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El proceso electoral

La regla, en este proceso electoral, es que todo lo prohibido es permitido.

El Presidente de la República es candidato a la Presidencia, pese a que todavía, después de las supuestas mutilaciones sufridas por la Constitución, está vigente el principio de la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, cuya infracción constituye delito de Traición a la Patria.

Previamente, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el precepto que prohíbe la reelección, con lo que pretendió remover dos prohibiciones constitucionales. En primer lugar, la prohibición de reformar la Constitución por un procedimiento distinto al de la reforma constitucional, haciendo creer que ahora se puede reformar vía sentencias de la Sala de lo Constitucional. En segundo lugar, la prohibición de reformar o suprimir los artículos “pétreos”, porque, supuestamente, en adelante podrán reformarse o suprimirse por decisión de la Sala de lo Constitucional, vía sentencia.

Por sobre las prohibiciones de utilizar los recursos públicos para campañas presidenciales, el Presidente se encuentra en plena campaña electoral aprovechándose de los medios que el ejercicio del poder pone a su disposición. No otra cosa ocurre con la continua y notoria exposición del Presidente en los medios de comunicación, destacando como extraordinarios logros hasta las nimiedades de la cotidianeidad del ejercicio de la presidencia.

En esta misma línea, la agenda política la fija la campaña presidencial. Los temas de discusión, diaria o semanal, son los que a la campaña del Presidente convienen. Hoy es el tema del traslado de los capos de las maras a las cárceles de máxima seguridad, bajo la coordinación del mismísimo Presidente de la República, quien, de madrugada, aparece en TV junto a los jefes de la Policía Militar en tan celebrada hazaña; mañana, será la captura de peligrosísimos capos de la droga y antes de ayer los logros macroeconómicos de su gobierno, teniendo el cuidado de no mencionar que la sociedad se hunde en un profundo abismo de pobreza, desempleo e inseguridad.

Todas las instituciones estatales orientan su actividad diaria en la dirección que marca la campaña del Presidente. Si a este se le ocurre hablar del tema de rebajar la edad punible, todas las instituciones estatales colocan ese tema como prioridad de su quehacer, incluida la Corte Suprema de Justicia. Si luego arremete contra los emisores de tarjetas de crédito, con el claro propósito de elevar su bajo nivel de aceptación en la clase media urbana, cuya preferencia por el dinero plástico las somete a sus leoninas condiciones, todas las instituciones competentes legalmente, actúan en consecuencia, incluidos los partidos de oposición en el seno del Congreso Nacional.

Mientras esto sucede a la vista de todos y con la complacencia de los organismos llamados a evitarlo, por violar flagrantemente las normas que prohíben aprovecharse del poder para la campaña electoral, dentro del ámbito del sector privado ocurre algo similar. Nunca como hoy la empresa privada ha estado tan amigable con el gobierno ni los gremios, otrora contestatarios, han estado tan dóciles y complacientes. Es muy posible que se deba al hecho de que poderosos empresarios han estado a las puertas de la cárcel y de que la dirigencia gremial ha sido descabezada y acusada en los tribunales. Lo destacable es que, contrario a lo que acontecía en gobiernos anteriores, desde estos sectores solamente se escuchan aplausos y felicitaciones para el gobierno, aunque resulte patente la persecución en su contra, como el hostigamiento fiscal en el caso de los empresarios.

En contraste, los candidatos de la oposición tienen que luchar contra el embravecido oleaje de las conspiraciones en el seno de sus partidos, promovidas, evidentemente, desde el gobierno, contra las veleidades de algunos líderes y contra la reticencia de quienes ayer, desde la empresa privada, solícitamente contribuían, proporcionalmente, con todos los candidatos y hoy, presas de pánico, creen, que de hacerlo, serían víctimas de la cólera presidencial. (¿Qué les habrá insinuado el Presidente?).

Ninguna prohibición constitucional ni principio, valor o regla, de orden jurídico o moral, contrarios al inconstitucional proyecto continuista del Presidente ha impedido su avance y posicionamiento definitivo en el escenario político, celebrado hasta por Transparencia Internacional, sección Honduras. Es la prueba irrefutable de la vulnerabilidad de nuestro sistema jurídico-político, de la fragilidad de nuestras instituciones y de la incapacidad de la sociedad política, civil y económica de hacer frente a estos abusos, pero también, y lo más preocupante, de lo que será el próximo gobierno de ganar las elecciones el Presidente de la República.

¡De ser así, bien merecido lo tenemos!

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