Friday, Nov 15, 2019
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Cuéllar y esposa se escudan en el poder para no ser perseguidos por masiva corrupción

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

A casi un año de la salida del Rigoberto Cuéllar de la fiscalía general adjunta, la justicia hondureña aún se resiste a requerirlo por los delitos que se le imputan relacionados con la corrupción.

El hecho de que Cuéllar hasta el momento se resista someterse a cualquier proceso judicial en su contra lo coloca como un protegido del poder, al cual ha hecho trabajos sucios mientras sirvió como secretario de Recursos Naturales, y posteriormente, como el número dos del Ministerio Público.

Las pruebas en su contra por supuestas irregularidades que habría cometido en su cargo son abrumadoras, de acuerdo a la documentación en manos de las autoridades e investigaciones que ha realizado este periódico en los últimos años.

Las denuncias van desde recepción de sobornos para bloquear investigaciones, hasta conflictos de intereses y tráfico de influencias ya que utilizó su bufete para enterarse de los grandes negocios que el Estado entabló con empresas extranjeras para la administración de infraestructuras.

INFORME COMPROMETEDOR. Cabe recordar cómo una comisión parlamentaria presentó a mediados de 2015 un informe sobre el alto funcionario que recibió coimas para entorpecer las investigaciones sobre el megafraude al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

El grupo de legisladores se basaron en un informe de la junta interventora y que «se puso al descubierto casos de corrupción que generaron perjuicios» en el patrimonio de la entidad estatal, así como el abordaje mediático de la información y que surgió de un «manejo lento y estancamiento de los procesos a causa de razones políticas y de grupos interesados».

Esta comisión, confirmó que la fiscalía abrió un proceso de investigación contra el alto funcionario, «el cual fue entregado por personas investigadas en actos delictivos cometidos en el caso del IHSS… Por este caso se presentó requerimiento fiscal el 3 de junio (de 2015) contra Darío Cardona, quedando pendiente de decisión fiscal la situación del funcionario del Ministerio Público».

De hecho, esa comisión recomendó al ente acusador que «de existir los méritos legales suficientes contra el alto funcionario de dicha institución proceda a ejecutar las acciones legales correspondientes».

Sin embargo, cuatro años después, ese alto funcionario sigue libre, sin que su excompañero de fórmula Óscar Chinchilla tome la decisión de someterlo a la justicia por la recepción de los denominados ticucos, o la elevada suma de dinero que provino de un prominente empresario.

Al respecto, el exjefe anticorrupción Juan Jiménez Mayor, dijo en su momento que se sentía sorprendido porque Cuéllar seguía en la impunidad y que el requerimiento seguía en una de las gavetas del Ministerio Público.

Este documento de la comisión parlamentaria, pidió en 2015 que el Ministerio Público procediera contra el alto funcionario (Cuéllar) que «de existir los méritos legales suficientes contra el alto funcionario de dicha institución proceda a ejecutar las acciones legales correspondientes». Han pasado cuatro años y los delitos que habría cometido el exfiscal siguen impunes. 

INVESTIGAN A EXFISCAL Y SU ESPOSA. Además, Radio Globo ConfidencialHN descubrieron en marzo anterior que la fiscalía no ha querido colaborar con el Ministerio Público de Costa Rica y Colombia a fin de facilitar información sobre el movimiento de dinero que habrían efectuado tanto Cuéllar como su esposa Sonia Gálvez, que sería procedente del saqueo al IHSS.

Las autoridades costarricenses buscan imputar al controvertido matrimonio de cohecho respecto a la trama corrupta denunciada en 2015 y que tiene en la cárcel a exfuncionarios de baja categoría.

En los oficios girados al Ministerio Público, a través de la Secretaría de Gobernación y Justicia, se ha solicitado desde 2017 y 2018 de que se abran los canales de asistencia para poder determinar algunas investigaciones que pudieran dar con los capitales pagados a través de sobornos por un empresario al exfiscal Cuéllar.

Se pudo descubrir que el Ministerio Público costarricense, a través de la causa penal 17-000179-1035-PE del 21 de marzo de 2018, elaborado por la agente de tribunales Natalia Bolívar Chaves, enviado a la fiscal adjunta de la unidad de relaciones internacionales Laure Monge Cantero, que se gestione la asistencia penal internacional a la Fiscalía General de Honduras para «obtener la información de cuentas bancarias, movimientos, saldos, líneas de crédito, tarjetas y otros productos financieros, era indispensable que aportaren  elementos probatorios con sustento para realizar la solicitud del juez penal, véase que dentro del expediente únicamente se cuenta con una solicitud de la fiscalía hondureña, sin mayor documentación que venga a dar un sustento probatorio».

En la petición hecha, apenas se respondió con un escueto resumen de los hechos «que generaron la solicitud y nuevamente no se dan los elementos probatorios que habían sido solicitados con antelación y es que incluso en el punto 02, párrafo 4 se menciona que existen denuncias de testigos que los aquí imputados recibieron dinero para no perseguir a las empresas Mofihss y Cosem».

