Monday, Aug 26, 2019
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Dueño de Logix halló en Honduras a través de demandas cómo volverse multimillonario

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La voracidad que está teniendo la empresa de maletín Logix Source Direct S.A. por apropiarse de dinero público de las entidades estatales y comunidades autóctonas se volvieron una costumbre en un país donde la retorcida justicia no busca proteger el interés de la sociedad, sino de un grupo de personas, aupadas por tomadores de decisiones protegidos por el poder estatal.

Esta empresa fue constituida en la isla británica -y paraíso fiscal- de Anguila, ubicada en las cercanías Puerto Rico, asentada en Panamá como una compañía sin «valores nominales», es decir, que apenas es de partafolio y en Honduras logró «ganar una demanda» de 38 millones 369 mil 519 dólares, pagadero con los recursos de la ENEE.

Es decir, que Logix logró que se congelaran 933 millones 726 mil 081 lempiras gracias a una jugada hecha por sus apoderados ante el Poder Judicial y sorprendieron a la jueza Alina María Cuadra Rosales, quien decidió admitir la demanda 05264-17, «a pesar de que nunca existió un contrato» como alega el Sindicato de Trabajadores  de la ENEE (STENEE) en un documento girado a la Corte de Apelaciones Civil.

No obstante, la extinta Comisión Nacional de Energía (CNE), mediante dictamen 042-2013 del 9 de octubre de 2013, dio el visto bueno para que Logix operara una central eólica en Trujillo, con el aval de la Secretaría de Recusos Naturales (Serna), por lo que no pasó por la estatal y nadie supo cómo la jueza Cuadra admitió la demanda y se bloquearan los flujos de dinero que Banco Atlántida trasladaba a la ENEE a través de la cuenta 12100010001185 abierta en el Banco Central de Honduras y que mantiene en mínimos las operaciones de la compañía estatal.

Este periódico confirmó que no hay convenios suscritos entre la gerencia general de la empresa pública de electricidad o, en su defecto, la junta directiva, por lo que la demanda debió ser trasladada a la secretaría de Estado, por ser la responsable directa de la entrada en operación de Logix, hecho que nunca ocurrió.

Al cierre de esta primera entrega se deja en evidencia que la empresa, operada por el puertorriqueño Eduardo Luciano Santiago, no ha hecho la mínima inversión, apenas realizó el pago de un fondo de reserva de 49 mil 836 dólares, según la resolución a la que accedió ConfidencialHN y se había establecido que debería producir unos 50 megavatios y un total anual de 171.26 gigavatios.

EL PARAÍSO DE LOGIX. La empresa de capital puertorriqueño fue constituida en el paraíso fiscal de Anguila, por Eduardo Luciano Santiago, un anodino multimillonario que halló en Honduras una gallina de los huevos de oro por su frágil institucionalidad y seguridad jurídica.

Apenas se sabe que tienen una dirección virtual en Panamá, de acuerdo a los escasos datos del Registo Público de esa nación; está identificado como Logix Source Direct Incorporated (Sociedad Anónima) y el código de organización es 557055, un inexistente correo electrónico y el domicilio está situado en Ciudad de Panamá, Calle 66 San Francisco, Edificio Plaza Belén 2do. Piso Oficina 203, con teléfono +507 394-2782.

Y es que el empresario puertorriqueño aprovechó los beneficios que da el paraíso británico para crear compañías offshore o de maletín ya que «no pagan impuestos por las actividades económicas realizadas fuera de la isla».

«Para crear una sociedad en Anguila se requiere un mínimo de un accionista y un director, quien puede ser la misma persona y tener cualquier nacionalidad», según explican documentos sobre esta isla ubicada en el Caribe.

SANTIAGO Y ELISA. Este personaje aterrizó en una de las naciones donde los empresarios locales se ven obligados a cerrar negocios o no emprenderlos por las pesadas exigiencias de abrir empresas. 

En esas circunstancias supo instalar la suya, denominada Transportes Elisa, que opera en la colonia Stibys, ubicada en la periferia norte de San Pedro Sula, por lo que suele importar productos procedentes desde EE.UU., según registros norteamericanos. 

