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Empresa Cuasa se convirtió en la caja chica de María Eugenia Mourra

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La red mafiosa que opera en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), jefeada por María Eugenia Mourra, en contubernio con el director José Luis Andino, ha dejado a su paso graves pérdidas a empresas que fueron aseguradas a sus propietarios por supuestos vínculos con el crimen organizado.

Asimismo, se reafirma que las compañías bajo control de la OABI se convirtieron en caja chica por donde se han sustraído fuertes sumas de dinero para beneficio de Mourra y surge las peleas por el control de los activos que han sido quitados a quienes se les sindica de pertenecer a la criminalidad.

Uno de los hallazgos efectuados por ConfidencialHN son las peleas entre Andino y Mourra adentro de la oficina adscrita a la presidencia de Honduras. Este periódico confirmó que el actual director se siente molesto por la protección que ha venido recibiendo su compañera de trabajo desde el Ejecutivo; en fecha reciente, Mourra lo acusó ante el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) por irregularidades por un fondo de un millón 200 mil lempiras.

Meses después, los papeles se invirtieron: el funcionario al frente de la institución la denunció ante el organismo dirigido por Gabriela Castellanos  varios casos de corrupción que ha cometido la dama como responsable de una de las dependencias de la OABI. A pesar de las mutuas denuncias hechas por los dos acérrimos rivales, el CNA no tiene en su portal la documentación referente a ambos casos.

Otro de los hallazgos efectuados por este periódico son las irregularidades que incurrió OABI al contratar los servicios de una empresa distribuidora de combustibles, de nombre Distribuidora de Petróleo y Lubricantes (Dipelsa), sin haber formalizado una relación contractual y violó la Ley de contratación del Estado.

El dinero fue sustraído de forma ilegal de Cuasa sin seguir los controles administrativos para la justificación de los gastos incurridos; además, tres días antes de la emisión de cheques, AMC fue creada por Mourra y recibió 12 mil 500 dólares, de acuerdo al cheque 322, emitido el 7 de abril del año anterior.

Además, en la relación sostenida entre Dipelsa y la empresa Cuasa, se reporta una pérdida por «descuentos no percibidos» por un valor de 629 mil lempiras. La pérdida de la fuerte suma de dinero ocurrió entre el 17 de diciembre de 2016 y el 19 de marzo de 2018 en las entregas que efectuó la transportista de combustible a Cuasa, con un promedio por cada entrega de 12 mil 840 lempiras.

Pues resulta que por cada galón vendido ocurrió una pérdida de 6.21 lempiras en concepto de descuento que debió realizar el proveedor a Cuasa. En esa relación comercial, la productora de ocra ha sido la gran perdedora porque la multinacional Puma -según facturas- le vendió cuatro mil galones de diésel a Dipelsa por 286 mil 006 lempiras con 80 centavos y ésta hizo la transacción con Cuasa al traspasarle la misma cantidad de combustible por 298 mil 840 lempiras exactos. En consecuencia, la pérdida para la empresa ubicada en la zona sur fue, en promedio, de 12 mil 833 lempiras con 20 centavos por cada entrega de diésel.

Es decir que la productora tuvo que pagar tres lempiras con 20 centavos de más por cada galón vendido por Dipelsa, quien actuó como intermediario.

ConfidencialHN buscó en el portal único de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) el contrato suscrito con la distribuidora de carburantes sin tener éxito.

Otra de las irregularidades que pudo comprobar este periódico es que el actual gerente, de nombre Alex Eduardo Oliva Castañeda, no está cumpliendo con sus funciones para las que fue contratado y ha optado por atender su negocio personal de golosinas en uno de los barrios de Choluteca, a pesar de percibir un sueldo mensual de 40 mil lempiras por encargarse de la rentabilidad de Cuasa.

Un documento comprueba que Oliva Castañeda buscó en 2006 limpiar sus antecedentes de portación ilegal de armas y asociación ilícita, por lo que fue detenido el 1 de junio de 2004 por un juzgado penal de Tela por ambos delitos, demostrando el pasado criminal que tuvo el gerente de Cuasa y que no está cumpliendo con sus funciones para las que fue contratado.

Cabe recordar que en el caso de Cuasa, Mourra sustrajo alrededor de 36 mil 943 dólares de las arcas de la empresa intervenida; varios cheques en dólares del Banco Atlántida confirman que la funcionaria de la OABI se benefició de los cheques 1000318, 1000319, 1000322 y 1000327 por montos que oscilan entre los cuatro mil 325 dólares y 12 mil 500 dólares, emitidos entre el 11 de abril y el 5 de agosto de 2017.

La salida de los cheques fueron para dos empresas de fachada que fueron constituidas para fines de auditoría, entre ellas, AMC y Proc Cámara; Andino fue el responsable del libramiento de los fondos para las supuestas compañías. También firmó de forma ilegal unos 15 cheques por un total un millón 072 mil 600 lempiras a favor de la supuesta empresa propiedad de Mourra.

El dinero fue sustraído de forma ilegal de Cuasa sin seguir los controles administrativos para la justificación de los gastos incurridos; además, tres días antes de la emisión de cheques, AMC fue creada por Mourra y recibió 12 mil 500 dólares, de acuerdo al cheque 327, emitido el 9 de mayo del año anterior.

Respecto a al creación de AMC, se establece que una de las asistentes de Mourra, identificada como Mónica Varela, quien labora en la OABI, envió un correo desde la cuenta mvarela@oabi.gob.hn, recibida por emourra@oabi.gob.hn y otros destinatarios -cuya copia está en poder de este periódico- en el cual se notifica del pago de un segundo cheque, con código 322, pagado el 11 de abril pasado «por 12,500 dólares que fue pagado a la sociedad AMC el 7 de abril de 2017 ya que dicha compañía fue contratada por OABI-Cuasa para realizar labores de auditoría en la empresa Cuasa».

La investigación efectuada por ConfidencialHN revela que, en efecto, uno de los beneficiarios fue Allan Murillo, responsable de administrar las fincas controladas por la OABI y recibió una «comisión» por los fondos pertenecientes a Cuasa.

Luego que se le entregara el cheque, Murillo desapareció y su paradero es ignorado al igual que los 12 mil 500 dólares autorizados por la unidad administradora de bienes; Andino, por su parte, exigió que se le entregara un informe respecto a esta irregularidad y jamás tuvo acceso a la documentación que compromete a Mourra.

Al cierre de esta publicación, el silencio prima entre los funcionarios y colaboradores de la OABI, que fue intervenida en fecha reciente por la MACCIH y UFECIC para investigar una red mafiosa que ha estado apropiándose de bienes, objetos, utensilios y alhajas pertenecientes a personas que tienen señalamientos de estar vinculados al crimen, según las denuncias interpuestas en su momento por Radio Globo y que valieron la felicitación pública del exjefe anticorrupción Juan Jiménez Mayor.

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