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Corrupción, fraudes y crímenes de lesa humanidad: los delitos por los que podrían ser juzgados los expresidentes mexicanos

MÉXICO.

El Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en plena campaña para promover la participación en la consulta popular que se realizará el 1 de agosto y en la que la ciudadanía decidirá si quiere que se juzgue o no a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Aunque en realidad la pregunta que deberán responder los mexicanos es más compleja y no menciona de manera explícita a los exmandatarios, el propio López Obrador ya advirtió que lo que está en juego es la posibilidad de sentar a sus antecesores en el banquillo de los acusados.

«¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?», es la frase que vendrá impresa en las papeletas.

Los verdaderos alcances de esta votación han sido puestos en duda desde la oposición debido a la vaguedad de que el cuestionamiento se refiera a «actores políticos» y no a los expresidentes; a «años pasados» y no a determinados periodos de Gobierno; y a «proceso de esclarecimiento» y no a juicios en concreto.

A ello se suma otro factor que puede hacer que este ejercicio de democracia participativa, que se realiza por primera vez en México, quede en la nada, ya que se necesitan por lo menos 37 millones de votos en favor del «sí» para que sus resultados sean vinculantes, es decir, para que se haga efectivo el inicio de investigaciones judiciales.

Por eso, desde sus conferencias mañaneras, el presidente ya anticipó que en las próximas semanas convocará a la ciudadanía a participar en la consulta, aunque él mismo no votará, ya que la principal intención es que el pueblo sea el que mande qué quiere hacer con respecto a los delitos adjudicados a sus antecesores.

Imputaciones

La consulta aborda la corrupción endémica de la que adolece una clase política mexicana desprestigiada por el enriquecimiento, las denuncias y la impunidad que ha protegido de los gobernantes en un país con altos niveles de pobreza.

Hasta hoy, los presidentes han sido intocables, ya que a pesar de múltiples escándalos, ninguno ha sido investigado, contrario a decenas de gobernadores estatales que han sido detenidos, juzgados, condenados o están procesados o prófugos.   

Desde que López Obrador propuso formalmente la consulta en septiembre pasado, comenzaron a enumerarse los posibles delitos que se les podrían imputar a sus predecesores. Esta semana, el presidente fue todavía más explícito. De manera general, acusó a todos de haber saqueado el país al aplicar políticas neoliberales que profundizaron la pobreza ni la desigualdad.

De hecho, uno de los motivos por lo que López Obrador ganó la presidencia fue por su promesa de honestidad y de combate a la corrupción.

A Salinas de Gortari, dijo el presidente, habría que juzgarlo porque «entregó todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados, así de sencillo». Los impulsores de la consulta, en tanto, añaden el fraude electoral de 1988, cuando Salinas de Gortari fue declarado ganador después de que el conteo de votos se «cayera» durante horas, lo que dejo dejó una permanente estela de dudas sobre la legitimidad del Gobierno que encabezó hasta 1994.

Con respecto a Zedillo, quien gobernó de 1994 a 2000, siempre arrastrará el llamado caso Fobaproa, que implicó la estatización de la multimillonaria deuda que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro había adquirido a raíz de la crisis financiera de fines de 1994. El 60 % del rescate de bancos, aseguradoras y fondos de inversión provino de recursos públicos y representó el 14,5 % del Producto Interno Bruto.

Tan solo el año pasado, el Estado tuvo que destinar alrededor de dos mil millones de dólares a esta deuda. Y faltan cinco décadas más para terminar de saldarla.

Mala fama

Vicente Fox es el político de derecha que ganó las elecciones de 2000 y que hizo historia al convertirse en el primer presidente opositor al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había gobernado durante 71 años de manera ininterrumpida. La transformación democrática del país que tanto prometió, y que incluía el fin de la corrupción, no ocurrió.

Por eso, según López Obrador, se le debería juzgar «porque engañó al pueblo, porque con el esfuerzo de muchos llegó a la Presidencia y se convirtió en un traidor a la democracia».

Además, Fox ha reconocido que en 2006 intervino de manera indebida para que ganara Felipe Calderón, ya que quería evitar a toda costa el triunfo de López Obrador, quien ese año se postuló por primera vez a la presidencia.

