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Congreso hondureño “aplazado” en transparencia legislativa

::: El Congreso Nacional se encuentra ubicado sólo por detrás de Venezuela, en el puesto número 12 de 13 países evaluados :::

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Organismos nacionales e internacionales que realizan veedurías en el cumplimiento de leyes ligadas a la transparencia administrativa, presupuesto y normativa, demuestran que “el Poder Legislativo de Honduras se ha aplazado”.

En ese sentido, recientemente la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL), en su quinta edición del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2020, calificó en penúltimo lugar al Congreso hondureño, por debajo de la media regional.

El estudio se desarrolló con el apoyo del Programa de Cooperación de la Unión Europea con América Latina EURO Social, que en esta ocasión evalúo a 13 Parlamentos de Latinoamérica sobre la existencia de políticas de apertura y transparencia bajo los estándares de parlamento abierto.

En esta edición, los países evaluados son: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.

La media regional obtenida es de 39,6 por ciento, siendo Chile el país que obtuvo el mayor puntaje, con 59,6 por ciento, y Venezuela el peor evaluado con un puntaje de 16,3 por ciento. Honduras es el segundo peor evaluado, con 21,8 por ciento.

“El Congreso Nacional de la República de Honduras presenta un resultado altamente deficitario en su nivel de transparencia, ya que se encuentra muy por debajo del promedio regional, situándose en el penúltimo lugar del ILTL”, menciona el informe.

El resultado negativo se atribuye a que, a pesar de contar con un marco normativo en materia de transparencia, paralelamente existen una serie de restricciones informativas como, por ejemplo, la falta de publicidad de las declaraciones patrimoniales; la inexistencia de declaraciones de intereses; y la falta de normativa respecto a las actividades de cabildeo o lobby, explica el detalle del informe.

Asimismo, menciona que hay importantes restricciones en el acceso a la información en materias propias de la labor del Congreso, ámbito en el cual, por ejemplo, sólo se puede acceder a limitada información respecto de la tramitación legislativa y no se cuenta con acceso alguno a las funciones de control político.

De igual forma, en lo que se refiere al presupuesto del Congreso Nacional, seis de los 10 ítems evaluados para esta dimensión arrojan un 0 por ciento de cumplimiento.

“Es la dimensión de menor valoración del Congreso. A nivel de la región también se encuentra bajo la media regional y dentro de los dos puestos más bajos junto a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Seis de los diez ítems evaluados para esta dimensión arrojan un 0% de cumplimiento”, reza el escrito.

Con la Participación Ciudadana pasa algo similar, ya que seis de los 13 ítems considerados en esta materia por el ILTL cuentan con un 0 por ciento de rendimiento.

“Al igual que las otras dimensiones evaluadas, ésta se encuentra bajo la media regional y dentro de las dos posiciones de menor valoración. Seis de los 13 ítems considerados cuentan con un 0% de rendimiento”, añade el informe.

Por otra parte, identificó una restricción relevante en el camino hacia una mayor transparencia legislativa en el Congreso, que deriva del hecho que no cuenta con planes de parlamento abierto.

Sociedad civil lamenta la calificación

Días atrás cuando se reveló el informe, el director de Investigaciones de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, manifestó que es lamentable la puntuación que obtuvo Honduras en la quinta edición del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2020.

Es por ello, dijo Ramírez, que es penoso que Honduras se encuentre en la cola del índice de transparencia legislativa, tomando en cuenta que esta es la primera medición que se le hace al país a nivel de Latinoamericano.

“Aquí la puntuación es la más baja, y en consecuencia, las recomendaciones son a mi parecer, que el nuevo Congreso debe ser mucho más fragmentado”, expresó el investigador.

En este tipo de evaluaciones se toman en cuenta varios elementos, uno de ellos el marco normativo del Congreso, no sólo su Ley Orgánica, sino lo que contempla la ley en términos de transparencia, agenda legislativa, participación interna, principios de igualdad política, es decir, los elementos de la gobernanza y gobernabilidad.

Además, mencionó que el Legislativo no es una instancia vertical como el Ejecutivo, ya que el Congreso es una asamblea y la función del presidente de este poder del Estado es coordinar dicha asamblea.

“Pero nuestra legislación es una instancia muy vertical donde el presidente del Congreso Nacional impone la agenda y decide quién habla y quién no”, precisó.

Abrigó esperanzas porque el partido político que presida el Legislativo, a partir del 25 de enero de 2022,  no sea el mismo que controle el Ejecutivo, ya que las cosas pueden ser diferentes dando la oportunidad a que el Congreso se democratice y tenga una proyección ciudadana mucho más agresiva, transparente y realmente ponga en práctica una agenda legislativa de conocimiento público.

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