Estás aquí
Inicio > Editorial > Opinion > Despilfarro de fondos del “tazón” de Seguridad en tiempos de pandemia

Despilfarro de fondos del “tazón” de Seguridad en tiempos de pandemia

Por: Juan Alfaro Posada

Es inconcebible que el régimen cachureco de Juan Orlando Hernández Alvarado (JOHA) haya derrochado más de 700 millones de lempiras en la compra de vehículos de lujo con fondos del “tazón” de Seguridad, en tiempos de pandemia.

Aparte de que ese es un gigantesco gasto, el mismo no se justifica porque los índices de la violencia y extorsión no han bajado en el país, aunque el señor JOHA diga lo contrario, por conveniencia política.

Según el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), el gobierno ha recaudado en concepto de “contribución especial” a la Tasa de “Seguridad” Poblacional, unos 18 mil millones de lempiras en los últimos ocho años, que perfectamente deberían invertirse en salud y educación.

Esos fondos captados a través del sistema bancario nacional han sido ejecutados por la Secretaría de Seguridad, pero no hay transparencia o rendición de cuentas sobre la forma en que se canalizan o “invierten” esos recursos.

El gobierno se ampara en una tal ley de secretos oficiales, que es inconstitucional, y que se aprobó en la denominada “diarrea legislativa”, cuando el señor JOHA detentaba la presidencia del Congreso Nacional (enero 2010-enero 2014).

La tasa de Seguridad se incluye en la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional. Esa normativa declara reservada la información proveniente de diversas instituciones del Estado, representando un duro golpe para el acceso a la información pública.

Esos fondos del “tazón” de Seguridad deberían ser auditados por el Tribunal Superior de Cuentas (entiéndase cuentos) o por una firma auditora externa. Sin embargo, la ley de secretos oficiales se creó para fomentar la corrupción, la impunidad, el despilfarro, y no decir en qué se invierten nuestros recursos.

Si el señor que ocupa la Presidencial afirma que hemos avanzado en materia de seguridad, entonces ¿por qué se continúa gastando los fondos en la compra de carros de lujo, y se mantiene la vigencia de la citada “contribución especial”?, ¿En qué se basan para afirmar que los resultados han sido óptimos o positivos?
Asimismo, ¿por qué los vehículos que compran a nombre de la cacareada seguridad tienen que ser de lujo y blindados?

Es un excesivo gasto sólo en la compra de los carros, y no digamos en el blindaje de los mismos, que oscila entre 40 y 50 mil lempiras por unidad, según los entendidos en la materia.

En verdad, que no se justifica por ningún punto, el gasto superior a los 700 millones de lempiras, en la compra de los carros de lujo, cuatrimotos, motocicletas y otro tipo de unidades.

En el país la vorágine de la violencia sigue cobrando vidas de transportistas, mujeres, jóvenes, empresarios, profesionales y de otros estratos sociales. Entonces, ¿cómo puede justificarse el gasto de los 18 mil millones de lempiras del “tazón”, sólo en la persecución del delito, por medio de las secretarías de Seguridad y Defensa?

Lo ideal sería destinar más presupuesto en la educación para prevenir el delito que en la persecución del mismo. Si enfatizamos en la prevención, destinaríamos poco en la curación o en la persecución, y al final, tendríamos una mejor sociedad..

Lo anterior es parecido a la naturaleza de las enfermedades, que las prevenimos educando a la población. Prevenir es más barato y saludable, que curar.

Creemos que no se han invertido recursos en aplicar la ley, a través del financiamiento a la Corte Suprema de “Justicia” (CSJ) y al Ministerio Público (MP), sino que se han derrochado en otros renglones innecesarios.

En conclusión, la práctica nos demuestra a lo largo de los últimos ocho años, que destinar esos fondos para las secretarías de Defensa y Seguridad, ha significado una cuantiosa pérdida o gasto, porque ambas instituciones no han dado los frutos o resultados que el pueblo añora.

Los rubros anteriores –Defensa y Seguridad – deben ser complementados o acompañados con inversiones orientadas a prevenir el delito y aplicar la norma jurídica.

Top