HomeExclusivasDesde el Pani se drenaron multimillonarias cantidades de dinero sin justificación

Desde el Pani se drenaron multimillonarias cantidades de dinero sin justificación

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Los recursos asignados al Patronato Nacional de la Infancia (Pani) captados a través de loterías y cooperación internacional fueron drenados para «combatir la pobreza extrema» en Honduras, pero sin resultados evidentes que pudieran justificar un correcto uso del dinero, por lo que se convirtió en un foco de despilfarro y corrupción.

En el Pani, dirigido por Golda Santos, se registran fuertes erogaciones de dinero destinados, supuestamente para programas de combate a la miseria de hasta 300 millones de lempiras a beneficio de otras entidades, entre ellas, oenegés, y nunca a favor del binomio madre-niño. En esta oficina pública, la corrupción se convirtió en un juego de azar, cuyos beneficiarios no fueron los infantes, sino avorazados funcionarios y oscuros cuadros que han sacado provecho a los recursos públicos.

Esta fuerte erogación monetaria supera a cualquiera que hayan efectuado los funcionarios del actual gobierno aunque no ha sido sujeta de una investigación de oficio por el Ministerio Público y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (Ufecic) a fin de establecer quiénes autorizaron las trasferencias y la respectiva deducción de responsabilidades.

Los documentos que tiene en sus manos este medio, revelan cómo el Consejo Directivo del Pani (Codipani), destinó dinero para el programa de becas 20/20 creado por el presidente Juan Orlando Hernández, al alegar que serían parte del convenio de cooperación con la empresa Corporación Comercial Canadiense (CCC), quien opera loterías electrónicas en el país.

Según la resolución Codipani 013-2017 del 7 de abril de 2017 detalla la autorización de la transferencia a una cuenta en el Banco Central de Honduras (BCH) a nombre del fideicomiso del fondo de solidaridad y protección social de la pobreza extrema, en la cual se establece el giro a la referida cuenta, siendo autorizado por el ex subsecretario de Salud, Francis Contreras, como presidente del Consejo Directivo.

Un mes antes, Santos había autorizado que se realizara el giro multimillonario y se le autorizó para que pidiera una enmienda al Ejecutivo a fin de que se concretara el traspaso de los 300 millones al fideicomiso de cooperación para que la plata sustraída del Pani fuera para el clientelismo político a través del programa presidencial de becas.

Esta transferencia, avalada por Contreras y Golda Santos, va en contra de los artículos 1 y 3 que establecen que el Pani «tiene por objeto coadyuvar con la ejecucion de la politica del estado relacionado con el bienestar fisico, mental y social de la poblacion materno infantil…y que la población materno infantil comprende a los menores cuya edad no exceda de catorce (14) anos y a sus respectivas madres naturales o por adopción.

En la sustracción del dinero orientado a la niñez, participaron algunas organizaciones no gubernamentales como la Asociación para el Desarrollo Social Solidario (Asodessol) a través del proyecto Promoviendo la calidad educativa y la convivencia pacícifica en las cuatro comunidades del municipio de Lepaera, Lempira, por un monto de 12 millones 462 mil 364 lempiras, según explica el oficio 020-2017 del 16 de marzo de 2017.

El oficio explica que la finalidad de acceder a los fondos es para «lograr los objetivos de impulsar el desarrollo económico, combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida y el bienestar social de sus respectivos ciudadanos». Aunque añade en un apartado de este oficio que se atenderán a las madres y niños, la oenegé Asodessol utilizará el dinero para «fomentar las buenas costumbres».

Aunque la fuerte erogación de dinero iba destinado al combate a la pobreza en esta región, los resultados son invisibles; de hecho, Lempira -de donde es originario el actual titular del Ejecutivo nacionalista- ha sido el departamento con mayor recepción de dinero estatal para programas de reducción de la miseria, sin resultados que permitan a la zona salir de la eterna crisis que ha padecido.

Las partidas presupuestarias para ayudar a la población de ese departamento se han evaporado y no hay una efectiva rendición de cuentas que permita determinar en qué se utilizó cada lempira; el silencio ha primado en el actual gobierno respecto a la fuerte asistencia oficial destinado a Lempira.

Las reuniones de los miembros del Codipani fueron única y exclusivamente para debilitar la institución a través de la salida de dinero hacia otras actividades que no están relacionadas con la niñez y para beneficiar oenegés. Para el caso, el 31 de enero del año anterior, se autorizó un desembolso por tres millones de lempiras a la fundación Progreso y Solidaridad y otras fundaciones.

El oficio 009-2017 estableció tal fondo y un «desembolso» de un 40 por ciento, que asciende a seis millones 707 mil 039 lempiras con 40 centavos para el programa de generación de empleo de jóvenes a través de centros de formación virtuales comunitarios. Lo mismo ocurrió con la entrega de los fondos para un proyecto denominado centros de alcance juvenil, pues este programa orientado a la «prevención de violencia» costó 16 millones 900 mil lempiras.

A pesar de los señalamientos, la funcionaria dijo en febrero anterior que en su condición de directora del Pani «no está facultada para hacer transferencias sin la autorización del Codipani porque ella sólo tiene voz, pero no voto. Justificó que las solicitudes de transferencias «están de parte de Casa Presidencial al Consejo Directivo del Pani, el que resuelve que los recursos sean transferidos».

Es más, Santos es considerada como una de las personas de confianza de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo en el caso La caja chica de la dama que supuestamente sacó unos 12 millones de lempiras que fueron transferidos a la cuenta particular de la esposa del expresidente Porfirio Lobo, a unos días de finalizar el mandato.

Sobre la imputación en su contra, aseguró que no sabía si estaba «triste o indignada… porque creo que el combate a la corrupción es una obligación de todos los hondureños y sobre todo de nosotros los funcionarios el actuar transparentemente, pero que no se debe calumniar, una cosa es luchar, otra cosa es hacer una buena investigación y en caso que alguien haya cometido dolo o haya actuado incorrectamente, entonces, que se le aplique el peso de la ley que corresponde”.

En la trama de saqueo contra las instituciones públicas, participaron organizaciones como Fundación Dibattista y Todos Somos Honduras, ya que ambas drenaron dinero de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y que asciende a unos seis mil millones de lempiras. El Ministerio Público concluyó la investigación contra las dos oenegés y tiene listo el requerimiento fiscal contra los directivos de ambas asociaciones por su participación en una megatrama de corrupción que ha perjudicado de forma fatal las finanzas.

Es de recordar que las dos oenegés se encontraban en estado de inoperatividad en la Unidad de Registro y seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC) y fueron reactivadas por el Partido Nacional de Honduras para ser usadas en el saqueo y drenaje de dinero. Dibattista, firmó en su momento varios convenios con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) durante la gestión de Jacobo Regalado Weizemblut.

Lo mismo ocurrió con el sacerdote católico Juan José Pineda, quien recibió 30 millones de lempiras del fondo de seguridad poblacional o Tasa de Seguridad, los cuales fueron calificados como “inauditables”. Es decir que no se pueden justificar en qué fueron invertidos.

En conclusión, todos estos casos no cuentan con soportes creíbles que den una clara explicación sobre la forma en cómo se invirtieron multimillonarias cantidades de dinero, por lo que la corrupción y el despilfarro son una constante en la denominada Red que asaltó el poder.

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