A pesar de que fue fundado en 2018, ya se registran dos movimientos de productos suntuarios de segunda mano,  de acuerdo a datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. 

EL CAMINO OSCURO. Otra de las víctimas de Logix también fueron los pobladores de Cristales y Río Negro ya que se interpuso una demanda por 51 millones de dólares (mil 241 millones 090 mil 100 lempiras) al alegar que los miembros de ambas comunidades incumplieron un contrato en diciembre de 2012 con la referida empresa.

Logix pretendía instalar el parque eólico Punta Castilla y violentar el convenio 169 de la OIT que exige una consulta previa, libre e informada con las comunidades donde se pretenden instalar proyectos energéticos o extractivos. Según la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), la expresidenta de la aldea, Genica Reyes Álvarez, firmó el documento de usufructo de unas mil 852 hectáreas y «existe un testimonio del contrato asentado en la Corte Suprema de Justicia, de fecha 20 de enero de 2013. Tanto el contrato como sus detalles fueron ocultados de forma deliberada por la junta de la comunidad de Cristales y Río Negro al pueblo de Trujillo».

La empresa de maletín «inicia el proceso en contra de la comunidad a raíz de la donación de un terreno en Barranco Blanco a una compañía guatemalteca que pretendió la construcción de una desfasada refinería de hidrocarburos en las inmediaciones de la Laguna de Guaymoreto, la cual fue rechazada en un cabildo abierto efectuado en noviembre del año pasado».

GOLPES A ALCALDÍAS DÉBILES. Asimismo, esta compañía logró interponer una demanda contra la alcaldía de La Ceiba por un total de 784 millones 701 mil 437 lempiras con 97 centavos, más los intereses y costas del juicio porque el alcalde Jerry Sabio determinó rescindir el contrato para el manejo de desechos sólidos para la conversión a energía renovable. 

Y es que la empresa Renewable energy developers RED decidió recurrir a la vía civil para que la comuna caribeña proceda a resarcir el daño que, según ellos, habría provocado el jefe edilicio liberal, ya que el mismo había sido avalado por su antecesor, el nacionalista Carlos Aguilar, por lo que esperan que la justicia les dé la razón para que se les dé los 784 millones. 

En caso de que la sentencia contra la corporación municipal fuera ratificada en última instancia, el presupuesto -que para 2019 es de apenas 335 millones de lempiras- se vería afectado por muchas décadas ante la complacencia de la justicia. 

Según la demanda, Santiago «invirtió fuertes sumas de dinero en estudios de factibilidad, socializaciones, planimetría, diseños, giras, licencia ambiental, estudios técnicos y demás necesarios para la venta de energía producida por VEA (Valoración Eléctrica del Atlántico)» y que espera que sus peticiones sean escuchadas. 

COMPLICIDAD ESTATAL. Los multimillonarios negocios que mantiene el puertorriqueño tienen un selecto grupo de padrinos, mecenas y varios colaboradores que optaron por ver de lado la Ley de contratación del Estado que, en el artículo 45, establece una serie de condiciones respecto a la precalificación de las empresas a partir de la experiencia, capacidad instalada, capacidad financiera y el cumplimiento de contratos anteriores. 

Al respecto, el secretario de Recursos Naturales, José Galdames, le autorizó a Santiago -como representante de la empresa Energy Equipment Supply S.A.-  una adenda al contrato de aprovechamiento de aguas nacionales para la generación de energía eléctrica del proyecto hidroeléctrico Río Betulia, ubicado en la comunidad de Santa Fe, en Colón pasando de 1.3 a 5.6 y 6.8 megavatios. Esta ampliación del contrato le está dejando cuantiosos beneficios gracias a los buenos oficios del cuestionado funcionario estatal.

Detrás de la trama no sólo se encuentra este personaje, hay una suerte de holding llamado Energys Honduras, que concentra alrededor de cuatro empresas, a saber Desarrollos Industriales y Energéticos S.A., General Equipment Supply S.A., y Sociedad Hidroeléctrica del Norte S.A. de C.V., quienes a su vez administran nueve centrales hidráulicas. 