El paso de Cuéllar por el aparato acusador ha dejado una estela de actos irregulares, al suscribir onerosos contratos para oficinas que tienen poco uso y con aquellas que tienen supuestos vínculos con el crimen organizado.

En los oficios girados por la fiscalía costarricente al Ministerio Público de Honduras, se le ha venido solicitando de que se abran los canales de asistencia para poder determinar algunas investigaciones que apuntan hacia el exfiscal adjunto Rigoberto Cuéllar y su esposa Sonia Inés Gálvez. 

CONFLICTO DE INTERESES. Desde el bufete legal del que era socio, siempre supo de primera mano sobre los negocios redondos que ha venido realizando el Estado hondureño a través de privatizaciones de las principales obras públicas, como la concesión de carreteras, entre otros.

Los equipos de investigación de ConfidencialHN encontraron el testimonio de escritura pública, con número 24, autorizado el 7 de diciembre de 2012 por la notaria y socia del bufete Cuéllar, Aída Celeste Cerrato Chinchilla, revela la participación del exmiembro de la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público y Privadas (Coalianza), José Antonio Pineda, en la concesión de las principales carreteras del país a las empresas Autopistas del Valle de Sula, Consorcio Canal Seco y Consorcio Concein Hondureño.

Los negocios del poderoso bufete siempre estuvieron en la fiesta grande. También participaron como notarios en la licitación de la terminal especializada de contenedores y carga general de Puerto Cortés, acaecido el 1 de febrero de 2013.

Ahí estuvo Cerrato Chinchilla, dando constancia de la entrega del otrora principal puerto de Centroamérica a la multinacional filipina International Container Terminal Services Inc. por 624 millones 371 mil 610 dólares porque se comprometió a realizar una fuerte inversión durante los próximos diez años «en beneficio del Estado».

El exfiscal adjunto Rigoberto Cuéllar firmó con un sospechoso de pertenecer al crimen el arriendo de un edificio donde ha funcionado una de las oficinas del Ministerio Público. A Julio Sabillón le aseguraron varias propiedades en 2015 por supuesto lavado de dinero ya que lo relacionan con desaparecido narco Rubén Mejía Mejía, más conocido como Yuquita, quien fue asesinado en 2004.

TRATOS CON SOSPECHOSOS. Además, el entonces fiscal adjunto, también suscribió contratos con empresas sospechosas de vínculos con la delincuencia organizada y narcotráfico, tal como denominó en su momento el Ministerio Público a las empresas de Ramón Mata Waldurraga, según las investigaciones.

Cuéllar firmó el 23 de septiembre de 2013 con el representante legal de la empresa de seguridad, Eduardo Rodríguez Bustamante, un contrato de vigilancia las 24 horas del día en los edificios de Medicina Forense, por 275 mil 400 lempiras mensuales.

En total, Cuéllar pactó los servicios de 24 guardias de Lares por tres millones 304 mil 800 lempiras exactos, cuya vigencia fue entre el 16 de abril de 2013 hasta el 15 de abril de 2014, para un total de 12 meses, de acuerdo al documento que está debidamente firmado y sellado por el fiscal adjunto y el representante del proveedor de seguridad privada.

También suscribió convenios de prestación de servicios con Rolando Alberto Sabillón, propietario del edificio Ana Roja que se sitúa en el barrio Río de Piedras en San Pedro Sula, por un total de cinco millones 760 mil lempiras exactos, durante un periodo de 24 meses, constan en documentos en poder de ConfidencialHN.

El pago del alquiler salió de la Tasa de Seguridad «quedando por lo tanto exonerado del Impuesto Sobre Ventas en aplicación del Decreto 278-2013, de la Ley de ordenamiento de las finanzas públicas, control de las exoneraciones y medidas antievasión…y se firmó el 24 de enero de 2014», unos pocos meses despúés que el fiscal adjunto asumiera el cargo.

Cabe mencionar que al propietario del edificio donde ha funcionado una de las oficinas del Ministerio Público, le aseguraron varias propiedades en 2015 por supuesto lavado de activos ya que lo relacionan con desaparecido narco Rubén Mejía Mejía, más conocido como Yuquita, quien fue asesinado en 2004.

El acusado afirmó que los bienes le fueron heredados por su padre Julio Sabillón y lamentó que altos mandos del Ministerio Público dijeran que “no es posible que los funcionarios de esa institución hagan tratos con delincuentes”.

Estas investigaciones que tiene en sus manos el fiscal Chinchilla han sido suficientes para procesarlo, al cierre de esta relación de hechos, el exfuncionario prosigue con sus labores personales. En tanto, prima la impunidad en torno al legado que dejó en un organismo cuyo mandato es defender los intereses de la sociedad.

Entre los presuntos ilícitos que cometió el exfiscal Cuéllar está la suscrpción de contratos con empresas sospechosas de vínculos con la delincuencia organizada y narcotráfico. De hecho, firmó un contrato de seguridad con Eduardo Rodríguez, señalado por la fiscalía de ser un operador de Ramón Matta Waldurraga.

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