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Conspiran contra funcionaria judicial por enviar a fiscalía expediente de cuestionado juez

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Una alta funcionaria del Poder Judicial está siendo acosada por el cuestionado juez nacional Claudio Aguilar, en connivencia con el titular del alto tribunal de justicia Rolando Argueta, ya que su único «error» fue haber enviado el expediente al Ministerio Público ya que encontró indicios de responsabilidad penal en su función como operador de la ley.

Periodistas de Radio Globo ConfidencialHN dialogaron en exclusiva con la afectada -quien pidió permanecer en condición de anonimato- de que está siendo sujeta de fastidio y hostigamiento por ambos personajes, quienes están buscando los mecanismos para que sea dada de baja del sistema judicial en venganza porque dejó en evidencia los delitos que habría cometido Aguilar desde su posición de juez de jurisdicción nacional.

La afectada denunció que se ha visto agobiada por ambos y que el acoso se ha recrudecido en los últimos días luego  que decidiera remitir un voluminoso expediente que confirmaría la participación de Aguilar en delitos que van desde el abuso de autoridad hasta el prevaricato.

Esa presión se ha venido radicalizando con la intromisión de funcionarios de la embajada de EE.UU., pues está interviniendo a favor del controvertido juez, a pesar de que cuentan con vasta información que lo sindican a irregularidades que estaría cometiendo.

Si bien no profundizó sobre la intervención de EE.UU. en defensa de Aguilar, todo apunta a que la representación norteamericana en Honduras estaría conforme con el trabajo de esta persona aunque tienen conocimiento que existen muchos señalamientos en su contra y que han sido desestimados, los cuales están vinculados a la violación al debido proceso.

Aseveró en el diálogo que sostuvo con estos medios -a quienes autorizó a publicar el hecho, manteniendo su nombre en privado- que Argueta está utilizando a un emisario para realizarle fuertes llamados de atención porque nunca debió remitir la causa a la unidad especializada de enjuiciamiento a operadores judiciales, por lo que sus días como funcionaria estarían contados.

Según esta persona, sobre Aguilar habrían indicios responsabilidad penal, aunque no contaba con que el juez es uno de los consentidos de Argueta y del jefe del régimen nacionalista Juan Orlando Hernández, quien maniobró para colocarlo en ese puesto a través del todopoderoso Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que es controlado a sus anchas y en el que están subordinados el fiscal general Óscar Chinchilla y el mismo Argueta.

https://www.facebook.com/confidencialhn/videos/1434357366678870/

Cabe recordar que en septiembre anterior, Argueta se había comprometido en trasladar el juzgado que opera en el cuartel General José Trinidad Cabañas, ubicado en la periferia sur de la capital, hacia los tribunales antiextorsión; sin embargo, jamás cumplió su promesa de hacer realidad tal acción.

La principal razón por la que se cambiaría de domicilio es porque opera en un cuartel de las FFAA y, por lo tanto, su actual ubicación no es la correcta.

Desde hace varios meses se había acordado que Aguilar saliera de la sede de Fusina ya que surgieron denuncias de los que una vez fueron imputados por supuestos delitos y que lograron recobrar su libertad ya que alegaron violación de sus derechos.

Aguilar suele tener la mala fama de enviar a prisión a los detenidos -sin evaluar las atenuantes que ya establece la ley- en operativos que realiza la fuerza multitarea que fundó Hernández en 2014; uno de los perjudicados por el juez fue un niño de 10 años y sus tías, pues fueron procesados porque el togado jamás observó que él era un menor de edad y se le acusó de haber pagado una fuerte suma de dinero para asesinar a una persona.

El apoderado del menor, Óscar Cálix, consideró en su momento que no se lo puede juzgar porque la legislación penal ordena que sólo los mayores de 14 años pueden ser sujetos a un juicio y «el expediente que pende contra él es estrictamente para mayores de edad».

«A ellas (las tías) las detuvieron porque les dijeron que tenían orden de captura…con el menor no se han atrevido en irlo a detener a su casa o escuela cuando él sale de segundo grado», declaró el litigante en 2017 en una entrevista con este periódico.

La orden de captura contra el niño fue emitida por el mismo Aguilar y el Ministerio Público emitió el respectivo requerimiento fiscal, «por lo que se violaron garantías constitucionales y al debido proceso, porque en ningún momento se debió dar una orden de captura contra el menor y esos casos los debe conocer un juzgado de la niñez».

Otro hecho que quedó en la impunidad es que atropelló a un agente de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI) cuando trató de evadir un retén policial.

Se informó que Aguilar conducía en estado de ebriedad cuando lesionó al agente Deonelsy Rivera Mateo; sin embargo, un funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), alegó que estaba sobrio al momento que fue requerido.

Tras el hecho, no se formalizaron cargos contra el juez nacional, quien al momento del hecho se conducía en una camioneta Toyota Land Cruiser Prado.

 

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