Depurador policial pagó dinero al TSC por reparo administrativo y jamás pisó la cárcel

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El actual depurador de la Policía Nacional de Honduras y dirigente de la sociedad civil, Omar Rivera, tuvo que restituir más de diez mil lempiras para quedar exonerado de cargos de responsabilidad civil por no haber liquidado fondos que recibió para viajar a un evento realizado en marzo de 2016 a Colombia y a una gira efectuada a Yoro.

Este periódico interceptó varios oficios girados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con fecha 30 de junio de 2017, en la cual se constata que Rivera, exempleado del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) tenía un “saldo pendiente” de 10 mil 252 lempiras exactos, que fueron descubiertos en una investigación especial que realizó el ente contralor entre el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015, por lo que se efectuaron los reparos que ya ordena la ley.

En el oficio 17-2017-DASII-DACD girado al tesorero del TSC Raúl Emilio Alfaro Martínez, establece que el dirigente oenegeísta “está anuente a efectuar el pago previo a la emisión del informe, razón por la cual solicito recibir el valor antes mencionado por el señor Omar Edgardo Rivera, quien deberá remitir al sector de infraestructura e inversiones la fotocopia del recibo extendida por la tesorería del TSC”.

De hecho, el exempleado del FHIS restituyó el 30 de junio de ese año el monto por el que fue sujeto de reparo civil y por el que recibió una constancia de solvencia de compromisos con el organismo estatal, siendo liberado de cualquier responsabilidad que emitieran los auditores.

Aunque Rivera honró la suma a favor del organismo, jamás fue requerido por la justicia ni deslizó sus zapatos por los juzgados especiales anticorrupción, mucho menos, se publicó el reparo, cosa contraria que vivieron los exmiembros del desaparecido Consejo de la Judicatura quienes fueron enviados a prisión por supuesto manejo irregular de fondos.

Los exconcejales Jorge Rivera Avilés, Celino Aguilera, Julio Barahona, Lilian Maldonado, Francisco Quiroz y Teodoro Bonilla fueron procesados y encarcelados en una unidad militar por órdenes de la jueza Vera Barahona.

Los acusados dijeron que el proceso debió ser administrativo y no penal, ya que el TSC tuvo que emitirles los pliegos de responsabilidad por no haber efectuado la liquidación de víaticos y otros gastos que incurrieron mientras permanecieron en sus puestos.

El presidente del Tribunal, Jose Juan Pineda, aclaró que el proceso contra los exconcejales y cualquier funcionario tuvo que apegarse al debido proceso, es decir, que el TSC debió culminar la auditoría y hacer la petición que a los implicados se les debería perseguir penalmente.

En caso de indicios racionales, detalló, “la ley manda que en los actos administrativos donde interviene un funcionario se tiene que agotar la vía correspondiente y se esclarece el desempeño que tuvo la persona mientras estuvo en el cargo”.

Apuntó que si los ex altos servidores incurrieron en responsabilidad civil, los expedientes son referidos a la Procuraduría General de la República (PGR) y en caso de delitos, la documentación es enviada a la fiscalía para que procedan a entablar la acusación por enriquecimiento ilícito o irregularidad que haya afectado al Estado hondureño.

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