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Denuncian ante la CIDH a titular del Poder Judicial por bloquear candidatura de aspirante a fiscal

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Un abogado denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, conspiró para que no asumiera el cargo de fiscal auxiliar a pesar que aprobó todas las pruebas que fueron establecidas por el Ministerio Público.

En un escrito que presentó ante el organismo especializado de la OEA, bajo expediente CIDH – 0000049889, señala que el exjefe de fiscales bloqueó todo proceso para no ser contratado en el ente operador de justicia, ya que se basó en una denuncia de violencia doméstica ocurrida en 2011 y que fue desestimada por las autoridades por carecer de fundamentos.

«Esta violación a mis Derechos Humanos, me ha provocado grandes daños a mis intereses de todo tipo, me he abstenido de realizar muchos proyectos en mi vida, proyectos de todo tipo», explica el litigante, cuyo nombre se mantiene bajo reserva para evitar persecución de Argueta.

Recordó que en septiembre de 2009 fue denunciado -sin ser notificado- por su hermana ante la fiscalía por violencia intrafamiliar y se olvidó de la misma, sumado a la inacción de los investigadores para esclarecer los hechos, por lo que años después terminó siendo desestimada y archivada. Cuando participó en el concurso para fiscal auxiliar, relata, y procedió a obtener la hoja de antecedentes penales, se llevó la sorpresa que fue denunciado.

«Me quedé sorprendido con la denuncia porque no sabía de ella. Ante tal situación inicié los trámites para limpiar o dejar sin valor la denuncia en mi antecedente policial porque la supuesta ‘victima’ se olvidó de la denuncia, la Policía citó a mi papá, mi mamá, mi hermana y a mí para solventar la situación, la supuesta ‘victima’ desautorizo al Ministerio», reza el escrito.

Sostuvo que tras resolver ese incidente y se limpiara su hoja de antecedentes, se sometió al concurso y superó todas las etapas, sin embargo, jamás fue notificado que debía ser contratado como fiscal, pues Argueta operó desde las sombras, utilizando como excusa la denuncia en su contra, por lo que no pudo ejercer su papel como funcionario del Ministerio Público.

Una de las empleadas que estaba al tanto del concurso para fiscales, le dijo que “no había sido nombrado porque fue denunciado por violencia intrafamiliar y que por eso no me habían llamado para nombrarme, pues me sorprendí, porque ese asunto quedo resuelto en el año 2011. La denuncia que me presentaron por violencia intrafamiliar en 2009, y que me vine a dar cuenta de ella en 2011… y quedó resuelto ese problema dejando limpia mi constancia de antecedentes policiales, el Ministerio Público no encontró elementos para investigar la denuncia y los hechos (denuncia) no se subsumen en el tipo penal de violencia intrafamiliar por tener un parentesco consanguíneo con quien me denuncio que es mi hermana».

El candidato a funcionario reveló que en la resolución DGF-SER-242-2015 del 27 de agosto de 2015 emitida por Argueta «se concretó la verdadera violación a mis Derechos Humanos, por haberme situado en una situación de desigualdad y discriminación, la resolución anteriormente descrita, me discriminó, tal resolución es una violación sistemática de mis Derechos Humanos por parte del Estado de Honduras».

«Con tal resolución el Estado de Honduras me situó en una posición inferior a las demás personas que participaron en el concurso para Fiscal Auxiliar de 2015, todas las personas que participamos en el concurso para Fiscales Auxiliares, lo hicimos en igualdad de condiciones, ninguno ostentaba características distintas entre los participantes… yo, como participante del concurso presente también mi constancia de antecedentes policiales limpia, es decir, sin denuncia de ningún delito, esto quiere decir, que mis compañeros y yo, no teníamos denuncia que nos acreditara que teníamos algún problema con la justicia hondureña», denunció el abogado ante la CIDH.

El afectado exteriorizó que se vio obligado a interponer una denuncia en un juzgado contencioso administrativo a fin de defender su puesto de fiscal auxiliar, en la que expresó que «todo este procedimiento de no nombrarme tiene un origen ilegal que es haber aceptado la denuncia cuando nunca se debió aceptar por el parentesco de la denunciante con mi persona, de igual manera, otra norma que regía el concurso es el Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, que se regula el ingreso al Sistema de Carrera en los artículos 66 al 68, de igual manera, si se iba a fundamentar en no nombrarme debía hacerlo con base en el artículo 68 del Reglamento ya señalado, ahí se configuró la Desviación de Poder al fundamentar la resolución DGF-SER-242-2015 en el Código de Ética de los Servidores del Ministerio Publico y no hacerlo con base en el Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico y en su Reglamento, cuando hay desviación de poder el acto administrativo, es nulo».

