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Defensor del pueblo se suma a la aplanadora reeleccionista en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El defensor del pueblo hondureño, el nacionalista Roberto Herrera Cáceres, se pliega a la aplanadora reeleccionista del régimen de Juan Orlando Hernández.

Cáceres dio un matiz “más humano” al decir que el Parlamento debe derogar los apartados de la Constitución que impidieron en un momento la reelección presidencial mediante un diálogo “civilizado”.

El funcionario pidió que se dé el paso para permitir la eliminación de la Carta Magna, pues aseguró que hay un fallo judicial que debe respetarse.

Sostuvo que el Poder Judicial debe aplicar las normas del sistema interamericano de DDHH para hacer respetar las garantías individuales, a pesar que hay una sentencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que no considera la reelección presidencial como “derecho”.

Según el dictamen emitido por la oficina que dirige, se deben reformar o derogar los artículos considerados inaplicables, por lo que se debe regular de inmediato la reelección presidencial.

Insistió que se deben respetar los fallos, por lo que se debe cumplir la sentencia del 7 de mayo de 2003 emitido por la Sala Constitucional del Poder Judicial respecto a modificaciones a las formas de gobierno.

La reforma está orientada a quitarle atribuciones al Parlamento sobre la interpretación de la Constitución.

Cabe recordar que Herrera Cáceres fue miembro de la ultraderechista Unión Cívica Democrática, que ayudó a derrocar al entonces presidente Manuel Zelaya, a quien acusó de pretender violar la Constitución para quedarse en la presidencia de Honduras.

En su momento exigió que se respetaran los artículos inamovibles de la ley fundamental del Estado.

ConfidencialHN publica las razones en las que se basa la oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) respecto a la reelección presidencial:

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reitera sus recomendaciones del 2015 sobre respeto a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y a la normativa vigente más favorable a la persona humana.

Con el respeto debido a la diversidad de opiniones y a la libertad de expresión del pensamiento, y atendiendo a que ciudadanos (con diferentes criterios sobre el fundamento e implicaciones, en materia de derechos políticos, de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala de lo Constitucional, de veintidós de abril de dos mil quince) han publicado llamados al CONADEH para que se pronuncie de nuevo, al respecto; recordando la obligación del Poder Judicial de aplicar, en este siglo XXI, la institución del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, denominada “Control de Convencionalidad” según la cual la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las normas más favorables a la persona humana, deben hacerse prevalecer sobre cualquier norma interna incompatible con ellas; y teniendo presente la independencia de la institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (frente al Gobierno en su manifestación en los tres poderes, a los sectores políticos y a otros grupos o sectores determinados de personas). Independencia que  coloca, al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, al servicio exclusivo de la protección y respeto de la dignidad humana de las personas habitantes de Honduras, sin exclusión ni discriminación alguna,  nos pronunciamos de nuevo, de la manera siguiente:

En la sentencia sobre el recurso interpuesto de inconstitucionalidad,  la Corte Suprema de Justicia declaró, el 22 de abril de 2015, que las normas contenidas en la vigente Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevalecen sobre la norma constitucional que prohíbe absolutamente la reelección, por lo cual se declaró inaplicable esa prohibición constitucional y otras normas complementarias.

Por lo anterior y aun cuando, en aspectos de forma, creemos que hubiera podido ordenarse más el razonamiento judicial: reiteramos el respeto a la referida sentencia de la Corte Suprema de Justicia y nuestra recomendación en cuanto a la responsabilidad que corresponde al honorable Congreso Nacional de dialogar cívicamente y realizar, de conformidad con esa sentencia, las reformas o derogaciones de las normas declaradas inconvencionales e inaplicables, regulando lo correspondiente a la reelección.

Es posible establecer condiciones o restricciones del derecho a presentarse a elecciones, siempre que esas condiciones o restricciones sean objetivas, razonables, no discriminatorias  y dictadas por razones de interés general; recordando que, en todo caso, ningún Estado, grupo de personas o individuo determinado puede ni debe interpretar disposiciones sobre derechos humanos, atribuyéndose facultades de “emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él”. (Artículos 5 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)

Reiteramos también que, en cumplimiento de su deber y en actitud coherente con la responsabilidad constitucional de respetar las sentencias de la Corte Suprema de Justicia,  el honorable Congreso Nacional debería igualmente cumplir con la Sentencia de la Corte- Suprema de Justicia – Sala de lo Constitucional, de 7 de mayo del 2003, derogando los artículos 205 numeral 10 y 218 numeral 9 de la Constitución de la República, los cuales atribuyen al Congreso Nacional la facultad de interpretar la Constitución de la República, lo que es incompatible con el Estado democrático y social de Derecho que debe salvaguardar la intangibilidad y progresividad de los derechos humanos para asegurar su goce efectivo por las  personas que habitan Honduras.