De hecho, Energys está compuesto por las firmas Inversiones Fezzan S.A., Desarrollos Marquezas del Norte S.A. y a su vez se subdivide en otros socios, que gozan de los privilegios que ha concedido el Estado de Honduras a través de misteriosos contratos. 

Este periódico encontró que Energys administra siete represas, entre ellas, Río Jaitique, Río Tocoa, Hidroeléctrica Río Viejo, Hidroeléctrica Río Piedra Blanca, Hidroeléctrica Río Maragüita, Hidroeléctrica Río Maragua e
Hidroeléctrica Río Grande.  Estos ríos fueron concesionados en septiembre de 2010, y por un periodo de 30 años, cuando el Legislativo controlado por 71 diputados nacionalistas y en complicidad con el bando liberal y provocó airadas manifestaciones de los pueblos originarios y comunidades que están opuestas a la instalación de estas obras porque consideran una grave vulneración a los territorios que ancestralmente les pertenecen. 

El proceso de entrega de los recursos naturales y de los cuales Santiago ha sabido sacar provecho, se aceleró con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, cuando el régimen de Roberto Micheletti, a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) licitó alrededor de 250 megavatios de energía y que culminó en la apertura de unas 50 ofertas y que fueron adjudicadas a unas 47 empresas locales, siendo aprobadas en la oscuridad de la noche por el Parlamento. 

Al respecto, la expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juliette Handal, denunció en aquella época que alrededor del 70 por ciento de los ríos -muchos de ellos no cuentan con potencial hidroeléctrico- fueron cedidos a la Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable (AHPPER), cuyos representantes forman parte de los grupos económicos que han venido controlando la producción de electricidad a través de centrales termoeléctricas generadas por búnker. 

En aquella ocasión, la también exsecretaria de Economía advirtió que ese proceso sería el inicio de una ruta que llevaría a la quiebra a la ENEE, por lo que la predicción de la lideresa empresarial se concretó a finales de 2018 cuando se anunció el cierre del organismo para dar paso a tres compañías encargadas de la generación, distribución y transmisión que ya están contempladas en la nefasta Ley general de la industria eléctrica de 2013 que fue aprobada por mayoría mecánica nacionalista. 

LEGISLATIVO NO APROBÓ CONTRATO A LOGIX. Sobre el embargo interpuesto por Logix a la ENEE, el vicepresidente del Parlamento, Denis Castro Bobadilla, expuso que el multimillonario «embargo pone a la ENEE en una situación difícil al no poder hacer frente a sus obligaciones».

Explicó que no hubo alguna firma que diera vida al contrato que llevó al tortuoso proceso legal «debido a que no existía la necesidad de lo ofertado, aunado al hecho que los términos de la oferta realizada, suponían la firma de un contrato que superaba en término del periodo del gobierno, requiriendo para su validez aprobación del Congreso Nacional, trámite que nunca fue realizado ya que en principio nunca se llevó a cabo la contratación.»

«Asimismo la Junta Directiva de la ENEE adoptó una resolución en la que no se aprobó dicho contrato, debido a situaciones asociadas a que a pesar de tener personería jurídica, la empresa Logix Source Direct Honduras no cuenta con instalaciones físicas ni otro indicio de existencia física y no tiene inversión, situación generada por la vigencia de la ley de Energía Renovable la cual eximía a las empresas generadoras de energías renovables de varios requisitos legales como medida para incentivar la inversión en dicho rubro».

Asimismo, consideró en una moción presentada en diciembre al Congreso de que la jueza Cuadra «sin haberse agotado la jurisdicción de lo contencioso administrativo (solo agotó la instancia administrativa de la ENEE), procediendo el mismo a ordenar el embargo. Es decir, se ordenó el embargo, en base a un contrato que ni siquiera vino a este Poder del Estado para ser aprobado, siendo éste un requisito sine qua non para la validez del mismo».

Exigió que la Procuraduría General de la República (PGR) y al Ministerio Público que asuma el caso e inicie las investigaciones, de manera respectiva, para que exista deducción de responsabilidades y se proceda a la acción de repetición contra los funcionarios que «por negligencia generaron los actos en que se fundamentó el embargo y de esta manera resarcir los daños al Estado de Honduras».

 

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