Sunday, Dec 8, 2019
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¿Cuál democracia?

(Por: Edmundo Orellana) Próximos a las elecciones, debemos preguntarnos: ¿Tenemos democracia en Honduras?
Desde 1980 hemos tenido, ininterrumpidamente, elecciones generales para elegir al presidente, diputados y alcaldes. Si practicar elecciones es democracia, entonces, tenemos democracia.

Elegir autoridades es, por supuesto, una expresión democrática, pero no agota el significado del vocablo democracia, cuyas más importantes características son las siguientes: la expresión sin restricciones de la voluntad popular y el control de esta sobre el ejercicio del poder público.

Estas características exigen del pueblo el conocimiento previo de sus responsabilidades para expresarse libremente y para ejercer ese control.

En la elección de las autoridades supremas, habrá que preguntarse: ¿es el pueblo el que escoge los candidatos que vota? Esa boleta que le entregan al votante contiene fotos o nombres de personas que, muy probablemente, sea la primera vez que los ve. Significa, entonces, que esos candidatos ya están seleccionados; en otras palabras, el votante no selecciona, simplemente vota al preseleccionado. En esa preselección no participa el votante.
¿Quién preselecciona el candidato? El líder (¿o, mejor dicho, el dueño?) del movimiento político que elabora las planillas para las elecciones primarias, en las que se eligen los candidatos que el partido ofrece oficialmente a la población políticamente activa para votarlos en las elecciones generales.

Esas elecciones primarias constituyen la primera etapa del proceso formal de elecciones. Hasta las últimas elecciones primarias, el TSE, supuestamente, las supervisaba; aún no se sabe quién las supervisará en el futuro, porque la ley respectiva todavía no ha sido aprobada. Sin embargo, es de lato conocimiento que esa supervisión ha sido muy débil y, en ciertos lugares, inexistente. Las elecciones primarias, en todo caso, las deciden anticipadamente los dueños de los movimientos porque son ellos los que escogen los candidatos que serán votados por los militantes del partido político.

Una vez electas las autoridades supremas en estos supuestos procesos democráticos, surge la otra pregunta: ¿El pueblo puede ejercer control sobre las autoridades que elige y que, supuestamente, son sus representantes?

Si el electo ejerce arbitrariamente el poder o dicta, sistemáticamente, medidas desfavorables para la población, ¿tiene el pueblo a su disposición los mecanismos para solucionar estos problemas? Fuera del juicio político, solo existen soluciones judiciales (jurisdicción constitucional o contencioso-administrativo) que no son idóneas para estos casos. Y el juicio político se diseñó con tanta complejidad que es muy difícil hacerlo efectivo.

Esos supuestos procesos democráticos, han servido a las élites para diseñar un estado que niega la República y rechaza la condición de representantes del pueblo a los que este elige como tales. En el primer caso, los poderes del Estado, que en virtud de la Constitución son independientes y complementarios, se han convertido en dependencias de una instancia denominada Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), presidido por el Presidente de la República e integrado, en condiciones de subordinación, por el diputado-presidente, por el magistrado-presidente de la CSJ, el Fiscal General, el Jefe del Estado Mayor y el ministro de Seguridad. Con esta estructura se niega el Principio de la División de Poderes y también el de la seguridad jurídica, no solo porque participen el magistrado-presidente de la CSJ y el Fiscal General, sino porque a esa instancia se adscriben los tribunales con competencia nacional en materia penal, vía la policía militar del orden público, a la que aquella se integra.

En el segundo caso, se puede citar como ejemplo la condición del diputado-presidente, que, según la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es el poder supremo en el Congreso Nacional, a quien compete manejar el presupuesto libremente, decidir sobre las cuestiones administrativas y también orgánicas legislativas, así como sobre la dinámica del proceso legislativo, al grado de que solamente se conoce y se debate sobre las iniciativas que él, y solo él, decide someter a la Asamblea Legislativa (no ha reparado usted, distinguido lector, que cada vez que una crisis legislativa se soluciona, los diputados de todos los partidos, invariablemente, le agradecen, primero, a Dios y, después, al diputado-presidente; como si la voluntad colectiva de los diputados nada significase). Si no hay democracia en el parlamento, no hay democracia, porque los representantes del pueblo se someten voluntariamente a la voluntad de una sola persona.

En estas condiciones, debemos exigir democracia efectiva y no formal; urge, entonces, que digamos con más fuerza que nunca: ¡BASTA YA!

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