jueves, noviembre 26, 2020
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Cruz Roja lanza una campaña para regular el uso de fuerza militar en México y Centroamérica

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

(Sputnik) El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) informó que realiza una campaña en México y América Central para difundir el derecho internacional y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y promover su cumplimiento en escenarios de movilizaciones sociales.

«Ante estos escenarios, así como a otras situaciones que afectan el orden público, el CICR realiza esfuerzos de sensibilización y capacitación, y sostiene un diálogo confidencial con las Fuerzas Armadas y de Seguridad para que se respeten el derecho internacional y los estándares internacionalmente reconocidos que rigen el uso de la fuerza y se promueva su cumplimiento», informó la representación regional de la organización.

En los últimos años, las movilizaciones sociales se intensificaron en el mundo por razones políticas, económicas y sociales, aumentando las tensiones entre quienes se movilizan y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Debido a que la obligación de Policía y Fuerzas Armadas es proteger a la población, «el uso de la fuerza solo debe darse cuando es absolutamente necesario, de manera proporcionada, y persiguiendo objetivos legítimos como controlar una situación que afecte el orden público», dijo en una declaración escrita Jordi Raich, jefe de la delegación regional para México y América Central del CICR.

La organización fundada en 1863 advierte de las graves consecuencias para la vida, la integridad y la salud del uso excesivo de la fuerza.

El CICR considera fundamental que se implementen las reglas y los principios que deben guiar estas acciones de uso de la fuerza policial y militar, procurando su respeto y cumplimiento.

Para ello, la delegación del CICR en México y América Central propone «un debate sobre los desafíos y retos pendientes en el uso de la fuerza en el cumplimiento de la ley, los escenarios actuales en los que se ejerce esa facultad y la prevención de consecuencias humanitarias en la coyuntura prevaleciente en la región».

La campaña a través de diversas actividades, busca difundir entre los encargados de hacer cumplir la ley y otros actores comprometidos en el análisis de la actuación de las instituciones

El objetivo es que ejerzan esa facultad como operadores de justicia, o de defensorías del pueblo, aplicando «las reglas, alcances y límites del uso de la fuerza, para generar reflexiones sobre las implicaciones que conlleva esta responsabilidad y facultad».

Raich apunta en su menaje que el CICR busca que se asegure que «la vida y la dignidad de las personas sean protegidas y minimizar al máximo las consecuencias humanitarias que pueden derivarse del uso de armas de fuego y otras armas o equipos en operaciones de restablecimiento del orden».

El uso de la fuerza es la facultad que tienen las policías y fuerzas armadas encargados de hacer cumplir la ley para mantener o restablecer la seguridad y el orden público afectados por alteraciones de diverso tipo, define la centenaria organización.

«Esta facultad está regida por normas internacionales y debe seguir principios claramente establecidos», advierte el CICR.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilizarán, en la medida de lo posible, «medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza».

El Gobierno de México ha incrementado las funciones de los militares en diversos roles: combaten el robo de combustible; conducen camiones cisternas que reparten gasolina; construyen un aeropuerto internacional, un tren turístico en la península de Yucatán y un ferrocarril interoceánico.

Y sobre todo son el pilar de la nueva Guardia Nacional para acciones de seguridad pública, que muchas organizaciones civiles consideran «inconstitucional».

La más reciente asignación para los militares y marinos ha sido tomar el control de aduanas y puertos, decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que condujo a la renuncia del titular de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, el jueves 23 de julio.

El propio mandatario admite que su decisión requiere de una próxima reforma constitucional.Los principios rectores del uso de la fuerza según los estándares internacionales son: legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y responsabilidad.

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