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Empresarios atacan a bukele por reformas a Ley de Imprenta

Por : Juan Alfaro Posadas

La organización patronal periodística, conocida como Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inició una campaña de desprestigio contra el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, luego que la Asamblea Nacional de ese país aprobase reformar la Ley de Imprenta.
El poder Legislativo, de mayoría oficialista, aprobó con 68 votos a favor, de un total de 84 diputados, reformas a la Ley de Imprenta de 1950, orientadas a eliminar de raíz las exenciones fiscales en la importación de materia prima, maquinaria y equipo para la impresión de materiales.
Obviamente, que los directamente afectados son los propietarios de periódicos impresos, por lo cual la SIP a través de su representante en Honduras, Jorge Canahuati Larach, ha puesto el grito en el cielo sobre las medidas que ha tomado el parlamento salvadoreño.
La SIP aduce que esa decisión representa un “ataque directo a la libertad de prensa”.
Entre tanto, el presidente de la Comisión de Libertad de Información de dicha organización patronal periodística, Carlos Jornet, manifestó que el irrespeto de Bukele a la independencia de los poderes del Estado quedó fijado en la “ilegal destitución de los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y del fiscal general”.
Jornet, quien también es director del diario “La Voz del Interior”, de Argentina, comentó que con esas acciones se comete “un grave atentado contra la democracia”.
Asimismo, la SIP por medio de un informe sobre el estado de la libertad de prensa en El Salvador sostiene que en ese país hay “un gobierno que presiona, amenaza y expresa abiertamente desprecio hacia los medios y periodistas independientes e instituciones”.
¿Desde cuándo la SIP – que tiene su sede en Miami, Estados Unidos, – defiende la democracia, la libertad de expresión, de pensamiento y a los periodistas?
Los argumentos que esgrime la SIP contra el Presidente salvadoreño son vanos, falsos, egoístas, demagógicos y preñados de cinismo, ironía e hipocresía, porque Jamás ha defendido esos principios.
La SIP aglutina en su seno a los empresarios de medios de comunicación impresos del hemisferio occidental. Ellos se organizaron hace muchas décadas para proteger sus intereses económicos y la libertad de empresa, con respecto a los gobiernos de los países donde tienen sus negocios.
Esos empresarios nunca han defendido la libertad de expresión de los periodistas independientes y de los pueblos. Al contrario, han censurado esos valores esenciales de la verdadera democracia, que son el sustento y baluarte de la paz, progreso y justicia de las naciones.
Muchos de esos empresarios que se cobijan bajo la personalidad jurídica de la SIP atropellan permanentemente los derechos de sus trabajadores y, particularmente, de los profesionales de la noticia, despidiéndolos sin prestaciones, después de haberlos explotado en sus años mozos.
Por lo tanto, lo que ven en el caso concreto de El Salvador es que se les terminan sus privilegios, se les acaba la fiesta, porque Bukele haciendo uso del mandato soberano del pueblo, ha decidido “poner orden en la casa” sin la injerencia de la comunidad internacional.
Ante la decisión de los legisladores cuscatlecos, los citados empresarios han puesto las barbas en remojo, para evitar que ese caso se replique en el resto de naciones del continente americano.
Los aludidos empresarios ya están acostumbrados a permanecer recostados en los gobiernos, haciendo negocios sobre venta de armas, frigoríficos, medicinas, agua, televisión por cable, internet, financieras y otros rubros, además de cobrar servicios por publicidad sobrevalorada e influir en las decisiones políticas.
En consecuencia, temen que sea el comienzo del fin de sus antiguos privilegios e impunidad.
Nuestro país, Honduras, es terreno fértil para ese tipo de empresarios, porque han contribuido a poner y quitar gobiernos, aparte de las fortunas multimillonarias que han levantado, a expensas de la pobreza y miseria de nuestro pueblo.
Ya era tiempo que eso se diera en El Salvador, y ojalá se implemente en Honduras más temprano que tarde, cuando tengamos un estado de Derecho, donde prevalezcan las instituciones, con un gobierno justo, patriota, democrático y decente que respete la soberanía popular, de donde emanan los poderes.

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