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Corre la sangre en cárcel “La Tolva” de Morocelí, El Paraíso

Al menos cinco reclusos perdieron la vida y otros treinta y nueve resultaron gravemente heridos en una reyerta registrada este jueves en la cárcel de “máxima seguridad”, conocida como La Tolva, jurisdicción de Morocelí, El Paraíso.

Al conocer el estallido de la reyerta, los custodios (guardas penitenciarios) comenzaron a disparar a diestra y siniestra sus armas pesadas, para repeler el brote de violencia surgido al interior del reclusorio.

Los custodios pidieron refuerzos de la Policía Militar del “Orden Público” (PMOP), de “Los Tigres”, y de otras fuerzas represivas del Estado por temor a que muchos privados de libertad aprovechasen la confusión para escapar.

Ese centro penal, según familiares de los reclusos, se ha convertido en un establecimiento de torturas y de muertes selectivas, bajo instrucciones superiores.

Consideran que “La Tolva” es de máxima “seguridad”, pero para morir violentamente, al igual que la cárcel de El Porvenir, Francisco Morazán, y “El Pozo” de Ilama, Santa Bárbara, de lo cual deben tomar nota los organismos defensores de derechos humanos.

Se asegura que la reyerta al interior de “La Tolva” se originó tras el estallido de una granada de fragmentación, supuestamente lanzada por los guardias de seguridad.

¿Por qué Juan Orlando Hernández Alvarado (JOHA) aseguró hace algunos años que con el funcionamiento de las cárceles de “máxima seguridad”, bajo la responsabilidad de los militares, se terminarían los crímenes, y en la práctica, los mismos se han incrementado sustancialmente?

¿Por qué siempre ingresan armas de fuego, armas corto punzantes, granadas, municiones, alcohol y drogas, si esos centros de “rehabilitación” están en manos de militares?

¿Será que las armas, drogas, bebidas alcohólicas, municiones, granadas y demás artefactos caen como maná del cielo, o las dejan caer desde helicópteros que sobrevuelan esos establecimientos?

Las respuestas a estas y otras interrogantes las tienen las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, los militares y el propio Hernández Alvarado.

La verdad es que durante los dos últimos períodos del régimen cachureco, JOHA ha considerado a los militares como sus “angelitos” indispensables, y por eso los tiene ubicados en importantes posiciones públicas, incluyendo los centros penitenciarios.

Sin embargo, en la práctica han resultado ineficientes, incapaces, corruptos, irrespetuosos de los derechos humanos y malos administradores de fondos.

Todo esto obedece, a que JOHA busca retribuirles la protección que le brindan, y también porque se siente un “mílite más”, que violenta los derechos humanos, la soberanía nacional y vende a pedazos el territorio, que corresponde a todos los que nacimos bajo el gonfalón azul y blanco de las cinco estrellas.

Por esas y otras razones, es que premió a la cúpula politizada de las Fuerzas Armadas en 2019, con 4 mil millones de lempiras, bajo el pretexto de que los uniformados “desarrollarían” la agricultura, cosa que hasta el momento no vemos, ni veremos nunca, porque esos fondos ya forman parte de cuentas bancarias o fueron invertidos en bienes particulares.

A raíz del baño de sangre ocurrido en La Tolva, vamos a ver qué actitud asumen los familiares de las víctimas, los organismos defensores de derechos humanos, el propio Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), y el Ministerio Público.

Los familiares de los privados de libertad, como se sabe, vienen denunciando que no se les permite las visitas periódicas en las celdas, para llevar alimentos, medicinas y agua purificada.

En lo particular, creemos que debe hacerse una minuciosa investigación de los hechos, a fin de deducir las responsabilidades penales, administrativas y civiles, con vistas a sentar un precedente, pues los reos también tienen derechos humanos, garantizados por la Constitución y los tratados internacionales sobre la materia, suscritos por Honduras.

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