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Comercialización de vacunas contra la COVID-19

Por: Juan Alfaro Posadas

El gobierno de la República a través de la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) suscribió la semana anterior con la empresa privada un convenio para la adquisición de un lote de más de 600 mil vacunas contra la COVID-19.

La compra la efectuará el gobierno, previa negociación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) con la firma farmacéutica que les proporcionará el producto.

El presidente del Cohep, Juan Carlos Sikaffy, aclaró que el dinero para esa compra lo facilitará esa organización, y ésta a su vez lo captará de sus empresas afiliadas, con vistas a inmunizar contra la pandemia a todos sus trabajadores.

Obviamente, que este acuerdo entre el régimen nacionalista de Juan Orlando Hernández Alvarado (JOHA) con la cúpula empresarial ha sido cuestionada por el gremio médico, sectores políticos y magisteriales, entre otros.

Sikaffy aclaró que la compra no se hace de manera directa a las farmacéuticas, porque éstas solamente venden vacunas a los gobiernos de los países que las solicitan, y no a particulares.

Creemos que con la suscripción de ese acuerdo empresa privada-gobierno, se termina de privatizar el derecho a la salud, en perjuicio del resto de hondureños que no tenemos acceso a ese recurso inmunizante, con lo cual nos condenan a la muerte.

La Constitución de la República, en vigor, reza que es obligación del Estado dar asistencia sanitaria gratuita y de buena calidad a todos los habitantes del país, pero con la suscripción de ese convenio se crean privilegios para los poderosos.

Como se sabe, el Congreso Nacional reformó recientemente la Ley General de Vacunas, lo cual permite que muchas organizaciones gremiales, instituciones asistenciales y de previsión social puedan adquirir dicho recurso inmunizante, por medio del gobierno de la República.

Por tal abuso, el Estado hondureño se hace merecedor a una demanda por el delito de lesa humanidad, ya que se pone en precario la salud del resto de la población que no tiene los recursos para adquirir la vacuna.

La administración de JOHA, en otras palabras, lo que busca es desmarcarse de la obligación y responsabilidad de atender la salud de todos los habitantes, y canalizarla a través de la empresa privada, la cual hará clavos de oro comercializando dicho producto.

Prueba de ello, es que no se ha querido comprar vacunas a ninguna empresa farmacéutica. Ni siquiera el personal de salud que está en primera línea atendiendo los casos de COVID-19 ha sido inoculado con las dos dosis requeridas.

Esta es la realidad que vive Honduras, mientras en el resto de países de Centroamérica – para no ir más largo – ya se inmunizó a los trabajadores de la salud y se aplica la segunda dosis a la población. Los gobiernos han recibido donaciones de vacunas, pero también han comprado.

Así las cosas, las vacunas inmunizantes de la COVID-19 se podrán encontrar en los laboratorios y hospitales privados, de las principales ciudades, a precios inimaginables que no estarán al alcance de los desempleados o de aquellos que no devengan ni siquiera el salario mínimo.

Ese negocio será similar al de las pruebas rápidas PCR – para detectar si se está contagiado o no del coronavirus – y que se adquieren en los laboratorios privados a precios elevados.

Desgraciadamente, estamos a merced de un régimen corrupto, incapaz, negligente, violador de los derechos humanos, cínico e hipócrita que constantemente miente a través de los medios de comunicación social.

Para revertir esa situación sólo nos queda tomar conciencia, organizarnos, unirnos y protestar sistemáticamente en las calles, usando el derecho a la insurrección, plasmado en el artículo 3 de nuestra Carta Magna.

Quedamos a la expectativa de cualquier decisión que al respecto adopte el Colegio Médico de Honduras en coordinación con las organizaciones populares y de la sociedad civil. De lo contrario, aquí nos contagiaremos todos (as) y tendremos una catástrofe humana sin precedentes en la historia del país.

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