HomeNacionalControvertido juez hondureño prevaricó al enjuiciar a menor de edad por un crimen que no cometió

Controvertido juez hondureño prevaricó al enjuiciar a menor de edad por un crimen que no cometió

TEGUCIGALPA, HONDURAS

A pesar que la defensa del menor José Luis Rodríguez Ramos -juzgado por haber conspirado para matar a una persona, presentó pruebas fehacientes sobre la edad del imputado-, el polémico juez Claudio Daniel Aguilar Elvir, no quiso hacer caso a los alegatos de la parte afectada, según el documento que tiene este periódico en su poder.

El acta de declaración coadyuvante 0801-20170-0592, elaborado en fecha reciente por la Inspectoría de Tribunales, constata que Dolly Mabel Ramos Torres, madre del niño que fue acusado, fue citada para que explicara qué ocurrió durante el juicio que la llevó a estar detenida de forma arbitraria durante 29 meses en una cárcel femenina, cómo fue la conducta del juez Aguilar.

Resulta que la Inspectoría abrió un expediente investigativo contra el togado por prevaricar (dictar resoluciones arbitrarias a sabiendas que va contra la ley) en el caso de esta familia; de hecho, el servidor judicial tiene un prontuario de faltas que colindan con la inmoralidad. Hasta ahora, el polémico personaje se ha salido con la suya.

«El juez era sabedor de que se trataba de un menor de edad desde el día que nos presentamos voluntariamente al juzgado (de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, Fusina) ubicado en el Batallón (Cuartel General del Ejército)…el abogado Norman Reaños se lo dijo al juez pero él no hizo caso y siguió interrogando a los tres, el abogado le quiso explicar al juez que era era una forma de demostrar la inocencia de todos nosotros, incluido mi menor hijo, porque no hubo investigación investigación objetiva del caso», narró la afectada.

Recordó que cuando el juez les preguntó si iban a declarar y respondieron que no, las desalojó de la sala de audiencias y horas después las trasladaron a la Penitenciaría Nacional Femenina de Támara, donde pasó junto a su hermana Delfina casi tres años privada de libertad.

«Después nos llamaron que teníamos prisión preventiva, y nos volvieron a llevar a Támara donde estuvimos dos años y cinco meses hasta que fuimos a juicio oral donde se demostró nuestra inocencia obteniendo una sentencia absolutoria. Lo que quiero es que se nombre el nombre de mi hijo del expediente porque es víctima inocente de esta mala acción contra nosotros», rememoró la madre del infante quien, al momento de ser «requerido», apenas tenía 10 años.

La progenitora detalló en las preguntas que le realizó el inspector de tribunales Óscar Avilés, sobre el calvario que vivió entre 2015 y 2017, cuando Aguilar y el fiscal asignado a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), Luis Cardona, se ensañaron contra ellos al sindicarlos de atentar contra una persona en una comunidad del nororiental departamento de Olancho.

En la escuela, al infante le decían que «era el prófugo de la justicia y ha quedado con miedo al ver a los policías, yo le hablo y le digo que no pasa nada, que no se preocupe y que no tenga miedo porque todo fue una equivocación por una mala investigación, somos cristianos y por eso hacemos las cosas a la ley de Dios».

Ramos aseguró al inspector que, en su momento, altos funcionarios del Poder Judicial, pretendieron convencerlos al indicarles que se «trataba de un homónimo, pero en mi pueblo y en mi familia no hay nadie con ese nombre, sólo mi hijo y eso pueden investigarlo».

El menor, quien tiene unos 12 años en la actualidad, está siendo tratado por un sicólogo, ya que «se ha visto afectado por todo esto al escuchar a la familia que habla de este problema. Lo que pretendo con esta declaración es que se limpie el nombre de mi hijo que ha quedado traumado, del juez Claudio Aguilar Dios se va a encargar, nos tuvo separados de nuestra familia, mi madre murió en el proceso, a mi hermano lo mataron antes de ser procesados».

Sobre el tema, el apoderado del menor, Óscar Cálix, explicó en su momento a ConfidencialHN que no se puede juzgar a Rodríguez Ramos porque la legislación penal ordena que sólo los mayores de 14 años pueden ser sujetos a un juicio y el expediente que se le abrió «es estrictamente para mayores de edad».

Responsabilizó al juez Aguilar de haber enviado a proceso judicial al niño, a la madre y una tía, quienes al desconocer las normas legales se abocaron al juzgado que conoció de la causa y fueron detenidas de inmediato.

«A ellas las detuvieron porque les dijeron que tenían orden de captura…con el menor no se han atrevido en irlo a detener a su casa o escuela cuando él sale de segundo grado», fustigó en aquella ocasión.

La orden de captura contra el niño fue emitida por el juzgado al servicio de Fusina y el Ministerio Público pidió el arresto inmediato del perjudicado y la autora de sus días, «por lo que se violaron garantías constitucionales y al debido proceso, porque en ningún momento se debió dar una orden de captura contra el menor y esos casos los debe conocer un juzgado de la niñez».

Este periódico presentó evidencias, basados en documentación certificada por el Registro Nacional de las Personas, sobre la edad del infante, pero el controvertido juez nunca reparó en que libraba una orden de captura contra un menor de edad; una partida de nacimiento expresa de forma clara que José Luis Rodríguez Ramos nació el 26 de junio de 2006, por lo que se encuentra en edad escolar y no puede ser juzgado por ser iun infante y por carecer de la «madurez» para perpetrar un crimen u ordenarlo.

Asimismo, las autoridades, como una forma de blindarse de cualquier culpa en su contra, utilizaron testigos protegidos, entre ellos, un allegado a la Policía Nacional, para volver «sólido» cualquier indicio y que se mande a la cárcel a los sindicados, incluso al perjudicado.

Aunque la madre y la hermana fueron liberadas de cualquier responsabilidad, el menor tuvo que absorber todas las penurias que padeció su familia, el estigma que le impuso de forma antojadiza e irresponsable el juez Aguilar y el fomento a la impunidad que el cuestionado funcionario judicial realizó.

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