HomeNacionalCongresistas de EE.UU. exigen suspensión de fondos ante el continuismo de JOH

Congresistas de EE.UU. exigen suspensión de fondos ante el continuismo de JOH

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Diecisiete miembros del Congreso de EE.UU. han criticado el ventajismo que incurrió el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, al postular su candidatura a la reelección, pasando por alto el estamento legal y un cuestionado fallo judicial.

En una carta enviada por un grupo de influyentes senadores norteamericanos al jefe de la diplomacia John Kerry, mandan a pedir que se suspenda de inmediato el 50 por ciento de fondos estipulados en la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2016, ya que están preocupados por la falta de Estado de Derecho en Honduras.

Los representantes de varios Estados de la nación del norte advierten en la misiva sobre los actos de corrupción cometidos por el régimen, masivas violaciones a DDHH, alta impunidad con fuertes dosis de componendas para repartirse la institucionalidad –en el caso de la actual Corte Suprema de Justicia– y la creciente militarización de la seguridad ciudadana.

Asimismo, añade la carta, revela los señalamientos hacia el secretario de Defensa, Samuel Reyes, de tener nexos con el narcotráfico, según declaración de un exoficial (Santos Rodríguez Orellana) y un informante de la agencia antidroga de EE.UU. (DEA) y cuestionan la falta de certificación de indicadores para permitir que Honduras pueda acceder a la asistencia federal que ofrece Washington al Triángulo Norte de Centroamérica.

El documento, con fecha 15 de diciembre de 2016, detalla la petición al secretario de Estado en retirar la certificación a Honduras sobre la entrega de multimillonarios recursos, en particular, los de la Alianza Para la Prosperidad.

ConfidencialHN publica la traducción fiel de la carta enviada por los congresistas al jefe de la diplomacia de EE.UU.

Honorable John Kerry

Secretario de Estado

Departamento de Estado de EE.UU.

2201 C Street, NW

Washington, D.C. 20520

Estimado Secretario Kerry:

Le escribimos para expresar nuestra preocupación con respecto a la grave situación de los derechos humanos y el deterioro continuo del estado de derecho en Honduras.

Estamos preocupados particularmente por la certificación del Departamento de Estado del 30 de septiembre de 2016, afirmando que el gobierno de Honduras ha cumplido con las condiciones puestas por el Congreso sobre el 50 por ciento de la ayuda a Honduras para el año fiscal 2016, y pedimos que usted revoque esa certificación.

Como usted sabe, la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2016 requirió que el Departamento de Estado investigara y reportara si el gobierno central de Honduras está tomando pasos efectivos para “combatir la corrupción, incluyendo investigar y enjuiciar a oficiales del gobierno señalados por ser corruptos”, para implementar políticas para “mejorar la transparencia y fortalecimiento de las instituciones públicas” incluyendo la independencia de la rama judicial, e “investigar y enjuiciar en el sistema de justicia civil a los miembros de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales sospechados de haber violado los derechos humanos, y asegurar que los militares y la policía estén colaborando en tales casos.”

También se ha requerido que el gobierno tome pasos efectivos para crear una fuerza policial que rinda cuentas y “reducir el papel de los militares en la policía doméstica”. Si están ausentes estos hallazgos y una certificación del Departamento de Estado, el Congreso requiere que la agencia retenga el 50 por ciento del financiamiento en ayuda exterior a Honduras.

Creemos que el Departamento del Estado se equivocó en certificar el cumplimiento de Honduras con estos requisitos. Hay evidencia significativa de que la impunidad, la corrupción y la violación de los derechos humanos continúan en Honduras sin que se disminuyan. Por ejemplo, el presidente Juan Orlando Hernández y su Partido Nacional han admitido que robaron fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social y los desviaron a las arcas de campaña para las elecciones del 2013; sin embargo, el Fiscal General no les ha enjuiciado.

Se ha documentado que violaciones graves a derechos humanos se han cometido en el caso de Héctor Iván Mejía, el Director de Organización, Adiestramiento y Operaciones de la Policía Nacional de Honduras (la tercera posición más alta) y él está al mando. Recientemente, un capitán de los Fuerzas Armadas de Honduras y, anteriormente, un informante de la DEA ha alegado que el secretario de Defensa, Samuel Reyes, es narcotraficante.

