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Cuando está en juego la dignidad del país

(Por Edmundo Orellana) Los legisladores hondureños institucionalizaron la corrupción al reducir las penas para los delitos de corrupción. A partir de la vigencia del nuevo Código Penal, los corruptos serán tratados con guantes de seda. Y ellos lo saben.

También serán beneficiados los corruptos que actualmente están procesados, porque la Constitución consagra el principio de la retroactividad de la ley penal cuando sea favorable al procesado, esto es, a quien no tiene aún sentencia firme.

No obstante, los corruptos que tengan sentencia firme al momento de entrar en vigencia el nuevo Código Penal, también serán beneficiados, porque, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, consagró la regla de que la nueva ley penal más favorable se aplica también a los que tienen sentencia firme y estén cumpliendo la condena, supuesto este por el que, según nuestra legislación, se puede interponer el recurso de revisión en materia penal.

Los que saquearon el IHSS y los demás corruptos sobre los que recaiga sentencia firme antes de la vigencia de ese nuevo Código Penal, ya tienen asegurada su libertad, sea definitiva o por la aplicación de medidas sustitutivas. Por eso, el sospechoso silencio de estos imputados, que, salvo algunos exabruptos, suyos o de sus abogados, implicando a otros que el MP aún no investiga (como el señalado por el exministro Montes), se niegan a involucrar a los políticos que, seguramente, se beneficiaron de sus crímenes.

La institucionalización de la corrupción no fue una decisión de la bancada nacionalista, solamente. El hecho de que fueron muy pocos los que denunciaron este crimen, es una prueba irrefutable de que a la mayoría le es indiferente. ¿Tendrán conciencia de lo que hicieron o consintieron? El pecado lo paga el que lo comete y el que lo consciente, por igual.

Ante este abuso de los diputados, según la Constitución, cualquier agraviado puede acudir a la Sala de lo Constitucional, cuando se publique el nuevo Código Penal, para que se declare, parcial o totalmente, su inconstitucionalidad e inaplicabilidad, en sentencia con efectos derogatorios.

Lo mismo ocurrió en Guatemala. Se redujeron las penas contra los corruptos, especialmente para evitar que el bufón-presidente fuera a la cárcel, aplicando, igual que aquí, la regla de la retroactividad de la ley penal más favorable, como respuesta a la contundente acusación de la Fiscalía y de la CICIG, y de las acciones de la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad y del ombudsman, para allanar el camino de la suspensión de la inmunidad presidencial. Los diputados, víctimas del pánico que la justicia pronta e inflexible provoca en los que tienen cargos de conciencia, decidieron reformar la ley, cantando (igual que los diputados catrachos cada vez que perpetran un crimen contra la patria) el Himno Nacional, para evitar verse en los zapatos del payaso-presidente.

Si en Guatemala los intereses políticos estuviesen por sobre la justicia, esta decisión habría sido suficiente para zanjar el conflicto. Pero resulta que Guatemala no es de ese tipo de países. Allá funcionan los pesos y contrapesos. Se acudió a la justicia constitucional y esta respondió suspendiendo los efectos de la decisión del Congreso de la República.

Mientras esto sucedía, el pueblo se tomaba las calles gritando consignas en contra del Congreso y la Conferencia Episcopal, en un comunicado, condenaba al que denominó “uno de los más oprobiosos actos cometidos por el Congreso”, advirtiendo que “la cólera de Dios se rebela contra toda injusticia de quienes aprisionan la verdad en la injusticia” (Romanos 1, 18). Los diputados reaccionaron, pero esta vez, pudo más el miedo al pueblo y a la ira divina que a la justicia. Decidieron dar marcha atrás y pidieron perdón.

A su juicio, estimado lector: ¿Por qué no tendría sentido acudir a la Sala de lo Constitucional para vengar el agravio al país?

¿Y las iglesias? Confiamos en que están preparando su comunicado todavía, porque su función terrenal de tutelar la moral les impone pronunciarse, con energía y severidad, como lo hizo, como digna guerrera de la fe, la iglesia guatemalteca.

¿Por qué no ocurre en Honduras lo de Guatemala? Imitar no es malo: permitió al ser humano sobrevivir. Imitar a Guatemala nos permitirá reivindicar nuestra dignidad de país. El compromiso con la patria va más allá de desfiles vistosos y discursos oficiales conmemorando su nacimiento.

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