lunes, noviembre 30, 2020
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Cohep advierte a Oliva sobre implicaciones de aprobar ley que usará fondos de previsión social

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada hizo saber hoy al titular del Legislativo, Mauricio Oliva, sobre las implicaciones que tendría la aprobación de la ley enviada por el Ejecutivo para utilizar los fondos de pensiones para programas de inversión pública.

«En las circunstancias actuales de incertidumbre y distorsiones graves en la economía, un proyecto de ley de esta naturaleza debiera ser consensuado con actores claves. El mismo contiene muchos elementos que podrían poner en duda su legalidad», indicó el presidente del Cohep, Juan Carlos Sikaffy.

El directivo consideró que «en principio, crear una sociedad mercantil por ley es contrario al principio de libre asociación voluntaria que rige en estas sociedades, atenta contra la buena gobernanza, diluye la responsabilidad de los miembros de la directiva, la exime de la aplicación de leyes y reglamentos que están vigentes para proteger los intereses del público y la autoriza para operar con recursos públicos sin prácticamente ninguna supervisión y eximiéndola del cumplimiento de normas que se crearon para proteger el interés público, en este caso particular, el de los afiliados a los regímenes de previsión social».

Es sumamente importante y necesaria la opinión del BCH y la CNBS -dice la misiva- en este proyecto de ley. «No debemos olvidar cuáles son los propósitos fundamentales del encaje, y de la reglamentación de inversiones de las instituciones financieras y de seguros; por lo que, por ley, los ajustes en ambos instrumentos son atribuciones específicas de estas instituciones y fueron creados con un propósito superior relacionado con el bien común».

«Asimismo, los incentivos fiscales que se pretende otorgarles, tendrían un fuerte impacto en los ingresos tributarios. Conociendo cuanto de los ingresos tributarios están ya comprometidos en diferentes exoneraciones; ¿Será prudente afectarlos más y en qué cuantía? Creo que esto agravaría el problema. Se deben considerar los problemas (sociales, políticos, económicos y financieros) que traería consigo si no se cuenta en la administración central con los recursos para pagar salarios, energía y el servicio de la deuda con el exterior», añade.

Sikaffy aseveró que «también es importante la opinión de los organismos multilaterales de crédito, especialmente del FMI. Para efectos de financiamiento externo a futuro que el país necesita y seguirá necesitando, la relación con ellos es esencial. Sería bueno dar a conocer el estudio presentado en 2019 por la UNOPS para constatar la recomendación y validar si en efecto se orienta a la creación de un régimen privilegiado para una sociedad mercantil particular, en detrimento de  otras sociedades similares que pudieran formarse al amparo de la legislación nacional, tanto financiera como tributaria».

«Al final, la función del Estado es crear las regulaciones e incentivos para que los privados
puedan formar este tipo de sociedades mercantiles o vehículos económicos, en las mismas
condiciones para todos. Además, hay contradicciones con leyes ya existentes que deben ser estudiadas por profesionales del derecho que nos orienten a una mejor comprensión del
alcance de otorgarle a esta ley un rango superior a cualquier disposición legal que se le
oponga», detalla el comunicado.

Al respecto, el presidente del Cohep aseveró en el texto que «creo que nadie pone en duda la urgente necesidad que tenemos en que los recursos disponibles para inversión sean manejados de una manera eficiente y transparente, el país lo necesita a gritos. Por eso, una iniciativa como ésta debe de ser consensuada para que verdaderamente pueda lograr los objetivos planteados, que se rescaten las propuestas valiosas y que efectivamente vengan a cubrir esos vacíos».

«En conclusión este proyecto de ley tan importante debe ser debidamente consensuado con los distintos sectores que pudiese afectar y sobre todo fundamentarse en principios de legalidad, transparencia, libre asociación y competencia, garantizando a través de un gobierno corporativo robusto el buen uso de recursos tan sensitivos como los son los caudales que pudieran ser aportados por fondos de previsión así como otros miembros del sistema financiero», cierra la carta.

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