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CIDH reclama a Nicaragua que desmantele grupos parapoliciales

MANAGUA, NICARAGUA

(Spútnik) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a Nicaragua en un comunicado a desmantelar estructuras represivas parapoliciales, sancionar el uso de la fuerza de estos grupos y respetar el derecho a la protesta pacífica.

«La CIDH insta al Estado a investigar y sancionar el uso de la fuerza por parte de actores parapoliciales, desmantelar dichos grupos y buscar una solución pacífica, constitucional y democrática a la actual crisis política que afecta al país», dice el comunicado.

En el texto, la CIDH señala que «es una obligación del Estado de Nicaragua desmantelar las estructuras represivas que están actuando en el país, las cuales deben ser investigadas y sometidas a la justicia, así como recuperar el uso legítimo y proporcional de la fuerza, en el marco del Estado de Derecho».
El organismo hemisférico señala que en la marcha pacífica de apoyo a las Madres de Abril, que se realizó el 30 de mayo, fallecieron 15 personas y 199 resultaron heridas en Managua, Estelí y Masaya, según cifras oficiales.

«Según información de público conocimiento, se produjo una represión por parte de grupos de choque y terceros armados, quienes dispararon con armas de fuego contra las personas manifestantes», dijo la CIDH.

El texto da cuenta de que miles de personas ingresaron a las instalaciones de la Universidad Centroamericana y en ese campus se atendió a los heridos.
El texto detalla asimismo ataques a diferentes medios de comunicación y periodistas que cubrían los incidentes y asevera que, desde el inicio de las protestas antigubernamentales murieron ya 97 personas.

«Por otra parte, la CIDH fue informada de que el 26 de mayo fue quemada la casa municipal del (gobernante) Frente Sandinista, ubicada en el municipio de Altagracia en Ometepe. Asimismo, la madrugada del 27, personas encapuchadas habrían disparado con mortero contra dos vigilantes que cuidaban el portón principal de la Universidad Centroamericana», dijo la CIDH.

El comunicado da cuenta asimismo de un incendio en el Ministerio Público de Masaya, «cuyo origen debe ser investigado».
«Por otra parte, grupos de personas no identificadas incendiaron la Nueva Radio Ya, que mantiene una línea editorial afín al gobierno. Sus periodistas denunciaron además haber sufrido agresiones de grupos de manifestantes», indica el texto.

El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, señaló que «el Estado debe facilitar la realización de manifestaciones como un elemento fundamental del funcionamiento de la sociedad democrática y hacer uso excepcional de la fuerza, con el objetivo de cumplir con el deber de protección de las personas».

Sin embargo, agregó la CIDH, «cuando una protesta, o parte de ella, se torne violenta la policía debe actuar bajo la estricta legalidad y utilizar de modo proporcional las medidas menos lesivas para dispersar a las personas».

La CIDH concluyó su pronunciamiento informando que «en los próximos días anunciará los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Nicaragua), creado para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia, recomendar encuadres legales e identificar responsabilidades».
El GIEI basará su actuación en las observaciones preliminares que formuló la CIDH tras su visita a Nicaragua en el mes de mayo, y en las conclusiones del Informe Final «que será publicado en las próximas semanas».

Las protestas en Nicaragua comenzaron a raíz del incendio en la reserva biológica Indio Maíz (sur) que estalló el 3 de abril y duró 10 días, pues los estudiantes consideraron que el Estado fue negligente en combatir el siniestro, según dijo a Sputnik la relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola.

Las movilizaciones se intensificaron a raíz de los cambios al sistema de pensiones que realizó el Gobierno y por la condena de los manifestantes a las muertes en los choques con la policía y a lo que entienden como ausencia de justicia por esos hechos, indicó la comisionada.

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