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Denuncian a jueza de Choloma en treinta ocasiones, pero Argueta Pérez afirma desconocer sus actuaciones al margen de la ley

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente de la Corte Suprema de Justicia ( CSJ), Rolando Argueta Pérez, afirmó este martes desconocer una denuncia que interpuso el abogado José Ramón Osorio contra la jueza de Letras Seccional de Choloma, Cortés, abogada Gloria  María Medina Soto, quien fue nombrada por el concejal julio Barahona.

“La jueza ha sido denunciada en más de treinta oportunidades por  sus actuaciones ilegales que causaron un grave perjuicio al  Parque Industrial Real, de esa ciudad, a tal grado que  nombró un administrador judicial (su mejor  amigo), con extra facultades, más allá de las  atribuciones propias de ese cargo”, señaló Osorio  en una entrevista para el programa Interpretando la Noticia de Radio Globo.

La acción se llevó a cabo sin celebrar audiencia, previo a su nombramiento. Por otra parte, ella no tenía a cargo ese expediente y se auto asignó las cantidades honorarias percibidas en esos ocho meses, que no pasaron por los juzgados, y fueron a parar  a manos de Nicolás Maloff Flefil, persona que ha sido acusada por estafas en la ciudad de San Pedro Sula, sostuvo Osorio.

 El profesional del derecho cuestionó  que  la funcionaria judicial a pesar de tener un  rosario de denuncias en su contra,  continúe  en el Poder Judicial, “pues la cobardía de los litigantes y el padrinazgo de Rolando Argueta Pérez, la tienen allí; esto sumado a la lentitud del fiscal Daniel Medina, quien a paso burocrático no actúa para nada”.

Sobre las acusaciones, el presidente de la Corte Suprema, manifestó que “tendría que revisar el caso en particular, para conocerlo; lo podemos ingresar porque no preciso de  la información adecuada”.

 Añadió que “lo que sí  puedo decir es que contra esta jueza o contra cualquier funcionario del Poder Judicial, que se considere que se ha actuado al margen de la ley en la presidencia del Poder Judicial, allí están los expedientes; no nos tiembla la mano para tomar decisiones e imponer sanciones”.

 Sobre este particular, aseguró que “lo hemos hecho en los cinco años y medio que tenemos en el ejercicio de la presidencia en el Poder Judicial, con 500 empleados con igual número de deducciones o sanciones judiciales, que van desde amonestaciones verbales y escritas, suspensiones y multas hasta despidos”.

Argueta Pérez mencionó que se han producido más de 60 despidos, en el  marco del respeto y del derecho que tiene la persona o el  funcionario, mediante una audiencia de descargo y del derecho de defensa del debido proceso.

“Tenga la plena certeza de que esta persona, que es jueza de Letras, se va a tomar la determinación que haya que tomar”, reafirmó el funcionario.  

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