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CN crea “fórmula de corrupción” para ocultar precios de vacunas anti Covid-19

Por: Juan Alfaro Posadas

El Congreso Nacional aprobó el martes de esta semana la “secretividad” de los contratos suscritos entre el gobierno hondureño y las empresas farmacéuticas, en la adquisición de las vacunas contra la Covid-19.

Esa secretividad, por diez años consecutivos, se enmarca en una fórmula de corrupción creada por el poder Legislativo en complicidad con el Ejecutivo para ocultar los precios de las vacunas anti Covid-19, que deben ser de conocimiento de todo el pueblo hondureño.

Es entendible que no se deben revelar las fórmulas científicas de elaboración de las vacunas, tal y como lo exigen las farmacéuticas en los contratos, pero sí los precios de los inoculantes, correspondientes a las distintas compañías, como la Pfizer, Astra Zeneca, Moderna y otras.

El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Fredis Cerrato, considera que con esa actuación se busca ocultar el destino de los recursos del pueblo – aprobados a “cántaros” en sumas multimillonarias -, dizque para la adquisición de insumos y de vacunas.

Cerrato se pregunta: ¿hacia dónde quieren orientar y destinar esos dineros? ¿Quieren el dinero para la contienda política electoral de noviembre o para seguir engrosando su patrimonio personal con el saqueo que le hacen al Estado?

Cabe destacar que un 98 por ciento de las vacunas anti Covid-19 que la Secretaría de Salud aplica a la población, provienen de la donación de Estados Unidos, México, España, Israel y otros países, a través del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Solamente un dos por ciento de esos antídotos han sido comprados por el régimen de Juan Orlando Hernández Alvarado, a través de nuestros impuestos, y para colmo de males se hizo de manera tardía, cuando el virus se había propagado por todo el país.

Además, es importante aclarar que la “secretividad” se decretó por diez años, porque el delito de enriquecimiento ilícito prescribe en ese término, y también, porque el mismo Tribunal Superior de Cuentas (TSC) estableció que las actuaciones de enriquecimiento ilícito prescriben a los diez años.

Los cálculos los han hecho para que no puedan ser investigados en todas sus patrañas.

Obviamente, que no existen conceptos jurídicos que avalen o justifiquen la actuación del Congreso Nacional.

Empero, los diputados que resulten elegidos en noviembre para integrar el próximo Congreso Nacional, pueden derogar o abolir todos los decretos que lesionan los intereses nacionales, e incluso la Ley Orgánica de las ZEDES, por inconstitucional.

En virtud que para la compra de vacunas anti Covid-19 se usan fondos públicos, existe la obligación de rendir cuentas, para aclararle al pueblo en qué consisten las adquisiciones de inoculantes.

Todas sus acciones malévolas y reñidas con la ley están fríamente calculadas para que no les alcance el brazo de la justicia.

Estos nacionalistas enquistados en el poder de la nación desde hace doce años son maquiavélicos, calculadores, inescrupulosos y especialistas en actos de corrupción y en vincularse con los carteles internacionales de la droga.
Estos perversos “cachurecos” han cursado asignaturas de gansterismo, en escuelas internacionales de la corrupción, actúan con astucia y mantienen afiladas sus garras y ponzoñosos colmillos para vaciar las arcas del Estado.

De repente, compiten con Rafles, el ladrón de las manos de seda, que no deja huella en sus andanzas.

Con la rapidez que actúa el parlamento hondureño, coludido con el Ejecutivo, para drenar los fondos públicos, en beneficio de los mafiosos nacionalistas, en enero de 2022 entregarán las arcas en rojo, y nos dejarán endeudados hasta la última generación.

Mientras eso ocurre, las grandes mayorías empobrecidas se convierten en miserables, se profundizan los problemas de salud, la carencia de educación, el desempleo, inseguridad, extorsión y las migraciones de familias hacia Estados Unidos, Canadá, España y otros países de Europa y Asia.

Ante este sombrío panorama, y para sacudirnos el yugo de los cachurecos – que hasta están vendiendo el país a pedazos, con las mal llamadas Zonas Especiales de “Empleo” y “Desarrollo” Económico (ZEDE) -, no nos queda otro camino que castigarlos con nuestro voto en las próximas elecciones de noviembre.

¡Esa casta de malvivientes que asaltaron el Estado hondureño hace más de una década, están deslegitimados para gobernar el país, y lo menos que merecen, es cárcel de por vida. Que así sea..!

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