Sunday, Sep 22, 2019
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CNA apunta contra Lobo por duras críticas contra el gobierno e institucionalidad

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El expresidente Porfirio Lobo está en la mira del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ya que pretenden acusarlo de varios delitos.

Lobo, quien en los últimos días ha ido recrudeciendo sus cuestionamientos contra el actual presidente Juan Orlando Hernández y la cacería que sufre su esposa Rosa Elena de Lobo montada por el CNA, podría estar yendo a los tribunales en condición de imputado de abuso de autoridad y malversación.

Los retos hechos por el exmandatario han provocado molestia desde el Ejecutivo nacionalista y la oficina que dirige Gabriela Castellanos, por lo que se profundiza la persecución contra Pepe y cuadros de confianza que trabajaron con él entre 2010 y 2014.

En las mismas circunstancias se encontraría el exfuncionario, Wilfredo Cerrato , quien podría ser acusado por violación de los deberes de los funcionarios y malversación de caudales públicos.

A pesar de que otros gobiernos han hecho transferencias para gastos corrientes, el CNA hizo la vista gorda para acusar expresamente al expresidente Porfirio Lobo y su administrador Wilfredo Cerrato.

Castellanos presentará en las próximas horas una denuncia ante el Ministerio Público contra ambos, ya que cree que «hubo irregularidades» en la ejecución de dinero y solicitud de fondos a otras entidades como el Patronato Nacional de la Infancia (Pani) para asuntos relacionados con la seguridad presidencial.

Sin embargo, la también abogada pasó por alto las solicitudes de dinero que se realizaron en otros gobiernos, entre ellos, el de Manuel Zelaya, para pagos de bonos a funcionarios que salieron de la Secretaría de Relaciones Exteriores y una transferencia hecha por la Empresa Nacional Portuaria (ENP) de 100 millones de lempiras a fin de «reembolsar» la erogación de fondos donados por Taiwán para la instalación de una central de aire acondicionado en una oficina pública.

No obstante, optó por formular la denuncia que tiene en sus manos este periódico en la que hace una profunda y pormenorizada relación de hechos en las cuales apunta a que Lobo «mandó a pedir» una transferencia para «labores de seguridad presidencial» y que según ella hubo «una red de corrupción conformada estratégicamente para ‘distraer’ fondos del erario público ya que los hechos consumados constituyeron un desvío doloso de dinero para un destino totalmente distinto del que fue aprobado».

El CNA estimó en su denuncia que no se realizaron ejecuciones presupuestarias, en particular, de Casa Presidencial, por lo que vieron hasta raro que la administración Lobo pidiera dinero al Pani para la ejecución de obras, actividades, pagos y otros, cuando tenían que ejecutar el dinero asignado a funciones del entonces dignatario.

«…Evidenció el malintencionado accionar de funcionarios públicos que se desempeñaron al más alto nivel durante el periodo 2010-2014, ocasionando un millonario perjuicio al Estado de Honduras por lo que se les supone responsables de los delitos de malversación de caudales por cambio de destino, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios», según argumentó la oficina anticorrupción.

Esta denuncia se vería hasta normal en el caso de que aplicaran los mismos parámetros y criterios a otros gobiernos; no obstante, esta surge en el contexto de los airados reclamos hechos por el entonces gobernante contra el CNA y Hernández respecto a la persecución que está sufriendo junto a su esposa Rosa Elena de Lobo, privada de libertad.

En tanto, Castellanos ha optado por ver a un lado sobre presuntas irregularidades que habrían surgido en otros mandatos. Igual papel ha efectuado el jefe de investigaciones de la denominada instancia de sociedad civil, Odir Fernández.

El CNA presentó en sus «evidencias» cheques que fueron transferidos al Ejecutivo y que cree que hubo corrupción.

Y es que el Consejo Nacional Anticorrupción asegura que encontró indicios de ilegalidades en las publicaciones efectuadas en el diario oficial La Gaceta y que comprometen a Lobo, Cerrato y otros funcionarios, a sabiendas de que las transferencias monetarias entre oficinas de la Administración Central son hasta normales, en virtud de las necesidades del momento.

Es más, las disposiciones de la Ley orgánica de presupuesto (para 2013) establecen en su artículo 12 establece que «el presupuesto de ingresos contendrá los distintos rubros de recursos, provenientes de… Las transferencias provenientes de otras entidades públicas, los recursos provenientes de donaciones…y los que vengan de cualquier tipo o fuente».

Al trasluz de esta norma se evidencia que el CNA, en un afán de protagonismo en una sociedad hambrienta de justicia, apunta sus cañones contra el gobierno que dirigió Lobo entre 2010 y 2014 a fin de imputar delitos que están plasmados en el Código Penal, pero que no hubo una revisión exhaustiva de la principal norma que regula el control del gasto de dinero público y que por este motivo podría ser desestimada.

ConfidencialHN buscó en la denuncia del Consejo Anticorrupción y no encontró referencias a la Ley de presupuesto de 2013 que explique las transferencias entre oficinas de la Administración Central y que están reguladas por otros parámetros de la Secretaría de Finanzas y el Banco Central de Honduras, para efectos de controles del uso de recursos.

El

También se observa que el trato que está recibiendo Lobo no es el mismo que en su momento debería tener la gestión 2006-2010, donde se movilizaron recursos provenientes de Taiwán que terminaron siendo utilizados para el pago de bonos y que luego se usó dinero de la ENP para «gastos diplomáticos».

Cabe recodar que los recursos que fueron donados por el gobierno de China Taiwán para la instalación de un sistema de aire acondicionado terminaron en pagos de viáticos a funcionarios, gastos corrientes, adelantos de sueldo, los cuales fueron aprobados en reunión de gabinete presidido por el expresidente Zelaya.

La sustracción de unos 958 mil dólares ocurrieron durante las gestiones de los cancilleres Milton Jiménez Puerto y Edmundo Orellana Mercado, cuyos recursos fueron a dar a las manos de funcionarios cuando debió ser para la adquisición de sistemas de aire, por lo que nunca se concretó el proyecto que contó con el apoyo financiero de Taiwán, de acuerdo a la investigación efectuada por ConfidencialHN.

Aunque la oficina anticorrupción insiste en que hubo delito, las normas presupuestarias ya establecen transferencias de fondos.

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