TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El régimen nacionalista de Juan Orlando Hernández, aprovechando la emergencia provocada por Eta y la pandemia del nuevo coronavirus, creó la Secretaría de Transparencia, lo que significa un fuerte golpe al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y apunta sus dardos hacia el Consejo Nacional Anticorrupción.

A grandes rasgos, Hernández busca profundizar su política de secretismo en la función pública, en el sentido de que no se divulguen datos que sugieren profundos actos de corrupción cometidos durante sus seis años de mandato y que podrá controlar a quienes designe en el cargo.

La publicación plasmada en el diario oficial La Gaceta del 6 de noviembre anterior precisa que esa entidad tendrá el deber de «coordinar, facilitar, promover e institucionalizar la debida implementación de la Política Nacional de Transparencia, Probidad, Integridad y Prevención a la Corrupción y la Estrategia de Transparencia y Anticorrupción».

Asimismo, se deja claro que la entidad también definirá cuáles son los lineamientos respecto a políticas públicas de transparencia y rendición de cuentas; el cumplimiento de las mismas será de carácter obligatorio.

El artículo 10 ordena la creación del Consejo Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas, que será una «instancia permanente de diálogo entre el gobierno, sociedad civil, el sector privado y academia, para la efectiva conducción del proceso de formulación, implementación, seguimiento y monitoreo de la política nacional de transparencia, probidad y prevención de la corrupción, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación tecnológica».

Ese ente «fungirá como secretario técnico del Consejo Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas, el Secretario de Estado en el Despacho de Transparencia, quien velará por el aseguramiento de la coordinación y articulación» de las políticas orientadas a la rendición de cuentas.

Como es de esperarse, la secretaría estará sujeta al Ejecutivo y será la auxiliar en materia de la formulación, promoción, coordinación, ejecución y evaluación de las estrategias y políticas públicas sobre la transparencia, prevención y combate a la corrupción pública.

Claro está que el elegido para dirigir el aparato de transparencia será un cuadro leal a las órdenes de Hernández, por lo que se teme que en el corto o mediano plazo se llegue a suprimir el IAIP, creado en el gobierno de Manuel Zelaya como mecanismo que fomente una efectiva rendición de cuentas.

Respecto al CNA, supone un golpe a la denominada instancia de sociedad civil, ya que sus cabezas visibles Gabriela Castellanos y Odir Fernández podrían convertirse en dos cuadros incómodos para el régimen, a pesar que han encubierto masivos y descarados actos de corrupción y han sido cómplices en otros, como los ocurridos en Inversión Estratégica de Honduras (Investh) que ha venido a minar su reputación.

También se daría un zarpazo al papel contralor del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), pues el secretario o secretaría de Estado podría bloquear el acceso a la información que puedan pedir los auditores en sus investigaciones a posteriori de la gestión cada alto funcionario, incluyendo al mismo Hernández y entorpecería cualquier proceso que culmine con la petición al Ministerio Público de un requerimiento fiscal contra los supuestos responsables de actos irregulares.

El hecho de que Hernández busque neutralizar cualquier investigación en su contra por delitos de corrupción, se convertirá en un nefasto precedente y construirá un muro hasta infranqueable para detener cuanto señalamiento haya en torno a la administración de la emergencia sanitaria por el SARS CoV2 y para eventuales investigaciones de cómo se ha manejado la actual crisis provocada por Eta.

Las lecciones que dejó tanto el megafraude al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la compra de los hospitales móviles por Investh, el ocupante del palacio José Cecilio del Valle las está utilizando para cubrir sus pasos y su involucramiento en los casos de corrupción; lleva varios años construyendo su propio aparato judicial que le ha bloqueado y le neutralizará cualquier petición que realice la ciudadanía a fin de que rinda cuentas por sus cuestionados actos.

Contar con un pusilánime Óscar Chinchilla al frente del tímido y exangüe Ministerio Público, tener alianzas con Rolando Argueta en el Poder Judicial y tener el control del organismo a través de ocho magistrados nacionalistas y siete liberales, le dará un respiro durante buen tiempo.

Tampoco deberá preocuparse de una rebelión de sus vasallos desde el monopolio de la acción penal y la impartición de justicia, logrando mantener impunidad, al menos, por un buen tiempo.

Cabe recordar que, hasta enero de 2020, Honduras cayó alrededor de 14 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción que confecciona cada año Transparencia Internacional. En la actualidad, el país se sitúa en la posición 146 y se prevé que en 2021 baje más peldaños, compitiendo con aquellos Estados cuyos mandatarios son los más corruptos.