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DDHH de la ONU exige al Estado sancionar a quienes incurrieron en represión por crisis poselectoral de 2017

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para DDHH (ACNUDH) pidió hoy al Estado hondureño que a acelerar el progreso rápido y efectivo para garantizar la responsabilidad penal y civil de los autores de violaciones a los derechos humanoscometidas por las fuerzas de seguridad en el contexto de las elecciones de 2017.

A más de dos años de transcurridas las elecciones, las que ganó bajo denuncias de fraude Juan Orlando Hernández, la entidad especializada presentó un informe respecto a los hechos ocurridos tras el proceso que dejó más de 25 muertos, en las que se formularon conclusiones y recomendaciones para que se castiguen a los responsables.

La ACNUDH, reza el informe, observó que a la fecha el Ministerio Público «no ha tomado ninguna medida y no se ha abierto ninguna investigación».

«Dos años después de los hechos, la mayoría de las violaciones graves de derechos humanos en las que se abrió una investigación, incluidas las ejecuciones sumarias o extrajudiciales, torturas y desaparición forzada, continúan bajo investigación y no han resultado aun en la responsabilidad judicial de los autores y a la justicia para las víctimas», señala el escrito.

La oficina aseguró que «en virtud del compromiso expresado por el Estado de Honduras de abordar las violaciones de derechos humanos con responsabilidad y seriedad, la ACNUDH alienta a la adopción de las reformas necesarias para evitar la repetición de violaciones, asegurar recursos adecuados para que las víctimas y sus familias accedan a la justicia, incluyendo el fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas».

Se recomendó al Ejecutivo nacionalista de Hernández que imparta «órdenes claras a todos los comandantes para cooperar plenamente con las autoridades judiciales; reforzar el compromiso ya expresado de abordar con responsabilidad y seriedad las violaciones de derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017; y establecer un mecanismo de búsqueda de la verdad e informar a las víctimas, familiares y público en general».

Asimismo, se pide que se abstengan «de desplegar las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público en la vigilancia de protestas y manifestaciones, a la espera de la adopción de las reformas necesarias para restringir su intervención en las funciones de orden público; acelerar la implementación de la reforma de la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad, y los esfuerzos para alcanzar los objetivos de despliegue policial».

La ACNUDH pidió el inicio de una «reforma de la Ley del consejo nacional de defensa y seguridad; la Ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional; y la adopción de marcos legislativos sobre el uso de la fuerza, asegurando su cumplimiento con las normas y estándares internacionales de derechos humanos; revisar los protocolos y manuales existentes sobre el «manejo de multitudes» y el uso de la fuerza, a fin de que reflejen plenamente las normas y estándares internacionales de derechos humanos relevantes; adoptar e implementar programas de asistencia integral y de reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias».

Entre las recomendaciones formuladas al Legislativo se encuentran el inicio de la creación de una ley «que proteja la independencia del Poder Judicial y la reforma del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, garantizando la separación de poderes en la administración del Estado».

«Promover la adopción de reformas legales para fortalecer el sector de la justicia y su independencia, incluso en relación con la carrera judicial, el consejo de la judicatura y la elección de autoridades judiciales de alto nivel; promover y supervisar reformas legales para mejorar el desempeño de las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos, como ser el restringir el uso de las Fuerzas Armadas en las funciones de orden público y reformar la legislación sobre el uso de la fuerza por parte de todas las agencias de seguridad y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley», explicó uno de los apartados.

«Promover transparencia y rendición de cuentas por parte del sector de defensa y seguridad mediante la reforma de la Ley sobre la clasificación de la información pública sobre cuestiones de seguridad y defensa, asegurando el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos aplicables», destacó el informe.

Respecto a la violencia surgida tras los pasados comicios, la entidad indicó que identificaron muchos desafíos y preocupaciones «referidas a la investigación y rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos identificadas en el informe».

«El informe proporciona una visión general de las medidas adoptadas e implementadas por el Estado de Honduras para abordar las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el contexto de las elecciones de 2017 que fueron documentadas por la ACNUDH, en un informe publicado en marzo de 201», sostuvo la oficina.

Además de ser una obligación jurídica, la reparación de las violaciones a los derechos humanos es esencial para restablecer la confianza en las instituciones del Estado y en el estado de derecho y puede contribuir a superar la prolongada polarización política y social que impera en el país.

Se argumentó que los representantes de la alta comisionada Michelle Bachelet mantuvieron diálogos con altos representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial y el Poder ejecutivo, en particular, con la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaria de Defensa y la Secretaria de Seguridad, así como con los representantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Militar de Orden Público (PMOP).

La oficina interlocutó y acompañó a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2017, centrando el foco en los casos judicializados, incluyendo a las familias, los representantes legales, y las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de esos casos. Se intercambió información con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

La ACNUDH recopiló y verificó la información de una variedad de fuentes, incluidos archivos judiciales, monitoreo de juicios y conversaciones con las víctimas, abogados y personal judicial, con el propósito de establecer los hechos sobre los eventos y acciones como base para la interlocución que permita mejorar los derechos humanos.

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