Tuesday, Nov 12, 2019
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Conspiración gringa

(Por Edmundo Orellana)

Es lo que alega el gobernante para defenderse del señalamiento de la Fiscalía gringa en la corte del distrito sur de Nueva York, en la que se declaró culpable a su hermano.

El gobernante acusa, por consiguiente, al pueblo de Estados Unidos de construir alevosamente un proceso que apunta hacia su gobierno, porque ese pueblo decidió, en su condición de Gran Jurado, la acusación formal, y, en calidad de Jurado de la corte, la declaratoria de culpabilidad.

Acusa también al gobierno de Estados Unidos, porque fue en el seno del Departamento de Justicia de ese país en donde se fraguaron las pruebas “pirujas”, puesto que la DEA y la Fiscalía son funciones suyas. En efecto, fueron los agentes de la DEA los que aportaron las pruebas, producto de la respectiva investigación, y fueron los fiscales los responsables de los alegatos jurídicos que convencieron al Gran Jurado para presentar la acusación y al Jurado de la corte para declarar la culpabilidad. La DEA y los fiscales fueron, desde la lógica de la defensa del gobernante, los peones de este fraudulento caso impulsado por el Procurador General de los Estados Unidos, en quien se apoyó el fiscal del caso para proferir esa mentira perversa de que en nuestro país el gobierno patrocina el narcotráfico.

También involucra en la conspiración al Poder Judicial gringo. Porque el juez, que se apresta a dictar el fallo, a criterio del gobernante, pérfidamente ignora lo evidente: que las pruebas son el producto de una maquinación siniestra del gobierno de Estados Unidos en colusión con los criminales que odian a su gobierno por la efectiva lucha antinarcóticos desarrollada desde que era diputado-presidente del Congreso Nacional.

Resiente el gobernante que la más grande potencia mundial no reconozca ese tremendo esfuerzo, poniéndose del lado de los capos de la droga y a su servicio para perpetrar su venganza. Ahora resulta, según lo dicho por el fiscal, que de aliado o, como se acostumbra a decir en el argot neoliberal, “socio” de los Estados Unidos pasó a ser el país cuyo gobierno amenaza su seguridad, patrocinando el narcotráfico hacia su territorio.

Por ser un caso inédito, en el que la justicia federal gringa oficialmente considera que un país amigo tiene un “narco-gobierno”, ha sido objeto de interés de la prensa internacional y provocado preocupación en la cooperación internacional y en la empresa privada extranjera, puesto que toda transacción financiera hacia o desde el sistema financiero hondureño se presumirá sospechosa y, por tanto, sometida a rigurosos controles.

Ese calificativo de “narco-gobierno”, que, en la lógica de la defensa del gobernante, es consecuencia de la perversa conspiración gringa, comprende a los poderes públicos, porque, según nuestra Constitución, son estos los que constituyen el gobierno.

Se cuidaron -meticulosos los gringos- de no calificar de “narco-estado” al hondureño, porque en tal imputación estaría comprendido el pueblo, parte indisoluble del Estado. Por eso lo de “narco-gobierno”, con lo que se alude únicamente a las instituciones estatales. Dicho de otro modo: la acusación es contra los altos funcionarios del Estado, no contra el pueblo de Honduras.

El pueblo, entonces, nada resiente porque no ha sido ofendido. Que se resientan los altos funcionarios, si es que están libres de pecado. De ahí, que debemos exigir del gobernante que en su defensa no se escude en la investidura que ilegalmente ostenta, no porque sea ilegal, sino porque involucra a quien no ha sido aludido: el pueblo hondureño.

Defiéndase, señor gobernante, porque tiene derecho legal, pero como persona particular, contratando abogados para que hablen por usted, porque defendiéndose personalmente, siendo que ostenta, aunque ilegal, la condición de Jefe de Estado, nos compromete a los hondureños en esa “guerrita” de supuesta dignidad en contra de los Estados Unidos, que no nos concierne, y que, inexorablemente, perderá. Igualmente, debe abstenerse de utilizar los medios y recursos a su disposición como gobernante, porque esos medios y recursos están destinados para el servicio público, no para uso personal. Está bien que financie campañas sobre lo que hace su gobierno, pero no para defenderse del sistema judicial gringo.

Si insiste en desafiar a los gringos, más duros serán cuando decidan pasarle factura. No será de inmediato, porque, mientras les convenga su permanencia en el poder, estará seguro, pese a la declaratoria de “narco-gobierno”. Las sufrirá cuando termine su período. Su futuro fuera del poder es incierto, ciertamente.

Lo que no es justo es que deshonre su patria, utilizándola como escudo para defenderse, arrastrando a los gobernados, a quienes debe respeto y consideración, a sufrir gravísimas consecuencias.

Su deber, como estadista, es preservar el honor de la República. No lo mancille más, renuncie.

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