Bases del Comunicado sobre respeto a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y a la normativa vigente más favorable a la persona humana.

Desde el 8 de mayo de 2015, nos manifestamos sobre este trascendental asunto, mediante comunicado escrito y conferencia de prensa, en los cuales divulgamos nuestras consideraciones y recomendaciones sobre el vínculo de la justicia constitucional con la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Nuestro pronunciamiento se hizo para aportar criterios que coadyuvasen a impulsar oportunamente el responsable debate y la valoración consecuente, por la sociedad, de la sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad. Por ello, desde aquel momento, expresamos que: “Ante la discordancia y tensiones entre personas, sectores o grupos, sobre el valor del fallo de la Corte Suprema de Justicia que posibilita la reelección a la Presidencia de la República y con el afán de fomentar el entendimiento y diálogo que preserve la armonía, paz social y el fortalecimiento del Estado democrático y social de Derecho: el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) estima sensato y oportuno que el pueblo conozca cómo funciona la justicia constitucional en los Estados de Derecho y su vínculo ineludible con la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para así contar con elementos de juicio que permitan valorar, lo más objetivamente posible, la actual sentencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala de lo Constitucional”.

Reiteramos hoy lo expresado en aquella ocasión, en cuanto a que hubiéramos preferido una mayor participación ciudadana en la solución de esta situación relativa a la reelección, aplicando lo previsto por la Constitución al instituir el plebiscito, referéndum y la iniciativa de ley ciudadana, y logrando asegurar el equilibrio democrático entre la soberanía popular y la supremacía constitucional, sabiendo que ni la soberanía popular puede expresarse al margen de la Constitución de la República ni la supremacía constitucional puede impedir el ejercicio de la soberanía por el pueblo.

Sin embargo, señalamos que, de acuerdo también con la Constitución de la República y la Ley sobre Justicia Constitucional, el Poder Judicial tiene la potestad que emana del pueblo de impartir justicia y que corresponde únicamente a la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, en los casos concretos sometidos a su conocimiento, la facultad de conocer de la garantía de inconstitucionalidad, interpretando y aplicando las normas internas, conforme a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales Internacionales.

Esa es normatividad e institucionalidad del Estado de Derecho en Honduras, para asegurar el cumplimiento de la obligación de respetar la efectividad y garantía de los derechos políticos y demás derechos humanos, en especial, aplicando las normas del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Los hechos evidencian que el Sr. Rafael Leonardo Callejas como Ex Presidente Constitucional de la República y como ciudadano hondureño, optó por la vía jurisdiccional e igual hicieron otros ciudadanos; y que, en la sentencia sobre la  correspondiente acción de inconstitucionalidad, el 22 de abril de 2015, se declaró que las normas contenidas en la vigente Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevalecen sobre la norma constitucional que prohíbe absolutamente la reelección, por lo cual se declaró inaplicable esa prohibición constitucional y otras normas complementarias. Esa sentencia es de ejecución inmediata y tiene efectos generales.

Esa obligatoriedad y efectos de la sentencia, tal como lo expresamos en nuestra manifestación de mayo 2015, resulta del hecho de que, por primera vez, la Corte Suprema de Justicia, además de realizar el  “control de constitucionalidad” cumplió con su deber internacional de aplicar el “control de convencionalidad”, el cual, dentro del sistema interamericano de derechos humanos, ordena a los magistrados reputar inaplicables las normas internas, incluyendo las de la Constitución de la República, opuestas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la interpretación dada a ésta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El “Control de convencionalidad” es una institución que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido aplicando y desarrollando, desde el inicio del presente siglo XXI, para que los Estados concreten nacionalmente su obligación de garantizar la efectividad del goce de los derechos humanos conforme a lo que prescribe la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados, y la interpretación que les haya dado la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. En la aplicación del “Control de Convencionalidad” ya se ha declarado que normas constitucionales son inaplicables por ser inconvencionales o  contrarias a la Convención Americana sobre Derechos  Humanos, tal como la Corte Interamericana lo hizo, en el 2002, con una norma constitucional de Chile, en el caso denominado “La Última Tentación de Cristo”.

El “control de convencionalidad” es obligatorio en todo Estado, en el cual esté en vigencia la Convención Americana sobre Derechos Humanos y haya sometimiento voluntario a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ocurre en el caso de Honduras.

El Conadeh se pronuncia así de nuevo sobre éste tema, con respecto al cual se abstendrá de nuevas declaraciones o consideraciones, para evitar ser envuelto en el juego de malabares político- partidistas y otros que pretendan afectar la independencia de esta institución estatal de protección y promoción de los derechos humanos, al servicio exclusivo de la dignidad de las y los habitantes, y del desarrollo sostenible nacional.

Sede del Comisionado Nacional de los  Derechos Humanos, Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, 29 de diciembre del 2016.

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