciaron malos tratos durante la captura y posterior privación de libertad.

Asimismo, se reportaron denuncias por allanamientos ilegales de vivienda por parte de elementos de las fuerzas de seguridad. Considerando lo irreversible de las consecuencias que podrían derivarse del uso de la fuerza, la CIDH lo concibe como un recurso último que pretende impedir un hecho de mayor gravedad que el que provoca la reacción estatal. En este sentido, el uso de la fuerza desde ser caracterizado por la excepcionalidad, y satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad.

Por su parte, la CIDH fue informada por el Estado que a fin de determinar la verdad relacionada con los asesinatos en este contexto, se constituyó la mesa de validación de casos, que se integra por la Dirección de Fiscalías, la Fiscalía de Delitos contra la Vida, la Unidad Fiscal Adscrita a la Policía Militar del Orden Público, y la Dirección Policial de Investigación.

A pesar de ello, la CIDH no cuenta con mayor información sobre el progreso o desarrollo de las investigaciones respectivas. Además, las familias no estarían siendo informadas sobre las mismas.

La CIDH urge al Estado a avanzar en las investigaciones con la debida diligencia requerida, con el fin de identificar a los responsables, juzgarlos, y en su caso, sancionarlos. A más de ocho meses de ocurridos los hechos, las víctimas y sus familiares siguen reclamando la falta de acceso a la información sobre el desarrollo de las investigaciones y resultados concretos en materia de justicia.

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