Asimismo, insistió que la negativa de Argueta a ingresar a la fiscalía fue mediante #valoraciones subjetivas sobre mi persona en cuanto al aspecto conductual, asunto que no les correspondía hacer, para ello, en los exámenes a que me sometí, hay exámenes psicológicos y psicométricos que ambos fueron aprobados».

«En dichos considerandos es donde el Ministerio Publico me discrimina al no nombrarme en el cargo para el cual concurse, aquí se violenta el principio de igualdad ante la Ley que señala el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo cual señala que todas las personas somos iguales ante la Ley. Todas las personas que participamos lo hicimos en iguales condiciones, todos los que pasaron los exámenes fueron nombrados en el cargo, yo pasé los exámenes y no fui nombrado para dicho cargo, una decisión violatoria a mis Derechos Humanos», expresó.

La demanda que interpuso unos años antes fue desestimada por el juzgado contencioso administrativo «donde declara sin lugar estableciendo que en la resolución administrativa emitida en el Ministerio Público se me dio una respuesta válida y motivada para no nombrarme en el cargo» y posteriormente interpuso otro recurso pero fue rechazado.

También se vio obligado a interponer un recurso ante la Sala Constitucional del Poder Judicial por «todas las violaciones a mis Derechos Constitucionales y Humanos por parte de las autoridades del Ministerio Público, ya que mis derechos no se salvaguardaron por el Juzgado Contencioso-administrativo de Tegucigalpa, le establecí a la Sala Constitucional, que se impartiera Justicia de manera imparcial, que se respetara la Independencia Judicial, y que se esgrimieran argumentos defendibles dentro del Estado de Derecho».

«De igual manera solicité al máximo órgano impartidor de justicia constitucional en Honduras, que ordenara al Fiscal General de la República de Honduras mi nombramiento como Fiscal Auxiliar en el Ministerio Publico, asimismo, que se me indemnizara con todos los salarios y aumentos dejados de percibir, desde la fecha que debió procederse a mi nombramiento (22 de junio 2015) hasta que se resolviera a mi favor el amparo, pero no fue así, se vertieron argumentos por parte de la Sala Constitucional totalmente contradictorios y confusos, pero todo se hace protegiendo a Rolando Argueta del gran error que cometió».

Detalló en su queja que una vez emitida la resolución en mención por Argueta «no me podía ir directamente a la Sala Constitucional a presentar el Recurso de Amparo, porque tenía expedito acciones legales en el juzgado contencioso-administrativo…la Sala Constitucional se equivoca en su auto de fecha 24 de abril 2019, lo que están haciendo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es proteger (así de débil esta la institucionalidad en Honduras) a Rolando Edgardo Argueta Pérez actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, que anteriormente cuando fue el Director General de Fiscales del Ministerio Publico que emitió la resolución administrativa DGF-SER-242-2015, lo protegen porque si me nombran como Fiscal Auxiliar, me tendrían que pagar los salarios dejados de percibir, desde la fecha cuando se me debió nombrarme hasta cuando supuestamente me nombrarían, y esos salarios es bastante dinero, más de 4 años de salarios me tendrían que pagar, y lo que buscan es que la Procuraduría General de la Republica una vez que salga del cargo Rolando Argueta no le cobré todos esos salarios que he dejado de percibir al Presidente de la Corte Suprema de Justicia».

El abogado, afectado por la decisión del titular de la Corte Suprema de Justicia, afirma ante la CIDH que «Honduras vive muy malos momentos de institucionalidad ahora mismo, una institucionalidad muy, pero muy débil, en los índices de Estado de Derecho Honduras sale aplazada, tenemos un Poder Judicial débil, con manipulación de jueces y magistrados, yo como abogado vivo diariamente la corrupción de los jueces y de la ignorancia de los mismos, en este país, solo dan ganas de emigrar a otro país, la situación de Honduras es grave».

«Se contratan jueces que ya llevan directrices específicas sobre casos específicos, se mueven funcionarios a puestos estratégicos para tener centralizado el poder, se habla que juez que se salga de la línea, es juez expulsado del Poder Judicial, hay algunos jueces independientes, pero en una mínima medida. Esta violación a mis Derechos Humanos, me ha provocado grandes daños a mis intereses de todo tipo, me he abstenido de realizar muchos proyectos en mi vida, proyectos de todo tipo», concluye el reclamo.

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