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Gobierno de Honduras hace «populismo penal» al recrudecer penas por extorsión

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El analista en seguridad y política, Raúl Pineda Alvarado, mandó al gobierno hondureño asesorarse con especialistas en derecho sobre el intento del Ejecutivo de calificar como “terrorismo” la extorsión y calificó las reformas como “populismo penal”.

“Desde la teoría del delito no es correcta, pero que se tiene en la actualidad es que esa decisión legislativa ya se había tomado cuando en 2013 se aprobó la Ley de la Policía Militar cuando se establece que la extorsión y otros delitos que provoquen terror será catalogado como terrorismo, por lo que se hace innecesario que sea incluido en las reforma al Código Penal”, dijo el jurista.

La norma aprobada hace cuatro años, prosiguió,  sanciona fuertemente la extorsión, pues contiene penas que suelen superar a las que establece la legislación penal respecto al terrorismo.

Otro de los inconvenientes que presentaría una reforma de tal magnitud es que la ONU aún no ha podido definir la figura de terrorismo, “en los actos de terrorismo, cuando triunfa el terrorista, se convierte en héroe o gobernante y cuando pierde se vuelve terrorista. La connotación política es el núcleo duro de la figura del terrorismo y en lugar de estar logrando una acción eficaz contra la delincuencia, agregarle el componente del terrorismo, estamos generando una eventual resolución legislativa que pudiera perdonar estos delitos por la connotación que tiene”.

Sostuvo Pineda que el problema de Honduras no son las leyes, pues en 2013 se aprobó más de una veintena de normas relacionadas con el combate a la delincuencia, “y lamentablemente, después de gastarse 130 mil millones de lempiras entre los presupuestos de la Policía y la Tasa de Seguridad haya habido una reducción sustancial de la inseguridad”.

El pensador puso como ejemplo a Italia que, a pesar de tener 60 millones de habitantes tiene una tasa anual de 400 asesinatos y “nosotros con ocho millones y medio, tenemos un promedio de cinco mil crímenes por año. Este no es un tema para aficionados, es un tema técnico que se deben tomar las resoluciones estudiando sociología, antropología, economía y después llegar a decisiones de tipo penal”.

“De otra manera, estamos haciendo populismo penal porque se está enviando un mensaje que le gusta a la comunidad, pero que desde el punto de vista penal no se debería hacer”, advirtió.

DE ASOCIACIÓN ILÍCITA A TERRORISMO. Respecto al intento del Ejecutivo que el Parlamento reforme e introduzca como “terrorismo” la extorsión y quema de autobuses como medida coercitiva de las bandas criminales, Pineda reafirmó el calificativo de “populismo penal” cuya respuesta no servirá para curar el mal causado.

“En Honduras, por acumulación de delitos, no pueden haber penas mayores de 30 años, ya llegamos al tope, creamos procesos que en otros países fueron probados y rechazados por su ineficacia frente al crimen y lo dijo el mes pasado el secretario de Defensa de México, cuando declaró que levantaría las dos manos porque los militares dejasen de hacer actividades policiacas porque desnaturaliza su función”, añadió.

Se puede utilizar las fuerzas militares de manera temporal para asistir en labores de seguridad, prosiguió, pero “estar consolidando la militarización de la seguridad, de trabajar por una buena policía que se dedique a servir y proteger y que no sea fuente de corrupción y temor, es un error. En este caso, la delincuencia no se combate con leyes y tenemos una sobreoferta de normas; el problema es supervisar y controlar para que estas leyes se apliquen y vamos a seguir gastando millones en un sistema de seguridad que no está dando resultados”.

Las reformas para recrudecer la represión del delito no ahuyenta a los criminales, dijo, más bien los provoca “y que no quepa duda que aumentarán los taxistas asesinados, buses quemados, el atentado contra los transportistas porque la extorsión significa un promedio de 400 millones de lempiras al año y no la manejan quienes están en ‘el Pozo’ sino otro tipo de personalidades y los que están presos son elementos operativos, peligrosos, pero no son el cerebro”.

Lamentó que el Estado no ha aprendido las lecciones en estos tres años de gobierno, pues el trabajo de campo debería ser realizado por policías comprometidos, capaces y valientes, “y entender que una policía sólo integrada por sujetos bien portados y muy honrados, no es la que va a generar temor dentro de los criminales que perdieron el respeto hacia las personas”.

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