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Cuestionando un enfoque hegemónico sobre la reducción de la violencia

(Por Joaquín Mejía) Para el año 2012, Honduras tenía la tasa de homicidios más alta del mundo. En la actualidad, de acuerdo con las cifras oficiales, esa tasa se ha reducido a la mitad, lo cual, a primera vista representa un logro importante en materia de seguridad ciudadana.

El régimen de Juan Orlando Hernández ha vendido la idea que dicha reducción es gracias a las medidas de emergencia en línea con su política de mano dura en la que la remilitarización de la sociedad y el Estado es la medida estrella, pero sin dar respuestas adecuadas a las causas de fondo que causan la violencia.

Sin embargo, pese a ello, la percepción ciudadana es que la violencia y la inseguridad sigue siendo el principal problema en el país, lo cual evidencia que establecer la tasa de homicidios como enfoque hegemónico ignora otras variables que son fundamentales para hablar de éxito y para legitimarlo.

De acuerdo con un estudio realizado por Daniel Langmeier, la legitimidad de este enfoque centrado en la tasa de homicidios presenta lagunas frente a otras variables; así, por ejemplo, según Casa Alianza el número de asesinatos de menores de 30 años es un 15% más alto que el número oficial entre 2010 y 2013 e incluso un 30% más entre 2014 y 2017.

El número de activistas LGBTI asesinados aumentó en más del 150% en los cuatro años de la presidencia del Congreso de Hernández en comparación con los cuatro años anteriores y se mantuvo en un promedio de más de 30 asesinatos por año durante su primer mandato como presidente.

El promedio anual de asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos aumentó de 2 a 3 por año a más de 20 y hasta 33 por año convirtiendo a Honduras en el país más peligroso para ser persona defensora, con la tasa más alta de homicidios por habitante, según Global Witness.

En el año 2017 Honduras ocupó la 143° posición en libertad de prensa, el peor resultado desde el golpe de Estado de 2009 y un número récord de periodistas y comunicadores sociales tuvieron que huir del país debido a amenazas, según Reporteros Sin Fronteras.

De acuerdo con el Índice de Democracia del Economist, Honduras ocupó una posición peor que en años anteriores. Por su parte, en materia de corrupción la percepción ciudadana en 2017 fue de 29 puntos, desmejorando su situación con relación el año 2016 que tenía 30 y con la del 2015 que era de 31 puntos.

Según el World Justice Project, Honduras bajó una posición en la medición de Estado de derecho, al pasar del lugar 102 en la edición de 2016, al 103, de un total de 113 países incluidos en el reporte 2017-2018. Esto lo ubica en la posición 28 de 30 países en la región de América Latina y el Caribe.

En conclusión, para lograr que la ciudadanía perciba mejoras notables en materia de seguridad, es fundamental tomar en cuenta todas las variables posibles y abordarlas desde una política pública integral que coloque a la persona humana y su desarrollo en el centro de la misma.

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