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Critican «puño de hierro» del Estado hondureño hacia activistas de DDHH

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Organizaciones defensoras de derechos humanos de Centroamérica arremetieron hoy contra el Estado de Honduras por sostener una indiscriminada persecución contra las entidades y personas que luchan por el respeto a la vida.

La organización denominada Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica reprochó la sentencia contra el activista social Cesario Padilla y sus compañeros Sergio Ulloa y Moisés Cáceres dictado por un tribunal penal por usurpación de los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la persecución que padece el movimiento estudiantil.

«Centroamérica continúa siendo una región insegura para las personas que defienden derechos humanos; estas, se encuentran expuestas a diferentes riesgos por la labor que realizan, todo en un clima de impunidad. Pese a que Honduras es el único país de la región que cuenta con una Ley tendiente a proteger los derechos humanos de defensores y defensoras, no los garantiza. Desde el 2014 al 2016, el Ministerio Público y las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) han iniciado procedimientos penales y procesos administrativos sancionadores respectivamente, en contra de alrededor de 110 personas que han participado en protestas estudiantiles», cuestionó el organismo.

Sobre la condena contra Padilla, Ulloa y Cáceres, la oenegé manifestó que ese proceso criminalizó el derecho a la protesta social de los también defensores de DDHH.

«Lo anterior, denota la intención manifiesta del gobierno, las autoridades universitarias, y el sistema de justicia de Honduras en criminalizar la protesta social y perseguir a las personas que defienden derechos humanos, en esta ocasión del gremio estudiantil, acciones propia de un gobierno represivo, carente de principios elementales democráticos», expresó la organización.

«Queda manifestado de igual forma el incumplimiento -prosigue el comunicado- de los acuerdos productos de los diálogos promovidos entre los y las estudiantes con las autoridades universitarias, quienes suscribieron un acuerdo firmado el 20 de Julio de 2016 para abrir el debate de las exigencias y demandas en materia académica de organización y la representación de los estudiantes en los órganos de decisión universitaria; con el acuerdo expreso de la UNAH a suspender todas las acciones y actuaciones judiciales contra los estudiantes; entre otras demandas de las partes».

Además, aseveró la asociaciín, el caso devela la debilidad institucional en materia de justicia existente en Honduras, al justificar la sentencia condenatoria en contra de los tres defensores, sobre la base de aplicar figuras delictivas de forma discrecional y arbitraria, que atentan contra las libertades fundamentales y el Estado de derecho.

Al cierre de la carta, las organizaciones defensoras de DDHH expresaron su condena y repudio a «la criminalización de los defensores de derechos humanos Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Moisés Cáceres, que hiciere el sistema de justicia hondureño. Exigimos al sistema de justicia de Honduras la revocatoria de la sentencia por medio de la cual condena y criminaliza a los defensores de derechos humanos Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Moisés
Cáceres».

«Exhortamos al Estado de Honduras a respetar los derechos de las personas que defienden derechos y a crear los mecanismos que permitan su protección y la promoción de su labor, y aplicar la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia», finaliza la misiva.

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