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Corte Constitucional de Guatemala demuestra que nadie está por encima de la ley

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

(Spútnik) La decisión de la Corte Constitucional de Guatemala de suspender definitivamente la expulsión del país del jefe de la misión anticorrupción de la ONU, Iván Velásquez, prueba que la ley está por encima de las personas, dijo a Spútnik el procurador de los derechos humanos en ese país, Jordán Rodas Andrade.

«Es evidente que el mecanismo utilizado por el presidente Jimmy Morales no fue el adecuado; creo que él es una buena persona pero está siendo mal asesorado y por eso la Corte de Constitucionalidad enmendó la plana y queda demostrado que nadie está por encima de la ley», señaló Rodas Andrade a esta agencia.

El máximo tribunal de justicia del país centroamericano es el garante de que se respete el ordenamiento constitucional «y con ello se preserva el Estado de derecho [y] la lucha contra la corrupción y la impunidad», añadió el procurador.

El presidente guatemalteco ordenó el 27 de agosto la expulsión de Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), acusándolo de «inmiscuirse en asuntos internos» del país y de haber intentado «presionar a diputados del Congreso para llevar a cabo reformas constitucionales».

Sin embargo, la Corte Constitucional otorgó el mismo 27 de agosto el amparo provisional a Velásquez, dejando en suspenso la decisión del mandatario, mientras que el 29 de agosto este tribunal suspendió definitivamente su expulsión de Guatemala.

En ese sentido, Rodas Andrade recordó que fue el país centroamericano el que acudió a la ONU para que se instalara en su territorio una comisión anticorrupción, por lo que no tendría sentido expulsar al jefe de la Cicig.

«A través de un convenio Guatemala, como Estado soberano, fue a pedir a Naciones Unidas el establecimiento de esta comisión y hoy por hoy tenemos resultados concretos; es un contrasentido expulsar al comisionado Velásquez, quien ha hecho tanto bien por el país», sostuvo el procurador.

Asimismo hizo un llamado a la unidad nacional y a que se respete la decisión de la Corte Constitucional «por el bien de la democracia y el fortalecimiento del Estado».

«Debemos continuar con el trabajo en busca de un país más justo y equitativo, tender puentes entre las instituciones y encontrar los puntos de coincidencia para reestablecer la armonía y la paz social», expresó.

Rosas Andrade y Velásquez se reunieron el miércoles para hablar sobre los últimos acontecimientos ocurridos en el país y ambos coincidieron en la importancia de garantizar el respeto al Estado de Derecho, señaló en un comunicado la Procuraduría de los Derechos Humanos (PHD) de Guatemala.

MEDIDAS CAUTELARES. El 28 de agosto la PHD pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para Velásquez, al considerar que su vida corre peligro.

«Tememos por la vida del comisionado Velásquez, por la del equipo de la Cicig y por la de Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, por ello se plantean medidas ante la CIDH; somos conscientes del riesgo que existe por esta situación y esperamos que tenga una salida para que no se llegue a la violencia en las calles», añadió a esta agencia Rodas Andrade.

También recordó que la fuerza pública fue retirada de las instalaciones de la Cicig y que «solo queda policía internacional, lo cual es muy preocupante».

Asimismo, el procurador se mostró preocupado por la violencia que ha visto en los últimos días en las redes sociales, por los numerosos «mensajes de odio y de descalificación» hacia Velásquez.

Por todo ello, Rodas Andrade insistió en que Guatemala necesita unidad y no una crisis política como la actual.

Para alcanzar esa estabilidad el procurador considera necesario crear «una agenda mínima común», que incluya a gobernantes, a la academia y al empresariado.

«Que todos vean que todos tenemos que ceder y apostar a mínimos acuerdos como país, porque de lo contrario vamos a colapsar y ya sufrimos mucho con la guerra», concluyó, en relación al conflicto armado interno que se desarrolló en el país entre 1960 y 1996.

La petición de Morales de expulsar a Velásquez del país se produjo después de que la CICIG y el Ministerio Público (fiscalía) solicitaran el 25 de agosto un antejuicio contra el mandatario por presunto financiamiento electoral ilícito durante la campaña presidencial de 2015.

La Cicig fue instaurada en 2006 por un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la ONU, ratificado por el Congreso como un órgano independiente de carácter internacional.

La quinta prórroga de la Cicig, solicitada por Guatemala a las Naciones Unidas, se extendería del 4 de septiembre de este año al 3 de septiembre de 2019.

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