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CIDH aconseja anular catálogo de delitos porque viola presunción de inocencia

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El catálogo de delitos plasmados en el artículo 184 Código Procesal Penal referentes al apresamiento de quienes hayan incurrido en ilícitos, es fuertemente cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya que se violentan las normas internacionales sobre la prisión preventiva.

La reciente visita de la comisión adscrita a la OEA dejó claro en las recomendaciones que dio al Estado de Honduras a fin de mejorar sus indicadores en materia de derechos fundamentales y viene a reafirmar la postura de actores clave ya que se vulnera la presunción de inocencia que está garantizada en la Constitución.

En consecuencia, la reforma hecha en 2013 por el Congreso que dirigió el actual titular del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, contiene unos 21 delitos que no son sujetos de medidas sustitutivas, por lo que se impone la supremacía de que los imputados son culpables mientras no se les compruebe su inocencia; de hecho, los jueces son los grandes perdedores con el decreto 56-2013 ya que si no se apegan a la norma, serán acusados de prevaricato y tampoco podrán defenderse en libertad.

Al respecto, la CIDH colocó entre sus recomentaciones que se deben «adoptar las medidas judiciales, legislativas, administrativas y de otra índole, requeridas para aplicar la prisión preventiva de conformidad con los estándares internacionales en la materia. El Estado debe promover, regular y aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva; y debe derogar las disposiciones que ordenan la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito, en particular, el artículo 184 del Código Procesal Penal».

Los comisionados concluyeron en este apartado que el controvertido artículo de la legislación penal confronta los parámetros constitucionales ya que debe existir -sobre todas las cosas- la presunción de inocencia y que la cárcel sea la excepción a la norma, es decir, que el acusado haya incurrido en un delito que sí transgreda la ley y sea merecedor de la detención mientras transcurre el proceso que pueda condenarlo o absolverlo.

Más alla de los reclamos de especialistas jurídicos y la petición de derogar el artículo 184 -cuya decisión tendrá que tomar la Sala Constitucional del Poder Judicial-  la CIDH pide que la prisión preventiva sea aplicada de acuerdo al derecho nacional e internacional y que las medidas sustitutivas sean establecidas siempre y cuando el sujeto transgresor de la ley no represente un peligro y esté en la voluntad de someterse a cualquier proceso para probar su inocencia o el Ministerio Público presente evidencias de culpabilidad.

Se debe dejar claro que la petición de nulidad del catálogo no es única y exclusivamente para quienes han sido acusados por la trama corrupta Pandora, pues cualquier ciudadano de a pie que se viera involucrado en cualquiera de los 21 delitos, entre ellos, lavado de dinero, contrabando y defraudación fiscal, no se vea vulnerado en su derechos constitucionales.

Sobre el tema, el especialista en derecho penal, Félix Ávila, expuso en un ensayo  publicado en 2016 que «creer que con la instauración de un régimen de medidas cautelares en el que impere la prisión preventiva como la regla general, y que con ello se potenciará la finalidad del proceso asegurando una condena contra las personas encarceladas, resulta absolutamente contrario a lo establecido en la Constitución de la República y en los Tratados sobre Derechos Humanos de los que Honduras es parte».

«En efecto -prosigue el análisis de Ávila- la Constitución de la República, en su artículo 69 proclama la libertad personal como un derecho inviolable y que sólo con arreglo a las leyes puede ser restringida temporalmente. Por su parte, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, de la que Honduras es parte, en el artículo 7 proclama que toda persona tiene derecho a la libertad, que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas».

Desde la perspectiva del estudioso, «en Honduras se atribuye a la prisión preventiva la función de anticipo de pena, con fines ejemplarizantes e intimidatorios, partiendo de la presunción de culpabilidad, entendiendo que la persona imputada es culpable, sin más, quebrantando con ello el derecho al estado de inocencia».

«Como consecuencia de lo anterior, el sistema penitenciario nacional no tardará en colapsar. Ante la reiterada violación a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los Convenios internacionales relativos a Derechos Humanos, Honduras será expuesta nuevamente ante los estrados de la justicia Como en ocasiones anteriores, seguramente deberá enfrentar condenas internacionales que la ubicará entre las naciones del mundo en donde se violentan los Derechos Humanos», sentencia.

CIDH CUESTIONA REELECCIÓN DE CHINCHILLA. «En relación con la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, persisten serios desafíos. La situación de impunidad estructural y la corrupción han erosionado la confianza en las instituciones públicas. El reciente proceso de elección del Fiscal General mostró la debilidad de la normativa y la necesidad de regular la misma. También resultó preocupante la falta de equilibrio entre los poderes públicos que permitan el óptimo funcionamiento del Estado de Derecho», aseguró la CIDH en su informe.

Los comisionados aseguraron entrelíneas que la continuidad de Óscar Chinchilla al frente del Ministerio Público es un acto de ventajismo en detrimento de otras personas que demostraron sobradas capacidades para gestionar de forma eficiente el monopolio de la persecución penal pública.

La intromisión de otros actores -como el Poder Ejecutivo-, degeneró en la imposición de Chinchilla, extremo que es visto con preocupación por la CIDH porque no hay una verdadera independencia en los poderes estatales que contribuyan en el fortalecimiento del Estado de derecho.

Otra de las conclusiones que se puede determinar respecto a la elección del fiscal jefe es que se debe modificar radicalmente los procesos de selección para efectos de democratización del sistema de impartición de justicia.

Sobre lac administración de la justicia, la Comisión Interamericana dejó plasmado en su informe que «ha seguido con especial atención la situación de los derechos humanos en Honduras. En ese contexto, la CIDH ha observado asuntos de orden estructural en materia de justicia, seguridad, desigualdad y discriminación, que han afectado durante décadas los derechos humanos de sus habitantes. A partir del golpe de Estado de 2009 se produjeron graves violaciones a los derechos humanos que afectaron a la población hondureña, y cuyas repercusiones persisten».

Para que exista un pleno disfrute de los derechos humanos, resulta indispensable que Honduras avance en su proceso de institucionalidad democrática, garantice una auténtica separación de poderes y fortalezca el Estado de Derecho, estableció el organismo.

Ante la situación de impunidad y violencia que históricamente ha enfrentado Honduras, el Estado debe redoblar esfuerzos para garantizar los derechos de la población y que ésta recupere la confianza en las instituciones estatales.

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