Aunque se está exhibiendo con mucha fanfarria una aparente limpieza de la Policía, la Comisión Depuradora incluye a un líder del golpe de Estado de 2009. La Comisión reporta que se han destituido a cientos de miembros por supuestos actos de corrupción. A la fecha, ningún caso ha sido enviado al Ministerio Público para su judicialización.

Se sigue socavando la independencia judicial, lo que contribuye a la mayor impunidad. En febrero de 2016, el Congreso Nacional de Honduras eligió una nueva Corte Suprema de Justicia en un proceso que ampliamente fue denunciado por su ilegalidad y falta de transparencia.

En octubre de 2016, el gobierno anunció que no reintegrará a cuatro jueces que fueron ilegalmente despedidos porque públicamente expresaron su oposición al golpe de Estado, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó el reintegro. En el mismo mes, el Congreso de Honduras nombró a un nuevo tribunal anticorrupción en un proceso ampliamente criticado.

El papel de los militares en la Policía Nacional también se sigue expandiendo en violación de la Constitución hondureña. En agosto de 2016, el gobierno anunció la creación de dos batallones adicionales de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) que responde al mando militar, pero desempeña funciones policiales.

Los grupos de DDHH han documentado múltiples graves violaciones de los derechos humanos e impunidad por la PMOP. Otro alarmante ejemplo de la expansión militar en la Policía Nacional, es la fuerza interinstitucional Fusina que combina agencias civiles y militares, incluyendo a la Policía, en un solo cuerpo bajo la supervisión militar.

Además de estos requerimientos, notamos que la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2016 también ordenó que el gobierno central de Honduras creara una “entidad autónoma que rinde cuentas al público y provee vigilancia” al Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte; implementa políticas que garanticen la consulta con comunidades locales afectadas y con grupos de sociedad civil, incluyendo los grupos indígenas, en cualquier actividad del plan,  mejorar la transparencia, colaborar con las comisiones contra la impunidad y los grupos regionales para los derechos humanos y proteger el derechos de la oposición política, periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y de otros activistas de la sociedad civil para poder operar sin ninguna interferencia.

Sin embargo, no se ha puesto en marcha ninguna instancia de monitoreo. Una nueva “Ley de Secretividad” que sella los récords del gobierno ha dramáticamente disminuido la transparencia. El asesinato de la líder indígena Berta Cáceres en marzo de 2016 da realce al fracaso ilegal y constante del gobierno en consultar con los grupos indígenas y afroindígena sobre la construcción de represas hidroeléctricas y otros proyectos de desarrollo. Además, se sigue amenazando la libertad de activistas como Cáceres cuando ejercen derechos civiles básicos, a menudo en forma fatal.

El mismo presidente Hernández ha acusado en reiteradas ocasiones y ante el público a defensores de DDHH de socavar el país. El gobierno no ha implementado una ley, aun notablemente débil, que fue diseñada para proteger a los defensores de los derechos humanos.

El gobierno ha fracasado en cumplir con una orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exigió la protección de más de 300 hondureños. Esto ilustra el fracaso sostenido del gobierno de Honduras en colaborar con los grupos regionales de derechos humanos, tal como es requerido por el Congreso. La nueva Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), formado por la Organización de Estados Americanos en 2015, ha reportado que el gobierno de Honduras no ha aprobado la nueva legislación que esta entidad había recomendado y que el gobierno no colabora con ella.

Finalmente, nos preocupa una declaración reciente en la cual el Departamento de Estado declara que EE.UU. no se opone a la reelección presidencial en Honduras aunque la Constitución nacional prohíbe la reelección y lo considera como acto criminal que el presidente de turno abogue por ella. Al emitir esta declaración a pocos días después que el presidente de Honduras haya anunciado su candidatura para la reelección, el Departamento de Estado demuestra una preocupante falta de respeto por el Estado de derecho en Honduras y simultáneamente apoya una administración con una larga trayectoria de socavarlo.

Le pedimos revocar inmediatamente la certificación del 50 por ciento de los fondos localizados en la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2016 que están sujetos al cumplimiento con las condiciones necesarias para los derechos humanos.

En términos más amplios, le pedimos que repiense el apoyo de EE.UU. a un gobierno con una larga y establecida trayectoria de violaciones a los derechos humanos y la concertada falta de respeto para el estado de derecho.

Sinceramente,

Miembros del Congreso de EE.UU.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Atentan contra depur
Objeciones de EE.UU.
Rate This Article:
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT