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CNA califica de lesiva decisión de 49 diputados al declarar en secretividad contratos de compra de vacunas anticovid

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), calificó este miércoles de lesiva la decisión del Congreso Nacional, al  decretar por una década la reserva de información para conocer el manejo de fondos públicos que sean invertidos en la adquisición de  vacunas contra la Covid-19.

Con apenas 49 diputados de los 128 que conforman el Congreso, se  aprobó el decreto de ley que constituye la secretividad de contratos de compras entre los fabricantes y las farmacéuticas.

Mediante un comunicado oficial, el organismo anticorrupción de sociedad civil señala inicialmente que su pronunciamiento es debido a su condición de vigilante de las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública (LTAIP).Ocultar el mensaje original

El escrito también señala que el “zarpazo” dictado por los padres de la patria únicamente cierra filas para evitar procesos investigativos a los entes persecutores del delito están realizando, sobre la supuesta compra del inoculante y que hasta el momento no han llegado al país.

Además, recuerda que el IAIP, declaró sin lugar la petición realizada por la Secretaría de Salud (Sesal), ya que la misma no justificaba los preceptos contemplados en el artículo 17 de la ley mencionada y ante tal negativa, funcionarios del Poder Ejecutivo recurrieron al CN con el objeto de que vía decreto se declarara la reserva de la información.

El CNA dice que esa conducta es reiterativa en la administración pública, ya que esas acciones están dejando atados todos los cabos que en un futuro pueda provocarles procesos penales por las nocivas decisiones que han adoptado durante la pandemia, cuya labor únicamente ha sido agenciarse de fondos públicos, cuyo destino es desconocido, tal es el caso de los hospitales móviles.

Finalmente, exigen al Congreso Nacional que recapacite y evite seguir soslayando la transparencia, haciéndole un atento recordatorio y que las decisiones adoptadas el marco de la impunidad, pueden ser revocadas por una nueva cámara legislativa y posteriormente deducirles responsabilidad por la serie de delitos durante los últimos ochos años.

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