De manera más específica, Fox ha estado involucrado en múltiples escándalos de corrupción, ya sea por el financiamiento de la fundación que recaudó fondos para su campaña y por su acelerado enriquecimiento y el de su esposa Martha Sahagún y los hijos de ella, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, quienes han sido investigados por tráfico de influencias, información privilegiada, enriquecimiento dudoso y delitos fiscales.

El año pasado, la justicia de Estados Unidos emitió una orden de arresto contra Manuel Bribiesca por los presuntos delitos de fraude electrónico, conspiración, complicidad y encubrimiento, en tanto que Sahagún es investigada por haber participado en los manejos financieros de los Legionarios de Cristo, la desprestigiada congregación que ya reconoció que sus sacerdotes cometieron abusos sexuales durante décadas en contra de por lo menos 175 menores de edad.

La guerra infame

López Obrador asegura que a Felipe Calderón hay que juzgarlo por haber declarado la guerra contra el narcotráfico sin atender las causas.

«Se llevaron a cabo masacres, había instrucciones de rematar a heridos, y ahí están los datos, los niveles de letalidad en enfrentamientos. Dos años de Calderón en enfrentamientos, más muertos que heridos o detenidos, agréguenle de que el que estaba de secretario de Seguridad Pública está en la cárcel en Estados Unidos y, sobre todo, el daño que se causó. Se convirtió al país en un cementerio», resumió.

Las cifras de 15 años de guerra le dan la razón: más de 80.000 personas desaparecidas; más de 350.000 asesinadas; cientos de miles de desplazados; decenas de ciudades controladas por el narcotráfico; más de dos mil fosas comunes en donde han sido amontonados de manera ilegal miles de cuerpos sin identificar. Un luto permanente. Por su estrategia, diversos colectivos militan para que Calderón sea juzgado por delitos de lesa humanidad.

A ello se suma la indolencia con la que actuó siempre con respecto a las víctimas, a las que calificó como «daños colaterales», validando incluso montajes para hacer creer que las masacres cometidas por fuerzas Armadas o de Seguridad habían sido enfrentamientos con delincuentes. O el incendio de la Guardería ABC en el que murieron 49 niños menores de cinco años.

Con Calderón, además, la empresa brasileña Odebrecht logró contratos millonarios de obra pública en México a cambio de sobornos, lo que luego desembocarían en una de las causas de corrupción más importantes de los últimos años en América Latina. Y cómo olvidar «La estela de Luz», el monumento que mandó a construir supuestamente para conmemorar el Bicentenario de la Independencia y que, en realidad, tuvo tal cúmulo de anomalías presupuestales, incluidos sobreprecios y demoras injustificadas, que terminó convertido en un monumento a la corrupción.

Corrupción sin fin

López Obrador ya dijo que Peña Nieto debe ser juzgado por sus evidentes actos de corrupción. «Ahí está como testigo protegido el que estaba de director de Pemex declarando que, por órdenes superiores, para aprobar las llamadas reformas estructurales, sobre todo la reforma energética, se entregaba dinero a legisladores de los partidos que ahora son de oposición», afirmó el presidente.

La lista de escándalos que rodean a Peña Nieto es larga. Está Odebrecht, más las investigaciones periodísticas conocidas como «La Estafa Maestra» y «La Casa Blanca».  

La primera reveló un circuito a través del cual el Gobierno firmaba contratos y entregaba millonarios fondos públicos para que realizaran obras o prestaran servicios sin ningún tipo de concurso o supervisión. Así, más de 385 millones de dólares terminaron en empresas fantasmas. Y la segunda descubrió la irregular compra de una mansión a uno de los principales contratistas del Estado.

Pero si hay una sombra que siempre perseguirá a Peña Nieto, es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, causa por la que, al igual que Calderón, también se ha promovido un juicio contra Peña Nieto por  delitos de lesa humanidad, ya que su Gobierno manipuló la investigación y difundió una «verdad histórica» que hoy, se ha demostrado, era mentira. (RT)

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