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Comisionada de DDHH ejerce cargo al margen de la Constitución y las leyes

Por: Juan Alfaro Posadas 

La titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Sarahí Izaguirre Lozano, no cumple con los requisitos plasmados en la Constitución de la República y las leyes para desempeñar ese cargo.
La señora Izaguirre Lozano, como se sabe, fue nombrada como Comisionada de Derechos Humanos en sustitución de Roberto Herrera Cáceres – a finales de 2020 en un viciado proceso -, sin que se realizasen entrevistas o audiencias, de acuerdo a las denuncias formuladas en ese entonces por diputados opositores al régimen cachureco que usurpa el poder en Honduras.
Izaguirre Lozano se identifica como profesional del derecho, pero el secretario del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Mario Roberto Urquía Fajardo, a través de una circular aclaró que ella no está inscrita en esa organización gremial, y en consecuencia, “no es procuradora ni abogada” y carece de facultades para ocupar la posición que le han asignado.
Según el artículo 5 de la Ley Orgánica del Conadeh, para ser rector de ese organismo, se requiere: “ser profesional de las ciencias jurídicas y sociales o profesional universitario versado en derechos humanos”.
La jefa del Conadeh fue elegida por una minoría de miembros del parlamento hondureño, a propuesta del legislador nacionalista, Mario Pérez, que aspira a la reelección en el movimiento de Mauricio Oliva Herrera.
El Conadeh, que tiene rango constitucional, forma parte de la Junta Nominadora para la escogencia de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Junta Proponente para la selección del Fiscal General del Estado, que actualmente es Oscar Fernando Chinchilla, incondicional de JOHA.
Chinchilla fue reelecto en el cargo, en 2018, en contra de la ley, pero su período de cinco años finaliza en 2023. En este mismo año concluye el de los quince magistrados de la CSJ, escogidos en 2016 para un término de siete años.
La comisionada Izaguirre Lozano, impuesta por JOHA, es hija del periodista nacionalista, José Danilo Izaguirre Bonilla, quien es uno de los setenta y siete informadores denunciados por recibir cuantiosas cantidades de dinero del Estado, sin ninguna justificación
En el caso particular de Izaguirre Bonilla, él fue beneficiado con treinta y tres cheques de la Casa de Gobierno, entre 2014 y 2016, por un valor de 2 millones 600 mil lempiras exactos, según la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público.
En ese caso de corrupción, denominado “Hermes”, se drenaron más de 120 millones de lempiras a través de una empresa de maletín que fundó y dirigió la desaparecida, Hilda Hernández Alvarado, hermana de Juan Orlando Hernández Alvarado, junto a otra que aparece como encubridora.
Es inconcebible que una funcionaria pública de ese tipo, represente a los hondureños en la defensa de los derechos humanos. No tiene el perfil profesional para el cargo ni reúne las condiciones éticas y morales. Es una vergüenza nacional e internacional.
Su padre, figura como uno de los periodistas tarifados, al servicio de la tiranía de Juan Orlando Hernández Alvarado, y ella fue nominada y juramentada una noche, en sesión del Congreso Nacional, vía Zoom, a propuesta del secretario de ese poder del Estado, Mario Pérez, violando los procedimientos legales.
Ese es uno de los muchos ejemplos claros, de cómo JOHA maneja los poderes del Estado, al estilo de una monarquía, y no de una República, como es Honduras – con sus tres poderes del Estado, independientes, sin relaciones de subordinación y complementarios -, bajo los principios de separación de poderes, establecidos por el pensador Montesquieu.
En virtud de lo anterior, dicha señora está obligada a renunciar de inmediato al cargo que ostenta ilegalmente, y dar paso a que el poder Legislativo elija a otro (a) ciudadano (a) con idoneidad, respetando la Carta Magna, la Ley del Conadeh y el ordenamiento jurídico del país.

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