Diálogo político

(Por Edmundo Orellana) El diálogo político que está por comenzar nos plantea interrogantes en relación con la gravedad de la crisis, sus alcances y la necesidad, inexcusable, de atenderla.

Es momento de preguntarse, entonces, cuáles son los temas prioritarios que deben ser abordados en el diálogo. Esta pregunta es fundamental. Si no priorizamos los temas y no cronometramos el proceso para acometerlos, perderemos, una vez más, la oportunidad de atacar eficazmente los factores que alimentan la crisis.

Si usted distinguido lector, está seguro de que los procesos por los cuales fueron seleccionados los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los titulares del MP, estaban amañados, y, también, desconfía del funcionamiento de esos organismos, desde su perspectiva, en nuestro país no hay independencia judicial ni “seguridad jurídica”; y, si, además, estima que la Sala de lo Constitucional, en lugar de defender la Constitución, la ataca sistemáticamente, exponiendo nuestros derechos fundamentales al abusivo ejercicio del poder público, entonces, está persuadido de que nos encontramos en una situación de indefensión permanente.

Si tiene la percepción de que el Congreso Nacional no legisla para beneficio del país, sino para proteger a los corruptos investigados y procesados por el binomio UFECIC- MACCIH y para evitar que siga avanzando en su lucha contra la corrupción, para usted el Congreso Nacional es la principal fuente de corrupción en el país. Y si, además, está seguro de que algunos de los diputados pagaron a los miembros de las mesas electorales receptoras para alterar la votación a su favor, siente, entonces, que no está debidamente representado en el Congreso Nacional.

Si considera que el actual gobernante no tenía título legítimo para postularse como candidato presidencial, para usted quien ocupa la Presidencia de la República no es un “Presidente legítimo”. Y, si además, está convencido de que llegó gracias a un fraude electoral, desde su punto de vista, quien dice ser el Presidente de la República no es más que un “usurpador”.

Si ha llegado a la conclusión de que el gobernante ha venido acumulando funciones en perjuicio de la independencia de los demás poderes del Estado, sometiéndolos a un riguroso sistema jerárquico, dentro del cual todos deben comportarse según sus instrucciones, entonces, usted reconoce que el poder público lo posee una sola persona y lo ejerce de modo autoritario.

Si está convencido de que el gobernante ejerce el poder arbitrariamente, manipulando a los tribunales y a los uniformados, militares y policías, para fortalecerse, reprimiendo a sangre y fuego, cualquier manifestación opositora, en su mente quien nos gobierna tiene todas las credenciales de un dictador.

Si sospecha que los resultados electorales son dudosos y vulnerable el proceso electoral -desde las mesas electorales receptoras hasta el TSE-, además de injusto, porque permite la pervivencia con financiamiento público de partidos que no superan los 5 mil votos, cuya conducta histórica ha sido servir al partido gobernante, apoyándolo en sus iniciativas en el Congreso Nacional, e, igualmente, considera que los demás partidos han abandonado la oposición militante, interesados más en sus problemas internos que en los del país, para usted el sistema electoral y el régimen de partidos es deplorable.

Si, finalmente, está seguro de que la ley que permite el canje de impuestos por publicidad amenaza con poner la prensa al servicio del gobierno, usted es de los convencidos de que este, con ese programa, pretende hacer desaparecer la libertad de prensa y, con ella, la libertad de expresión, vulnerando el derecho de la población a estar informada a través de una prensa que enfoque los temas desde una perspectiva crítica, objetiva y veraz.

Si usted, estimado lector, se encuentra entre quienes se identifican con lo dicho en los párrafos precedentes, es evidente que no cree que el nuestro sea un estado de derecho, que opera bajo un régimen democrático, representativo y republicano, y, además, está convencido de que el sistema de justicia ha sido sustituido por un eficiente sistema de impunidad, alimentado por los mismos organismos llamados a combatirla.

Si esta es su posición, usted es de los que sostiene que la prioridad número uno en ese diálogo debe ser la reconstrucción de la institucionalidad, lo que solo es posible mediante un proceso de modernización, amplio y profundo, del sistema constitucional hondureño, cuya finalidad fundamental sea garantizar el respeto de la voluntad popular y de los derechos fundamentales, así como la aplicación imparcial, ilustrada y efectiva de la justicia, para evitar que el Estado siga operando como instrumento del crimen organizado, especialmente de las redes de corrupción y del narcotráfico.

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