Conflictos de ASJ: silenciaron anomalías del fideicomiso de salud a cambio de favores

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(Cuarta parte) El Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh) estableció en una investigación que alrededor de 18 mil millones de lempiras se encuentran distribuidos en unos 67 fideicomisos, los cuales permanecen en absoluto secreto.

Entre los fideicomisos que permanecen en el absoluto silencio es el suscrito entre la Secretaría de Salud y el Banco de Occidente, por un monto de tres mil 500 millones de lempiras, cuyas irregularidades han sido calladas de forma dolosa por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presidida por Carlos Hernández.

Un análisis hecho en el marco del convenio suscrito entre ambos organismos surgen falencias relacionadas con el contrato del fideicomiso, entre ellas, que no hay claridad en los aspectos relacionados con la compraventa y reposición de fármacos, asimismo, los proveedores pueden hacer interpretaciones a su favor, por lo que se benefician de las lagunas que plantea el convenio.

De hecho, entre los hallazgos efectuados por ConfidencialHN están los débiles mecanismos de pago a los proveedores, en la cual no existen exigencias en la presentación de un acta de recepción definitiva y evidencia que ya se le pagó a las distribuidoras en caso de que se descubran faltantes en los fármacos requeridos para atender a la población.

Aunque la oenegé presidida por Hernández se ha venido jactando de sus incursiones en el sistema sanitario y los “resultados” que han obtenido, se demuestra que han sido pocos porque, a través de los fideicomisos, inició un silencioso proceso de privatización de la red hospitalaria; de hecho, una de sus interventoras, Amanda Madrid, se ha visto beneficiada con la cesión de clínicas y hospitales públicos de Olancho a la fundación Predisan.

El silencio de la ASJ llegó al paroxismo de la complicidad, pues no ha denunciado las graves fallas del método “transparente” de la compra y distribución de medicinas e insumos, entre ellas,  que no se cumple con el deber de custodiar los documentos de todas las compras por un plazo igual o mayor a 10 años, según lo estipulado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con el objeto de que estén disponibles a procesos de auditoría.

Asimismo, no hay regulaciones mínimas para la selección y asignación de personas naturales en el Comité de Evaluación y en el Comité Técnico administrador de los fondos, sobre temas de inhabilidades y conflictos de intereses, pues se pretende reducir a la mínima expresión cualquier caso de corrupción durante la evaluación de las ofertas; tampoco hay mecanismos para la analizar y determinar criterios para calificar a los oferentes.

Otro de los hallazgos efectuados por este periódico está que no se establece cuáles son los métodos para evaluar ofertas ni criterios y Salud o el Comité Técnico no cuenta con un reglamento interno para manejar el fideicomiso. Tampoco hay expedientes unificados de todos los procesos que se han efectuado para efectos de transparencia y de auditoría interna y externa. Respecto a la emergencia declarada en salud decretada, la Secretaría de Salud debió notificar y remitir todos los contratos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), sin embargo, no cumplió con la orden.

En consecuencia, la ASJ sabe de muchas irregularidades que se han presentado en los procesos de compras amparados al trasluz del fideicomiso y jamás protestaron; tampoco han pedido auditorías que puedan dar seguimiento a los pagos que se efectuaron a las empresas que proporcionaron insumos. En la declaración de los estados de emergencia decretados al sistema sanitario, se generaron en el marco del instrumento jurídico para que se efectuaran compras directas y que jamás se pudieron justificar.

También calló las irregularidades que incurrió la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, en inglés) porque jamás capacitó al personal en compras y contratación de bienes y servicios, por lo que evidencia que no hay un encargado de dar seguimiento efectivo y oportuno a las obligaciones de este órgano. Se deja claro que no se puede garantizar que se están cumpliendo los objetivos del convenio de asistencia con la entidad internacional, a pesar de que se esté pagando un alto costo monetario.

UNOPS, dice el informe de ASJ, no hizo casi nada por modernizar y eficientar los procesos ya que incurrió en fallas garrafales al no acompañar los procesos por los cuales se les pagó más de 34 millones de dólares. Al cierre de esta investigación, no hay informes de la Secretaría de Salud sobre rendición de cuentas en el multimillonario pago que se le efectuó al organismo especializado de la ONU.

“No se llevó un registro de proveedores que incumplieron con sus obligaciones contractuales en reiteradas ocasiones para aplicarles sanciones e inhabilidades. Esto ocasionó que se siguieran adjudicando contratos a empresas que ya habían incumplido en anteriores procesos de compra. Por ejemplo, se pudo evidenciar que las empresas Hasther y Americana mostraron incumplimientos contractuales en tres años consecutivos”, señala uno de los apartados del informe que publicó ASJ, pero curiosamente silenció cualquier denuncia.

Una investigación de este periódico confirma que esta organización tuvo una activa participación durante 2013 en varias intervenciones en la Secretaría de Salud, precisamente, en el Almacén Central de Medicamentos para recolectar la información afín a sus intereses y se dedicaron a “monitorear” a los funcionarios para denunciarlos en el momento que incurrieran en irregularidades, pero esa función mermó desde que Hernández y Omar Rivera fueron incluidos por el presidente Juan Orlando Hernández en la junta interventora policial, educativa y sanitaria.

ConfidencialHN encontró un documento presentado el 30 de julio de 2015 por la ASJ, el cual fue calificado de “novedoso”, denominado Sistematización de las compras y contrataciones realizadas en el marco del fideicomiso de administración para la adquisición de medicamentos, material médico quirúrgico, insecticidas e insumos suscrito en 2014 por la Secretaría de Salud y Banco de Occidente que quedó muy corto a pesar de que fue aprobado por el presidente Juan Orlando Hernández y que erradicaría para siempre cualquier denuncia de corrupción en Salud.

Las conclusiones -ninguneadas por Hernández- resaltan “una baja evaluación que se deriva bien de la falta de obediencia a las normas o de la falta de documentación de respaldo que dé transparencia y confiabilidad a los procesos y mecanismos, especialmente en el eje de Compras y Contrataciones, donde obtiene una puntuación de 37%, seguido por el eje de Gestión de RR. HH. con un 57% de cumplimiento”.

La Asociación para una Sociedad más Justicia concluyó que tanto el banco fiduciario y la oficina de la ONU de que “particularmente en el tema de transparencia, la gestión realizada por UNOPS y el banco fiduciario ante la cual pareciera que hay una percepción de mejoramiento en la gestión operativa. Sin embargo, el estudio identificó que no es así. Es importante aclarar que ambas instituciones (UNOPS y el Fiduciario) contaban con una justificación legal para no facilitar información a ASJ y a terceros (acceso a la información pública y transparencia); no obstante, el banco fiduciario accedió a brindarla como un acto de colaboración y de apertura para la mejora del sistema y con el ánimo de contribuir a la transparencia. Esto no sucedió con la UNOPS, lo cual contradice los valores que como institución desea promover a lo interno y exige a los países”.

Resulta hasta insólito que ASJ, en el informe confidencial de 2015, admite que la “implementación del actual mecanismo, no representa una solución inmediata ni global al marco general de las compras en materia de Salud, sino más bien paliativa”.

La ASJ indicó que si bien la centralización de las compras provocará ineficiencia, pero la descentralización es la alternativa “más viable”, aunque la “corrupción esté de por medio”.

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