El fin de la MACCIH

(Por Edmundo Orellana) “Está medianamente cerca”, dijo el magistrado presidente de la Corte Suprema, opinión que comparten no pocos funcionarios y políticos, que también expresan, en público y en privado, su deseo de que el convenio de la MACCIH llegue a su fin, apoyándose en la tesis de que no es saludable que el sistema de justicia sea intervenido por extranjeros.

Otro sector, que se dice progresista, evita comprometerse en un apoyo decidido a la renovación del convenio de la MACCIH, alegando que sus resultados son muy pobres, con lo que se colocan del lado de quienes apoyan que se vaya.

Los que así opinan evitan mencionar que la MACCIH vino porque el pueblo, en las calles, exigió un mecanismo anticorrupción similar al guatemalteco, cuya intervención en la investigación y en el proceso penal es muy superior al que tiene la MACCIH.

Lo exigió porque nuestro sistema de justicia, auténtico “templo de encantadores de serpientes”, generaba, en lugar de seguridad jurídica, impunidad, de la que resultaba favorecida, fundamentalmente, la élite corrupta aldeana.

Lo que ha hecho la MACCIH hasta ahora es mucho más de lo que su convenio auguraba, porque ha logrado construir una institucionalidad operativa dentro del sistema de justicia, eficiente y eficaz, a saber: la UFECIC y los juzgados anticorrupción.

Con pocos recursos humanos, técnicos y financieros, la UFECIC ha avanzado extraordinariamente; prueba de ello es que con solo mencionarla entran en pánico los corruptos. Los juzgados anticorrupción, por su parte, han demostrado su independencia y apego a la ley, muy diferente a lo que ocurre en los tribunales ad-hoc, integrados por magistrados de la Corte Suprema para juzgar a los altos funcionarios del Estado, lo que ha estimulado una corriente de opinión en el sentido de eliminar ese fuero privilegiado, cuya existencia prohíbe la Constitución, porque no son más que “tribunales de excepción”, creados a posteriori del hecho ilícito, con el evidente propósito de dar un tratamiento especial a los imputados, lo que fue obvio en el caso denominado “Pacto de Impunidad”.

Esta institucionalidad operativa -posible gracias a que el personal que labora en ella fue certificado por la MACCIH, en un proceso riguroso de evaluación de méritos-, no sobreviviría a la desaparición de la MACCIH, porque aún está en proceso de formación. Bastaría con sustituir a sus titulares por quienes no han sido certificados, para que lo andado se esfume y su actuar lo determine la élite corrupta.

Detrás de la MACCIH está la comunidad internacional, en cuyo apoyo descansa la confianza de los operadores que han hecho posible estos avances. Nada de lo hecho hubiese sido posible sin ese apoyo, porque la élite corrupta, acostumbrada a disfrutar de la impunidad que garantiza el sistema, no lo habría permitido. Esas declaraciones publicadas desde la Embajada de Estados Unidos cada vez que peligra la existencia de la MACCIH o de la UFECIC, son apoyos inequívocos a esta institucionalidad y claras amenazas para aquellos que están detrás de esas conspiraciones.

Quienes exigen más del binomio MACCIH-UFECIC, se niegan a aceptar que la lucha anticorrupción es contra el sistema de impunidad. Ejemplo de ello es la existencia de la ley de secretos que expulsa la transparencia y la rendición de cuentas de la actividad estatal y el rechazo a una Ley de Colaboración Eficaz, con la que se podría llegar hasta lo más alto de las redes criminales que operan en el sector público, para castigar a los verdaderos responsables de la corrupción en el país.

La CICIG y la MACCIH ya constituyen ejemplos inspiradores en Latinoamérica, para disgusto de esta élite corrupta. Por eso, Bukele, en El Salvador, y Moreno, en Ecuador, proponen mecanismos similares, en sus respectivos países, para combatir la corrupción.

Esa es la razón por la que se oponen a que siga vigente su convenio constitutivo, seguros de que, al concluir la misión, también desaparecerán la UFECIC y los juzgados anticorrupción, o bien subsistirán como excrecencias del sistema de impunidad.

A eso apuestan los que desean que se vaya. Prueba indiscutible de que esas élites son las responsables de que aún no tengamos un Estado de Derecho y que, en su lugar, predomine un sistema de impunidad cuya indestructibilidad e impermeabilidad se está poniendo a prueba con la presencia del binomio MACCIH-UFECIC.

Exijamos, pues, de los políticos que dicen ser diferentes, acciones más comprometidas para evitar que triunfe esa conspiración en contra de la MACCIH.

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